700 graduados en “un bloqueo profesional sin precedentes”

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Los Ministerios de Justicia y Educación incumplen su previsión de convocar el examen de acceso a la Abogacía poniendo a unos 700 graduados en “un bloqueo profesional sin precedentes”
 
“En estos momentos no hay forma de acceder a la abogacía, después casi 6 años de estudio”, afirma la plataforma “Abogados sin Toga”.
Se espera una reforma del Real Decreto que desarrolla la Ley de Acceso a la Abogacía que modificará ligeramente la estructura del examen.

 
El acceso a la profesión de Abogado a través de examen en España, para equilibrar conocimientos a la salida de las diferentes universidades, especializar a los graduados y equipararnos a los demás países de la Unión Europea sigue su errático periplo con un nuevo patinazo de la coordinación entre Ministerio de Justicia, de Educación, Abogacía y Estudiantes al fallar el cumplimiento de la única referencia segura de calendario de convocatoria: una respuesta parlamentaria, firmada por el Gobierno, donde se informaba de la “previsión” de que el examen se convocase en febrero para celebrarlo en mayo.
 
Quienes cayeron en la tentación de pensar que el colectivo “Abogados sin Toga” exageraba al poner de manifiesto su “limbo jurídico” por reunir los requisitos para acceder al examen de la abogacía, no tener noticia de su convocatoria, y por ello estar imposibilitados para acceder al mercado de trabajo de la profesión ahora tienen que reconocer que las peores previsiones de estos jóvenes se han cumplido.
 
Tal y como recordaba el Consejo General de la Abogacía Española a mediados de febrero, la evaluación de aptitud profesional debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración. “El retraso en publicar la convocatoria está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía” decía en aquel momento, a la vez que pedía la convocatoria inmediata de la prueba. Dicha convocatoria sigue sin hacerse, provocando un daño a las expectativas de un consistente grupo de graduados en derecho, que han realizado el máster y las prácticas; amén del descrédito que sigue acumulando el nuevo acceso a la profesión, aún con numerosos puntos que clarificar más allá de la fecha de convocatoria en sí.
 
“Abogados sin Toga”
 
La iniciativa “Abogados Sin Toga”, que está congregando sostenedores conforme pasan las semanas está integrada por un grupo de titulados en estudios de postgrado de acceso al ejercicio de la abogacía provenientes de la Universidad Carlos III, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, San Pablo CEU, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Complutense y Pompeu Fabra que tienen las condiciones para hacer el examen de la abogacía, cuya ausencia de convocatoria y en este momento ya completa incertodumbre les impide poder no sólo acceder al mercado del trabajo de la abogacía, sino programar su vida laboral. “En estos momentos no hay forma de acceder a la abogacía, después casi 6 años de estudio“, según afirman desde la plataforma.
 
La principal petición de “Abogados Sin Toga” es la eliminación del examen de acceso a la abogacía, “pero no por pereza o vagancia“, tal y como subrayan, sino por las siguientes circunstancias:
 
. abundante formación obtenida con el Grado, Máster y Prácticas, y que antes de la entrada en vigor de la Ley (30 de octubre de 2011) se exigía para ejercer la abogacía 4-5 años de estudios, inferior a lo que han recibido los afectados que ahora mismo se encuentran imposibilitados para ejercer como abogados.
. La ausencia de información acerca del temario y fecha de examen.
. El incumplimiento de las previsiones del Gobierno a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; que documentaron en una respuesta parlamentaria del 16 de enero que en febrero se convocaría la prueba, con tres meses de antelación a su celebración (que sería en junio).
 
El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho pide paciencia
 
La semana pasada Alejandro Soto, presidente del CONEDE (Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho) afirmaba que “me consta que el Ministerio de Justicia está haciendo todo lo que está en su mano para acelerar la publicación de la reforma del Real Decreto que desarrolla la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. El nuevo Reglamento debería estar publicado entre finales de febrero y principios de marzo. Se dará a conocer, igualmente, la estructura concreta del examen, que desde el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho propusimos en su momento y que gracias al apoyo de todos los agentes implicados en la reforma (CGAE, CGPE y Universidades) así como de la voluntad negociadora del propio Ministerio de Justicia, ha sido finalmente aprobada”
 
El Proyecto de Real Decreto que modifica al anterior Reglamento que desarrollaba la Ley 34/2006 está únicamente a la espera del informe del Consejo de Estado, que deberá emitirse en los primeros días del mes de marzo. Una vez publicado dicho Real Decreto, la primera convocatoria del examen debería producirse inmediatamente después, a los efectos de poder celebrar la prueba en junio.
 
La reforma estructural de la nueva prueba nacional de acceso a la abogacía propuesta por el CONEDE supondría, en consonancia con el espíritu de especialización contenido en la Ley 34/2006, que la segunda parte del examen –tras la resolución de 40 preguntas tipo test– consista en la contestación a una batería de preguntas tipo test sobre una de las disciplinas jurídicas previamente seleccionadas por el graduado entre las correspondientes a los cuatros órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.

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