ALTODO, crítica con la reforma del Turno de Oficio del Gobierno

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ALTODO, crítica con la reforma del Turno de Oficio del Gobierno, pide la retirada inmediata de este proyecto de ley

LawyerPress

Este Proyecto de ley pasará a la Comisión de Justicia y no al Pleno del Congreso reduciendo el debate público una Ley básica para la Tutela Judicial Efectiva del ciudadano.

La asociación ALTODO ha hecho público un dictamen, que se adjunta con esta información, respecto a la reforma del Gobierno sobre la justicia gratuita. “ALTODO”, cuestionando seriamente la oportunidad y principios “liberalizadores” de la reforma, pide al Gobierno de Mariajo Rajoy la retirada del Proyecto de Ley del Congreso, y que retome el diálogo con todos los operadores jurídicos (Abogados de Oficio incluidos), dada la trascendencia y gravedad de los cambios unilateralmente decididos en un servicio público (el de Asistencia Jurídica Gratuita) que funciona gracias a los Letrados de Oficio con calidad contrastada para el ciudadano. Para esta organización la reforma que plantea el Gobierno restringe la Justicia Gratuita y pone en tela de juicio el derecho a una tutela judicial efectiva de ciudadanos con menos recursos. Recientemente esta entidad, presidida por Antonio Agúndez fue uno de los protagonistas del III Congreso de Abogados de Turno de Oficio y Justicia Gratuita celebrado recientemente en Alcalá de Henares.


A juicio de esta entidad, lo que omite el Gobierno (los Anteproyectos eran de Gallardón, este Proyecto de Ley ya es del Gobierno) es que con esta reforma se pretende desmontar un servicio público básico para los ciudadanos y recuerda que:


1º.– Los trabajadores SÍ DEBERÁN PAGAR TASAS JUDICIALES EN RECURSOS por despidos, salarios pendientes o reclamación de pensiones de seguridad social, con el agravante de que el Tribunal Supremo ya rechazó esta medida en junio de 2013.
2º.– Pese a lo publicado, SÍ SE REDUCEN LOS UMBRALES DE RENTA que permiten acceder al servicio público, y por una doble vía: Se sustituye como referencia de cálculo el SMI por el IPREM (de menor cuantía y no actualizable anualmente), y se computan siempre los INGRESOS BRUTOS del solicitante (no NETOS, discriminando así a colectivos que soportan gastos porsu actividad -Trabajadores Autónomos, por ejemplo-).
3º.– Los ciudadanos extranjeros irregulares quedan expulsados del sistema de justicia gratuita (salvo que se incluyan en alguno de los colectivos con el beneficio ya reconocido –violencia de género, trata de seres humanos-), lo que comportará una segura violación de derechos individuales y la quiebra de compromisos internacionales por España.

Se introduce un engañoso sistema de prestación a la carta (abogado, procurador, tasas, prueba pericial, publicidad,…), en perjuicio primero del ciudadano, y después del Letrado de Oficio (fomentando que no lo solicite el interesado y, si fuere nombrado, descargando después sobre el Abogado cualquier incidencia para pagar el servicio prestado):

También desde ALTODO se detecta que se dificulta LA PRESENTACIÓN FÍSICA de solicitudes (de hacerse también en la sede judicial, sólo podrá acudirse al Colegio de Abogados competente –menos cercano al ciudadano que el Juzgado que te requiere personalmente-).
Con la reforma del Gobierno el ciudadano recibirá previa orientación jurídica “gratuita” sobre su pretensión y solicitud, pero ahora firmará que sí pagara el coste del servicio de orientación si no le concedieran con posterioridad la asistencia jurídica gratuita. si no le concedieran después la “asistencia jurídica gratuita”. ¿A cuántos privará de su defensa esta “simple advertencia”?

La reforma dificulta la presentación de recursos en segunda instancia, obligando ahora al ciudadano a ratificar personalmente –ésta vez en el Juzgado- su real intención de APELAR, con la posible demora e incluso pérdida de sus derechos.


Otra cuestión que se critica desde esta entidad es qe las prestaciones no pedidas en la inicial solicitud por el ciudadano, será difícil concederlas más tarde, con importante perjuicio para su defensa (un informe pericial, un segundo Letrado –ya de oficio- ante discrepancias con el primero).

Además, toda denegación, o revocación posterior, del beneficio de justicia gratuita al solicitante comportará el IMPAGO AL ABOGADO DE OFICIO de un servicio público ya prestado al ciudadano, y se invita al profesional designado a“buscarse la vida” para el cobro de sus honorarios, devolviendo además a la Administración las retribuciones públicas que hubiera percibido.

Desde ALTODO se critica abiertamente que se limite a tres pleitos en un año A TRES PLEITOS (salvo temas penales) la posibilidad para el ciudadano de solicitar justicia gratuita, presumiéndose después la existencia de ABUSO DEL DERECHO, y desestimándose nuevas peticiones. Una limitación claramente inconstitucional, contraria al Art. 24 C.E.

Para esta organización El Proyecto de Ley rezuma una constante PREVENCIÓN Y RECELO FRENTE A LOS LETRADOS DE OFICIO, introduciendo sanciones desproporcionadas, más burocracia sobre los profesionales y perjudicando en última instancia el derecho de defensa del “beneficiario de justicia gratuita”, que termina siendo privado de un Letrado libre e independiente.

Sólo una honesta previsión presupuestaria del modelo defendido (desechando la “justicia tarifaria”), partiendo de su coste actual y de la realidad del Estado Autónomico, permite hablar de un servicio público sostenible, sin demagogia que sólo perjudica el DERECHO FUNDAMENTAL A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de los ciudadanos, y que busca descargar la financiación de la justicia gratuita sobre los operadores del sistema (Abogados y Procuradores de oficio, Colegios profesionales).

Descargar pdf Nota de Prensa ALTODO
Proyecto LAJG
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Descargar pdf DICTAMEN Nº 1/2.014
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