Ante el examen de la Ley de Acceso a la Abogacía

AlejandroSotoCarbajal
Ante el examen de la Ley de Acceso a la Abogacía.
 
Alejandro Soto Carbajal, Presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho.
 
A falta de unos días para que tenga lugar el primer examen de acceso a la abogacía, mi valoración no puede ser sino parcialmente negativa. La reforma del sistema de acceso al ejercicio de la profesión, que en un primer momento los estudiantes entendimos podía suponer una oportunidad para asegurar una mejor formación y cualificación profesional de las próximas generaciones de abogados y procuradores de los tribunales, se ha transformado en un problema. Un problema que hasta ahora ha afectado a los poco más de trescientos egresados de los primeros másteres de acceso a la abogacía, pero que el próximo año pondrá en jaque de nuevo a miles de graduados en derecho que hayan superado con éxito los nuevos másteres.
 
La configuración de la prueba nacional habilitante es una cuestión que, lamentablemente, no ha satisfecho a nadie. Por unas u otras razones, ni el Consejo General de la Abogacía (CGAE), ni el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), ni la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España, ni el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), encontramos conveniente la estructura y contenido del recientemente convocado examen de acceso.
Y no es de extrañar, ya que se trata de una prueba que no aporta ningún valor añadido. No evalúa conocimientos adquiridos exclusivamente en los máster de acceso. Es más, me atrevería a decir que apenas evalúa conocimientos distintos a los adquiridos durante el grado. Una prueba cuyas dos principales justificaciones (reales), son, de una parte, los problemas que producía la automática colegiación en nuestro país de aquellos titulados extranjeros que, a fin de evitar los procesos de acceso al ejercicio de la profesión de sus países de origen, se servían de nuestro modelo; y de otra, la falta de confianza en la formación impartida a los estudiantes de derecho en determinadas universidades y centros de formación (principalmente de naturaleza privada).
No nos engañemos, son esos los dos motivos por los que se ha implantado un examen de estas características. Un examen que lo único que plantea es un retraso injustificado a la colegiación, avivado por la indecisión del Ministerio de Justicia y los intereses divergentes en el seno del propio Gobierno (recordemos que el Ministerio de Economía y Competitividad ya preveía en el anteproyecto de ley de servicios profesionales la supresión de esta prueba habilitante, por el perjuicio que suponía para nuestra competitividad como país).
 
Y digo yo, ¿cómo podemos fundamentar en estas dos cuestiones una reforma de tal transcendencia y repercusión para la garantía de la asistencia jurídica de los ciudadanos de nuestro país?. Ante los planteamientos del Ministerio de Justicia, nuestra solución gira en torno a dos ideas básicas: confianza y excelencia.
Confianza en un mercado libre y competitivo, que regule y sitúe a los mejores profesionales, a los mejor preparados, en la cúspide del éxito y reconocimiento del sector; y excelencia en los requisitos de exigibilidad de la calidad de nuestros grados y másteres de acceso, como me consta que hacemos, por experiencia propia derivada de mi colaboración con las agencias de calidad, encargadas de la verificación, seguimiento y acreditación de nuestros títulos universitarios. Son estas las dos claves para la superación con éxito (y sin los perjuicios que está ocasionando la implantación de la prueba nacional de acceso) de los problemas que enfrenta el Ejecutivo.
 
Perjuicios que no puedo dejar de mencionar, como la centralización territorial de la prueba, la dilación temporal en su realización desde la finalización de los másteres, la celebración de un único examen anual, la desatención de las particularidades normativas autonómicas y la transgresión del espíritu de los master de acceso.
A todos estos problemas que hemos venido padeciendo los estudiantes desde los inicios de las conversaciones conducentes a la reforma de la estructura y contenido de esta evaluación, se le unirán los propios de la inminente y pretendida reforma que, de nuevo, y casi de manera patológica, se producirá entorno a este examen en los próximos meses.
Decía al principio de este artículo que mi valoración es parcialmente negativa. Y digo parcialmente porque nuestra pretensión y trabajo para los próximos meses está orientado precisamente a la supresión definitiva de esta prueba, ahora que todavía estamos a tiempo de evitar mayores perjuicios a las próximas generaciones de abogados y procuradores de los tribunales. Un objetivo a cuya consecución, me alegra adelantar, ya estamos dedicando el cien por cien de nuestros esfuerzos.
 
Llega la prueba de acceso a la Abogacía sin convencer a nadie.
 
Carmen Llorente – Diario Jurídico
 
Un total de 300 graduados en Derecho, muchos menos de los que se esperaban, afrontarán este sábado, día 28, la primera prueba de acceso de la abogacía. Un examen que no ha contentado ni a las universidades, ni al CGAE ni a los estudiantes y que, en opinión del sector, no cumplirá con el objetivo que persigue: lanzar mejores abogados al mercado.
 
El tan temido como esperado examen de acceso a la abogacía ya está aquí. Este sábado, 28 de junio, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, unos 300 aspirantes tendrán que superar un test de 75 preguntas para poder ejercer como abogados. Es lo que se ha llamado el Mir o la Reválida de la abogacía, una prueba que nace con el objetivo de hacer mejores abogados y equiparar el sistema de acceso español con la mayoría de los países de nuestro entorno. Sin embargo, esta fórmula nace con muchas sombras y pocas luces.
 
Solo se presentan 300 aspirantes
 
Para empezar, llama la atención el escaso éxito que ha tenido la convocatoria pese a lo esperada de la misma. Tan sólo tres centenares de aspirantes se han presentado a la prueba. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está ese cerca de un millar de jóvenes abogados que se movilizaron con fuerza porque no podían ejercer la profesión para la que llevan años formándose? “Después de tanto tiempo en el que los Gobiernos (PSOE y PP) han estado desojando la margarita de si hacer prueba de acceso o no hacerla, mucha gente pensaba que ese dichoso examen nunca se iba a hacer de verdad, por esta razón muchos compañeros no llegaron a prepararse y a otros les ha pillado con otros asuntos por medio: haciendo otro máster, en el extranjero, trabajando en otra cosa…”, explica Sonia Gómez, una titulada en derecho que hizo el máster y harta de esperar la prueba optó por salir fuera de España. Hoy trabaja en la recepción de un hotel en Londres y ya no tiene claro si finalmente ejercerá como abogada en España.
 
La baja cifra de aspirantes a superar la prueba se explica por el desconocimiento y el miedo de muchos jóvenes abogados, que han decidido esperar y ver que pasa”, explica Eva Ojea, vicepresidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ). En el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) también culpan a cómo se han hecho las cosas del escaso éxito de la esperada prueba de acceso. De hecho, esta prueba es el resultado de una demanda histórica de la Abogacía. Los Colegios de Abogados llevan años reclamando un régimen específico que garantice un acceso de profesionales más cualificados y con mayores conocimientos.
 
En 2006 se aprobó la Ley de Acceso a la Abogacía. La norma entró en vigor en octubre de 2011, lo que quiere decir que estamos ante la mayor ‘vacatio legis’ (el periodo entre la publicación de la norma y su entrada en vigor) de nuestra historia legislativa. Pero en 2011 todavía siguió sin definirse la prueba de acceso ni los convenios. Incluso se llegó a pensar que finalmente no habría examen. Finalmente, tras muchas idas y venidas, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apostó por mantener esa prueba final que a muchos estudiantes de Derecho y nuevos letrados jóvenes graduados aterraba.
Eso sí, no sin nuevas modificaciones sobre lo ya previsto en 2011 por el Gobierno de Zapatero. Gallardón ha eliminado el caso práctico de la prueba y ha dejado un test teórico muy enfocado a los valores deontológicos de la profesión y que ha perdido peso en la ponderación final frente a la nota del máster. Es decir, de nuevo nos topamos con un problema de inseguridad jurídica, unido a un larguísimo tiempo de incertidubre que ha dejado a miles de graduados en derecho en tierra de nadie.
 
Retraso ‘ofensivo’
 
“El retraso en poner la prueba de acceso ha sido ofensivo”, afirma David Díez Revilla, presidente de la CEAJ, quien acusa al Ejecutivo de ir a “salto de mata”. Y lo peor es que en el sector de la abogacía se temen nuevos cambios ya que la prueba no ha convencido a casi nadie: ni al Consejo General de la Abogacía, ni las universidades, ni a las escuelas jurídicas, ni a los propios interesados, los nuevos graduados en derecho.
 
“Como siempre tanto esperar y, al final, todo se ha hecho con prisas. Había urgencia por convocar la prueba, ya que había muchos graduados que no podían ejercer porque el examen seguía siendo una incógnita”, explica un portavoz de CGAE, quien opina que este va a ser un año transitorio, de prueba. “Habrá que hacer un seguimiento del resultado y hacer los cambios oportunos si no queremos que el máster y el examen de acceso se conviertan en sólo un mero tramite, algo así como el título de manipulador de alimentos que se da a todo el mundo”, explica Díez Revilla.
 
Lo cierto es que en el sector de la abogacía se duda de que con el examen de acceso se consiga el objetivo perseguido: poner en el mercado mejores abogados. “Me parecía más razonable lo que teníamos anteriormente. Pienso que será un examen bastante light”, señala Roque de la Heras, presidente del Centro de Estudios Financieros (CEF).
 
La prueba estará compuesta por 75 preguntas, de las cuales 50 serán de materias comunes, muy volcadas en la deontología de la profesión. El resto, 25, corresponderán a una materia jurídica a elegir: civil y mercantil, penal, administrativo y contencioso-administrativo y laboral. Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas entre la que sólo una será correcta.
Examen ‘light’
 
Las 50 preguntas comunes corresponderán a la parte denominada A, que a su vez se subdivide en dos apartados. El primero estará relacionadas con la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión; y el segundo tendrá que ver con cuestiones generales del derecho, el proceso y la asistencia letrada.
 
El aspirante tendrá cuatro horas para responder al test. Cada pregunta tendrá el valor de un punto, se descontará 0,33 por cada respuesta incorrecta y se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos. La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la prueba y el 30% de la nota obtenida en el máster de formación.
Creo que la prueba está volcada demasiado en aspectos deontológicos. Algo que se puede aprender fácilmente pero que no significa que sea un abogado bien formado”, afirma el fundador de CEF. “Falta práctica. Eso es evidente. Por lo que si no solucionamos este tema no habremos conseguido nada”, afirma el presidente de CEAJ.
 
Entre las críticas a la prueba de acceso y a la fórmula de puntuación, algunos graduados apuntan que quienes hayan realizado el máster en centros menos exigentes a la hora de puntuar estarán favorecidos frente a los que han estudiado en sitios en los que se exige un mayor conocimiento al alumno.
 
Pero tampoco nos olvidemos del tema económico. “Poder acceder como abogado costará ahora mucho más dinero y hay graduados que no lo tienen”, afirma la joven abogada Sonia Gómez. La situación económica existente en España en 2006, cuando se aprobó la ley, no tiene que ve nada con la actual.
 
No es que la crisis permita justificar que no deban formarse mejor nuestros futuros abogados, sino que debe, al menos, hacernos pensar si la situación económica de la Universidad en particular y de la educación en general, es ahora la más apropiada. Desarrollar ahora tan ambicioso proyecto, va a exigir un importante esfuerzo económico no sólo para los estudiantes y sus familias, sino también, no lo olvidemos, para los poderes públicos”, ha señalado Federico de Montalvo,
profesor de Derecho constitucional en Comillas (ICADE) y responsable del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía de este centro.
 
Las principales Universidades públicas españolas ya han anunciado que el número de plazas que se ofertarán en los correspondientes másteres universitarios va a ser muy inferior al número anual de licenciados y graduados y hay familias que, en estos momentos, no puede permitirse un master. Ante esta situación, De Montalvo contempla la posibilidad de que a medio plazo la aparezca el abogado paralegal, una figura común en los países anglosajones: así, en el futuro habría dos colectivos profesionales: el de los abogados stricto sensu, es decir, con su Máster en Acceso y prueba nacional, y el de los paralegals, es decir, licenciados y graduados que no han podido acceder al nuevo modelo, previsiblemente, por falta de plazas suficientes.
 
Cursos sin homologación.
 
Al calor de la nueva Ley de Acceso a la Abogacía son mucho los másteres de acceso que han aparecido por la geografía española. “Algunos sin homologar”, alertan en la Confederación de Jóvenes Abogados, quienes afirman que parte de esa veintena de rechazados a la prueba de acceso se celebrará este sábado es “probablemente porque han hecho un máster que no estaba homologado”.
 
Pero también hay desencuentro entre los colegios de abogados y las universidades por cómo llevar máster de acceso. Algunos colegios creen que las universidades no pueden acaparar todo el control de estos cursos de acceso. “Los colegios tienen que ser muy vigilantes con el contenido de los másteres de acceso. Tienen que velar para que sean de contenido mucho más práctico. No podemos dejar toda esa labor a las universidades”, afirma David Díez Revilla, quien teme que la Ley de Acceso a la Abogacía se convierta sólo en otro año más de docencia para los nuevos abogados, pero sin lo esencial que necesitas: más práctica.

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