¡ Aquí mando yo !

libertad
¡AQUÍ MANDO YO!
 
#JGO13Jun
 
En la pasada Junta General Ordinaria (JGO) del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), hemos asistido a un nuevo ejercicio de despotismo ilustrado (o quizás no tan ilustrado) por parte de la Junta de Gobierno del ICAM.
 
La Junta de Gobierno, personificada en nuestra Decana dejó claro en sus intervenciones que su voluntad prevalece incluso por encima de los Estatutos del ICAM, que deberían ser el marco legal en el que se desarrollara cualquier actividad. Decimos esto con conocimiento de causa y con las pruebas derivadas de las manifestaciones que se hicieron en la JGO y que se recogerán sin duda en el acta (al menos esa es nuestra esperanza, aunque ya no sabemos si se hará de esa manera o no).
 
Las vulneraciones de los Estatutos que se produjeron a lo largo de la Junta fueron las siguientes (por el orden en que se cometieron tales vulneraciones):
 
Art. 37.- DE LA JUNTA GENERAL ORDINARA. Apartado 1.
La primera infracción fue al no respetar los plazos que para la convocatoria se establece en el apartado 1 del art. 37 de los estatutos del ICAM, cuyo tenor literal es:
1. La primera Junta General Ordinaria se celebrará dentro del primer trimestre del año,(…)
 
La explicación, dicha desde la mesa de la JGO y casi de tapadillo, fue que como no se había aprobado el nombramiento de auditor hasta la Junta General Extraordinaria celebrada el 27 de Febrero de 2.014, era necesario darle un tiempo al auditor para revisar las cuentas y elaborar el informe.
 
Esta explicación suscita algunas preguntas:
 
¿Por qué se planteó la votación en la JGO de 19 de diciembre de 2.013 en un asunto tan delicado de la forma absolutamente demencial en que se hizo, con una incompetencia palpable? Recordemos que, en aquella ocasión, la votación no se planteó en forma alternativa, como debe hacerse cuando hay propuestas alternativas entre sí, sino como votaciones independientes a cada uno de los candidatos. Y aún más, ¿por qué no se eligió al auditor en la junta de diciembre de 2.013 Tal como establece el apartado 2.2 del mismo artículo 37? Recordemos el tenor literal:
2. La segunda Junta General Ordinaria se celebrará dentro del último trimestre del año, deberá ser convocada por la Junta de Gobierno y tendrá el siguiente orden del día:
1) …
2) Nombramiento de auditor para el ejercicio siguiente
.
-Si la cuestión era tan crucial, ¿por qué la Junta General Extraordinaria (JGE) para elección de auditor dos meses después del fiasco en la JG de diciembre, y no casi inmediatamente?
-Nombrado el auditor en febrero, ¿necesita una firma de los recursos, la categoría, el prestigio y la experiencia de Ernst & Young cuatro meses para presentar la cuentas? ¿No era factible que hubiera elaborado su informe en un mes para permitir la celebración de la JGO del primer trimestre a finales de marzo o en el peor de los casos en abril de año en curso?
¿Por qué no se dio la explicación, a priori, del motivo de la convocatoria extemporánea de la JGE en la convocatoria? Bastaba una simple frase.
 
La respuesta sería la misma que a lo largo de las JGO y JGE ha dado la Decana cada vez que se le reprocha alguna actuación:
 
¡AQUÍ MANDO YO!
 
Art. 37.- DE LA JUNTA GENERAL ORDINARA. Apartado 1.2. Estatutos ICAM
 
Recordemos el tenor literal de esta disposición:
 
1. La primera Junta General Ordinaria se celebrará dentro del primer trimestre del año, deberá ser convocada por la Junta de Gobierno y tendrá el siguiente orden del día:
1) …
2) Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior
.
 
Debemos asimismo recordar que por imperativo legal, las JG de las sociedades mercantiles dividen en dos partes la presentación de las cuentas a la aprobación de un lado y de otro la gestión de la sociedad. Cierto que el ICAM es una corporación de Derecho Público y no está sometido a esa obligación legal, pero ¿no se deduce del redactado de la disposición la necesidad de afrontar esos dos pasos? La norma dice 1) examen y 2) aprobación de las cuentas. Es decir, dos pasos diferenciados. Y en el examen cabe todo, cuantas preguntas, aclaraciones, reproches, ruegos, etc., que en relación con las cuentas deseen manifestar los asistentes a la JGO. La aprobación es un simple mecanismo de voto: finalizado el examen, se somete a la aprobación mediante voto. Si simplemente hubiera que votar, carece de sentido el “examen”.
 
Pues bien, la Junta de Gobierno, en la persona de su Decana, hurtó a la JGO soberana -que constituimos los abogados asistentes y representados- del derecho de examen consagrado en los Estatutos. Y lo hizo de dos formas. La primera, cortando el uso de las palabras asegurando que las cuentas estaban a disposición de los colegiados (art. 44) confundiendo lo que consagra este artículo (el derecho de la información) con lo que consagra el artículo 37 apartado 1.2, que es el derecho de examen. Para que quede claro el error manifiesto de apreciación de la Junta de Gobierno a este respecto, transcribimos el artículo 44 (resaltando nosotros esta diferencia):
 
Corresponde a todos los colegiados el derecho de información sobre las cuentas anuales que podrá ejercerse durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta General a la que hayan de someterse para examen y aprobación, pudiendo solicitar las aclaraciones que estimen procedentes. Asimismo, podrán solicitar una copia del informe de los auditores.
 
Es decir, en este artículo vuelve a señalarse que en la JGO se someterán las cuentas a examen y aprobación en la Junta General. Es una obviedad que aparentemente no entiende la Junta de Gobierno: se solicita la información, pero puede no estarse de acuerdo con la misma y al examinar las cuentas, el colectivo tendrá todo el derecho a expresar la disconformidad con la información obtenida.
 
De hecho el propio Tesorero, que se abstuvo en la votación (ver PDF), dejó claro, al expresar el sentido de su voto, como le fue pedido por uno de los colegiados asistentes, que una cosa es la realidad contable, es decir, que las cuentas estén cuadradas de la forma legalmente prevista, y otra muy distinta lo que esas cuentas señalan de la gestión real que con el dinero de todos los colegiados haya hecho la Junta de Gobierno. Y explicó que es justamente con esto, con el uso de los caudales comunes y con la gestión del patrimonio del ICAM, con lo que no estaba de acuerdo. No puede ser de otra manera, como tendremos ocasión de expresar en otros artículos.
 
Pero más grave aún fue la privación de los turnos de palabra a más de la mitad de los compañeros que la habían solicitado. Efectivamente, ante el importante número de manos alzadas pidiendo la palabra, un empleado del ICAM, llamado Felipe, dotado de unos papeles del ICAM donde se solicitaba el número de colegiado y el nombre, pasó por la mitad de la sala hacia atrás asegurando que al darle nuestros nombres y números de colegiados él los recogería en esos papeles y se daría la palabra a quienes lo solicitaron. Lástima que el tal Felipe, trabajador del ICAM, abandonó el salón, sin ninguna sospecha de los allí asistentes.
 
Queremos pensar que se trató de un error y no de una maniobra para silenciar voces críticas con las cuentas, que fueron muchas. Pero aún así, informada la Junta de Gobierno en la mesa de la JGO de la circunstancia señalada, en virtud de la intervención, micrófono en mano, de al menos cuatro compañeros que presenciaron la actuación de Felipe y explicaron lo sucedido con vehemencia -según constará en acta-, y con los papeles solicitando la palabra sobre la mesa que presidía la Junta General, la Decana se negó rotundamente a dar la palabra a quienes así la habían solicitado por escrito, en aquellos papeles.
 
Demostró con ello una absoluta carencia de cintura, ya que simplemente podía haber aceptado los turnos de palabra que se le habían solicitado por escrito, aun cuando no hubiera sido un procedimiento claramente anunciado por la mesa. Y por cierto, más razonable el procedimiento de petición de palabra a través de un listado apuntado en un papel, ya que el único micrófono debía circular de arriba abajo por la sala para que los intervinientes que habían levantado la mano dieran su número de colegiado y nombre, con lo que se perdía un tiempo precioso para exponer las preguntas.
 
Pero sobre todo lo que fue absolutamente inadmisible fue el planteamiento de la Decana. Dijo (casi textual) que como el procedimiento que ella misma había arbitrado era el de la mano en alto, la recepción del micrófono por el interesado y la mención de número de colegiado y nombre completo, cualquier otro método para pedir la palabra, aunque estuviera implicado un empleado las órdenes del ICAM no era válido, ya que ella era quien moderaba y por lo tanto ordenaba el debate. Una vez más,
 
¡AQUÍ MANDO YO!
 
Art. 37.- DE LA JUNTA GENERAL ORDINARA. Apartado 4.
 
Las proposiciones que cumplan con los requisitos ordenados en este artículo deben ser leídas en la JGO. Así lo establece el citado apartado 4 del artículo 37.
 
4. Hasta quince días antes de la celebración de la Junta, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de ésta. Dichas proposiciones deberán aparecer suscritas, al menos, por 25 colegiados ejercientes.
Las proposiciones que cumplan los requisitos anteriores serán leídas en la Junta General que decidirá, por mayoría, si procede o no abrir debate sobre ellas. En caso afirmativo se permitirán, sucesivamente, dos turnos a favor y dos en contra, y se someterán a votación. A juicio del Decano podrá ampliarse el número de turnos de forma razonable, siempre que la complejidad e importancia de la proposición lo requiera, manteniendo el equilibrio de las intervenciones.
 
Nos temíamos que, al igual que ocurrió en la JGO del 19 de diciembre de 2013, no se diera lectura a las Proposiciones formales de los colegiados tal y como se exige en los Estatutos, y la Junta de Gobierno decidiera discrecionalmente si procedía abrir o no el debate.
 
El argumento que la Junta de Gobierno en la persona de su Decana dio para esta vulneración (una más) de los Estatutos, fue que las proposiciones “se habían colgado en la Web”, lo que además de no ser así, ya que sólo se colgó de la propuesta presentada por esta Asociación el encabezado de la primera página, y ello no justifica la vulneración de los Estatutos. Véase que los mismos Estatutos exigen que las Proposiciones de los colegiados que cumplan con los requisitos establecidos deben ser leídas en la Junta General, que es el único órgano de gobierno que goza de poder soberano para debatir la votación sobre las mismas.
 
Pero una vez más la Junta de Gobierno por boca de su Decana, en un esperpéntico monólogo, reconoció además que la propuesta elaborada por el Presidente de la Asociación de Abogados por un Colegio Ético, D. Emilio Ramírez de Matos no fue “colgada” en la web del ICAM porque incluía un documento de una “Asociación” y la Junta era de colegiados. Como si las asociaciones de Abogados no estuvieran compuestas por colegiados, y como si el Abogado firmante de la proposición y los más de 30 suscribientes de la misma no fueran colegiados ejercientes. Todo ello, en un arbitrario disparate astronómico de los que nos tiene ya acostumbrados esta Decana, en las Juntas Generales. Siendo a su vez un hecho constatado que otras Asociaciones han presentado proposiciones firmadas en nombre de la propia Asociación y se han admitido formalmente, lo que tenemos como cercano ejemplo en la pasada Junta de Diciembre de 2013. Es decir, una vez más dejó claro con esta actuación que
 
¡AQUÍ MANDO YO!
 
ART. 22. DE LAS AGRUPACIONES DE ABOGADOS. APARTADO 4.
 
Pero si surrealista fueron las vulneraciones anteriores, la que, con motivo de la intervención de la Agrupación de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (AJA Madrid), tuvo la mesa con el Presidente de dicha Agrupación el Abogado D. Juan Ospina quien vino a reiterar y dijo muy a las claras, que la interpretación de la leyes no es el fuerte de la Junta de Gobierno.
 
Cuando el presidente del JAM se quejó de no ser convocado a las Juntas de Gobierno, como establece el apartado 4 del artículo 22 de los Estatutos del ICAM, desde la Junta de Gobierno se le respondió que en este apartado se dice que el presidente “podrá asistir” y que por tanto la Junta de Gobierno no tiene obligación de convocarle. Reproducimos lo que dice este apartado:
 
4. La agrupación de Abogados jóvenes, con la denominación tradicional de “Grupo de Abogados Jóvenes”, será objeto de especial atención por la Junta de Gobierno y se le dotará de una partida presupuestaria propia, sometida a la fiscalización de dicha Junta.
El Presidente del “Grupo de Abogados Jóvenes” podrá asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno y concurrir a sus deliberaciones, con voz pero sin voto, salvo cuando se trate de asuntos relativos a régimen disciplinario y de honorarios, así como de asuntos que, a criterio del Decano, deban ser deliberados exclusivamente por los miembros de la Junta de Gobierno.
En todo caso, el Presidente del “Grupo de Abogados Jóvenes” estará obligado a guardar el secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, en los mismos términos que los miembros de ésta.
 
Según se ha manifestado con reiteración en la Jurisprudencia, tal y como sabe cualquier abogado, la interpretación de la norma debe seguir unos caminos reglados. En primer lugar se irá al significado en el lenguaje común de las palabras que integran la norma. El vocablo cuestionado es el verbo “podrá”, forma del futuro del verbo poder. Si atendemos al significado del verbo “poder”, tal como se muestra en el Diccionario de la Real Academia Española:
 
1. tr. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo.
2. tr. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. U. m. con neg.
3. tr. coloq. Tener más fuerza que alguien, vencerle luchando cuerpo a cuerpo. Puedo A Roberto.
4. intr. Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle. En la discusión me puede. U. t. en sent. fig. Me pueden sus impertinencias.
5. intr. Ser contingente o posible que suceda algo.
MORF. U. solo en 3.ª pers. Puede que llueva mañana.
 
Nótese la primera acepción: tener expedita la facultad o la potencia de hacer algo. Tal facultad, acción mostrada por el verbo, corresponde al sujeto de la frase, que en este caso es el Presidente de JAM (Madrid), quién (sustituyendo el verbo “poder” por su significado”) tendrá expedita la asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno. Es decir, el Presidente pueda asistir, si así lo desea él. No se trata de un imperativo (asistirá) que le obligaría a asistir, quiera o no quiera, sino de un facultativo (podrá asistir) dependiendo de la voluntad no de la Junta de Gobierno, en cuyo caso la norma habría sido redactada de otra forma, por ejemplo, “la Junta de Gobierno podrá permitir la asistencia…” o una expresión similar que residenciaría tener expedita la facultad en un sujeto distinto del Presidente de JAM (Madrid). Es por tanto claro que el Presidente está facultado para (tiene expedita la facultad de) asistir a las Juntas de Gobierno.
 
La segunda vía de interpretación de una norma según la jurisprudencia es analizar el contexto. Y en ese contexto lo deja todavía aún más claro, ya que la norma expresa, de un lado, la obligación de secreto sobre las deliberaciones y de otro lado tres casos en los que el Presidente del JAM (Madrid) pierde esa potencia, ese tener expedita la facultad. Los tres casos son:
 
Cuando se trate de asuntos disciplinarios;
Cuando se trate de asuntos relativos a honorarios; y
Cuando el Decano estime que los asuntos deben ser deliberados exclusivamente por los miembros de la Junta de Gobierno.
 
La Junta de Gobierno pudo, en la respuesta al Presidente del JAM (Madrid), acogerse a este último punto. Pero dado que el Presidente del JAM (Madrid) no ha sido convocado a ninguna Junta de Gobierno desde que resultó elegido, acogerse a este último punto sería peligroso, porque ¿todas las Juntas de Gobierno habrían tratado asuntos tan peliagudos que la Decana consideró que debían ser deliberados exclusivamente por la Junta de Gobierno? Sinceramente lo dudamos. Simplemente es una manifestación más de cómo entienden la Junta de Gobierno y la Decana su mandato:
 
¡AQUÍ MANDO YO!
 
Todos estos incumplimientos nos llevan a hacer varias reflexiones. La primera de todas es si un cargo representativo electo tiene poder para hacer lo que le venga en gana. Lamentablemente estamos comprobando en la vida real que es así. Muchos cargos son elegidos con la ilusión de un cambio y al socaire de promesas electorales que, una vez alanzado el poder hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron, como hemos tenido ocasión de sufrir todos en nuestras carnes y más si ese poder no tiene un contrapunto real, sea porque se ejerce con mayoría absoluta, sea porque la forma de ejercicio no lo permite. Y en el caso del ICAM no se ve la transparencia ni la accesibilidad al colegio que se prometió. La Decana cree que cumple con el requisito de accesibilidad recibiendo los martes en su despacho a los colegiados que le quieran plantear asuntos. Llegó incluso a decirle a un compañero que le pidió explicaciones en la JGO del pasado que le daría esas explicaciones en su despacho si le pedía “audiencia”. Por reservadas que sean las explicaciones y por confidenciales que sean los motivos, hay muchas formas de decir cosas que no pasan por “pase usted por mi despacho”, que desgraciadamente recuerdan tiempos pretéritos en los que todo se cocinaba en “reuniones secretas y confidenciales”.
 
La segunda es cómo y por qué a los colegiados del ICAM le interesa tan poco lo que se hace con sus dineros. No llegaron a 1.000 los votos emitidos en la aprobación de las cuentas de 2013. Decidimos 1.000 por 76.000, ¡qué despropósito!. No creemos que se trate sólo de desidia, de la fecha y hora en que se celebró la JGO o por el acontecimiento futbolístico (malhadado por cierto) que tuvo lugar ese mismo día. Tiene que haber otras explicaciones, y nadie se preocupa en buscarlas. La Junta de Gobierno tuvo bastante con que se aprobaran sus cuentas, aunque en algunas partidas parecieran las del Gran Capitán rendidas a Fernando el Católico. Faltó la partida de los guantes perfumados para evitar el hedor de los cadáveres de los enemigos que con esa gracia chusca de Gonzalo Fernández de Córdoba colocó en sus cuentas:
 
Por picos, palas y azadones, cien millones de ducados; por limosnas para que frailes y monjas rezasen por los españoles, ciento cincuenta mil ducados; por guantes perfumados para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla, doscientos millones de ducados; por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, ciento setenta mil ducados; y, finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey a quien he regalado un reino, cien millones de ducados.
 
Lo cierto es que si a la inmensa mayoría de los compañeros no les importa qué se hace con sus dineros, algo está ocurriendo. Y quizá tenga algo que ver el convencimiento de que las opiniones discrepantes ni son tenidas en cuenta ni apenas son escuchadas, como lo demuestra la forma que la Junta de Gobierno tuvo de “despachar” la gran mayoría de las cuestiones, y silenciar las de la lista en papel que se tomó a medio salón de plenos. Deberíamos todos reflexionar sobre eso.
 
Y el tercer tema de reflexión, y no menos importante, ¿Cómo se llega a una situación de enfrentamiento con las personas a las que votaste para que te representaran? ¿En qué momento se torció la promesa? Y ¿por qué? ¿Será cierto el viejo adagio que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente?
 
Es urgente modificar los estatutos para que exista una posibilidad real de exigir el cumplimiento de las promesas electorales y caso de no hacerlo, poder cesar a quien no las cumple.
 
Y también es urgente vertebrar de otra manera la participación en el ICAM. Establecer mecanismos de participación más adecuados, quizá con la celebración de juntas por barrios, o con un mayor despliegue de información y concienciación en los juzgados.
 
No es ni el lugar ni el momento para examinar las soluciones a la abstención de nuestros colegas. Pero si lo es para decir que no nos gusta la forma en que se está gestionando el ICAM. Y sobre todo, que no nos gusta una frase que se desprende de las actuaciones de la Junta de Gobierno, cuando vulnera sin rubor ni recato lo dispuesto en nuestra ley: los estatutos del ICAM. Y esa frase es
 
¡AQUÍ MANDO YO!
 
………………………………………………………………….
Joaquín Ramón López Bravo
Abogado y Periodista
Portavoz de la Asociación Abogados por un COLEGIO-ético

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