Asociaciones del Turno de Oficio convocan un encierro para el día 14

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Asociaciones del Turno de Oficio convocan un encierro para el día 14
 
LawyerPress
 
Califican las manifestaciones del Ministro Gallardón de demagógicas cuando éste hablo que la protesta del Turno de Oficio era corporativa y él defendía los derechos sociales de todos
 
La Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT); la Asociación Libre de Abogados (ALA); La Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM); la Asociación de Jóvenes Abogados-ICAM (AJA-Madrid) y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) han convocado un encierro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, calle Serrano 9, entre las 12 y las 24 horas del próximo miércoles 14 de mayo, en protesta frente al Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que avanza en su tramitación parlamentaria tras rechazarse el pasado 29 de Abril la petición de todos los Grupos Parlamentarios (salvo el PP) de su devolución al Gobierno.
 
Los 36.000 abogados de Turno de Oficio se han puesto en pie de guerra y se ponen en marcha. Esta es una de las medidas que se pondrán en marcha de cara a forzar la retirada de un proyecto de ley que convierte en restrictivo este servicio público. Nadie descarta que a medio plazo se pueda poner en marcha una huelga indefinida, la primera en nuestro país de este servicio, sobre todo con el ánimo de presionar al Ministro para negociar un nuevo texto normativo.
 
Los convocantes de este encierro están al cierre de esta noticia contactando con la mayor parte de Colegios de Abogados de toda España para que secunden este encierro. Además desean ampliar la protesta a asociaciones cívicas de toda índole “ Este es un problema que afecta a todos y en el que necesitamos el apoyo de la sociedad civil” comenta Antonio Agúndez, presidente de ALTODO, una de las asociaciones convocantes.
 
Seguún el comunicado que hemos recibido de las organizaciones convocantes estas entidades se unen en defensa del servicio público de la asistencia jurídica gratuita y de los letrados del turno de oficio. La protesta se efectuará simultáneamente el mismo día en otros
Colegios de Abogados de España, que se van sumando a la iniciativa.
 
Desde este colectivo se insiste en la oposición a la reforma legislativa por varias razones:
 
1º.– Porque impide el acceso a la justicia de los ciudadanos más desfavorecidos, muchos de los cuales quedarán expulsados del sistema judicial, sin posibilidad alguna de defensa:
 
– Al imponerles múltiples trabas burocráticas para el reconocimiento del derecho de justicia gratuita, al reducir los topes de renta exigidos, al bloquear la posibilidad de recursos, al exigir documentos imposibles de aportar.
 
– Al dificultar su acceso a los Servicios de Orientación Jurídica adscritos a los Colegios de Abogados, en la fecha casi inexistentes.
 
– Al privarles de su derecho a disponer de un abogado independiente, que garantice su derecho de defensa.
 
– Al no garantizar un presupuesto suficiente para el servicio, ampliado a nuevos colectivos, a sabiendas que no se destinan recursos económicos para ello
 .
.- Porque consolida el “maltrato institucional” hacia el abogado de oficio, precarizando un servicio público de calidad contrastada:
 
– Al no garantizar presupuesto alguno para el pago de retribuciones en caso de que al ciudadano que haya de ser atendido de forma inmediata por imperativo legal, le sea posteriormente denegada o archivada su solicitud de justicia gratuita.
– Al no establecerse unas retribuciones razonables y dignas, ni preverse un sistema de actualización periódica a fin de que las mismas no pierdan poder adquisitivo, suprimiéndose expresamente el principio establecido en la Exposición de Motivos de la actual ley, según el cual los profesionales adscritos al Turno de Oficio deben estar digna y suficientemente remunerados, como garantía de la calidad del servicio y del derecho de igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos.
 
– Al limitar su independencia en el ejercicio del derecho de defensa, sancionando como infracción grave la interposición de una demanda o recurso que la administración, unilateralmente, considere insostenible.

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