Carlos Carnicer habla alto y claro

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CARLOS CARNICER
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
Estamos construyendo una nueva Administración de Justicia sobre bases falsas y movedizas
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española afirma que hay un “excesivo” deseo de legislar por parte del Ejecutivo y que éste se ha olvidado un principio básico y sagrado: “menos leyes y mejores leyes”.
 
Carmen Llorente – Diario Jurídico
 
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) desde 2001, miembro nato del Consejo de Estado y máximo dirigente de la Unión Profesional: Carlos Carnicer (Zaragoza 1948) habla alto y claro sobre los males que sacuden al sector judicial y la Abogacía en la España de 2014. Asegura que las “preocupaciones” actuales son muchas, tantas como nuevas leyes hay en marcha: 16 en estos momentos. En su opinión, “demasiadas”, más cuando no hay dinero para ponerlas en marcha. “Estoy harto ya de leyes que no entran en vigor, leyes que a los cuatro años ya se vuelven viejas”, afirma con contundencia Carnicer.
 
¿Cuáles cree usted que son los principales problemas a los actualmente se enfrenta el sector legal en España ?
 
Hay muchos. De atrás hacia delante: Ley de Tasas, Ley de Acceso a la profesión de abogado, de Justicia Gratuita, de Servicios y Colegios Profesionales, de Jurisdicción Voluntaria, de Enjuiciamiento Criminal, de Enjuiciamiento civil y, así, hasta un total de 16 leyes. Estamos en estos momentos informando y ayudando a tramitar más de una quincena de leyes, que creo que son excesivas. La primera reflexión que a mi me gustaría que hicieran nuestros legisladores es: ¿Cómo vamos a pagar lo que vale la implantación de todas esas leyes? Por ejemplo, en una ley que no he citado, la que regula el estatuto de las victimas de delito. No parece correcto que en el estudio de impacto económico se ponga una cantidad absolutamente ridícula y, desde luego, inapropiada. Pero no pasa ahí sólo. La Ley de Justicia Gratuita va a necesitar más fondos y no los están recogiendo -como prometieron- de la subida de las tasas judiciales. El dinero de las tasas se ha ido al sumidero de Hacienda que recoge todos los impuestos. No ha ido a Justicia Gratuita y ni siquiera a la Justicia.
 
¿Cómo vamos a sufragar todas estas leyes?
 
No lo sé y éste es un aspecto importantísimo. No lo digo yo, lo dijo recientemente el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, quien afirmó que no debería autorizarse a poner en vigor ninguna ley que no haya acreditado antes que tiene suficiente dinero como para ponerse en marcha.
 
Además tenemos otro problema importantísimo ahora en España y es que los datos estadísticos de que disponemos no son fiables, son erróneos. En esta casa, en el Consejo General de la Abogacía Española, lo venimos denunciando desde hace varios años. Ahora parece ser, según las declaraciones que hicieron el otro día el presidente del Congreso, Jesús Posada, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que se va a intentar dar solución a este tema. Pero, de momento, la realidad es que no tenemos datos fiables de la Administración de Justicia en España: ni del número de juicios que hay de verdad, ni de la carga que soporta cada juez, ni de nada de nada.
 
No tenemos tampoco auditado el funcionamiento de las leyes. Una de las mejores leyes que se han hecho en España, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 tiene una quiebra gravísima en el juicio verbal. Resulta que en el juicio verbal se producen todos los días cientos de indefensiones, como consecuencia de que el demandante acude al juicio sin saber las razones por las que se va a oponer el contrario, ni las pruebas que va a presentar. Es decir, aunque se lleve un carro con documentación se tiene que jugar a adivinar qué pruebas va a mostrar el contrario. Y eso se llama indefensión, así de claro. Indefensión gravísima que conculca el derecho del artículo 24 de la Constitución. Llevamos 14 años cometiendo indefensiones como consecuencia de que no hay un sistema que siga, mínimamente, la evolución de una ley y que, cada año o dos, se haga un pequeño informe para saber si está funcionando o no, que hace falta para que funcione…
 
Eso de que no tenemos medios porque no tenemos jueces es verdad (hay que recordar que fueron eliminados 1.200 jueces interinos). Pero, además de faltarnos medios, resulta que estamos construyendo una nueva Administración de Justicia sobre bases falsas, bases no reales y movedizas. Y eso no lo digo para que se paralice absolutamente todo, sino para que se jerarquice y sigan adelante sólo aquellas leyes que se van a poder sostener.
 
Centrémonos en las reformas en marcha. ¿Qué novedades hay sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales? ¿Cree que va a quedar en el olvido, como opinan algunos, o saldrá finalmente adelante?
 
Por mi que se quede en el olvido. Es que la calidad de las leyes también hay que mirarla. La Ley de Servicios y Colegios Profesionales tiene, como poco, media docena de puntos absolutamente insalvables. Pero no nos podemos quejar mucho porque, al final, hemos podido trabajar, codo con codo, con el Ministerio de Justicia. El resultado no le conozco todavía pero espero que hayamos podido enderezar, en buena parte, el proyecto de ley. En caso contrario confió en que en la tramitación parlamentaria se siga corrigiendo.
 
Pero tenemos que cuestionarnos la forma de producir leyes en España. Hay que dar participación a todo el mundo, escuchar a todos los que, directa o indirectamente, tienen que ver con el objeto de la ley y cada uno que aporte su experiencia y su grado de satisfacción. Hoy no tenemos esa forma de hacer. El Ejecutivo, el prelegislador que llamamos, realmente es el legislador ejecutivo.
 
¿Qué modificaciones cree que son más prioritarias en el Proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales?
 
Para empezar que no nos dividan la profesión. En el proyecto se decía que no tenían obligación de estar colegiados todos aquellos abogados que no hicieran tribunales y eximía de colegiación a aquellos abogados que en relación laboral asistían a otras empresas o personas. Eso nos desgaja la profesión en dos y, además, resultaría que en los grandes despachos y bufetes habría muy pocos colegiados, pese a que son los que mueven la mayor parte del dinero. Evidentemente, los que más tienen que estar sujetos a la deontología y a las medidas, por ejemplo de antiblanqueo de capitales, son las grandes firmas. Pero éstas, curiosamente, como no hacen tribunales quedarían exentas del cumplimiento de las obligaciones deontológicas.
 
Después, el proyecto anula la cuota de ingreso al colegio y no sabemos el porqué, ya que la directiva europea permite cobrar los gastos inducidos como consecuencia del ingreso de los nuevos profesionales. Además, nos limita a 20 euros mensuales la cuota de colegiación. Habrá colegios grandes como el de Madrid y el de Barcelona que podrán mantenerse con esas cuotas ínfimas pero más de la mitad no podrán y tendrán que cerrar. Y sin, olvidar, además, que a los colegios se les recarga con las obligaciones de la Justicia Gratuita.
 
Además, el texto contempla la potestad de una administración pública, que no se dice cual es, de disolver el órgano de administración del colegio, lo cual sería la muerte de los colegios. Los colegios profesionales vienen recogidos y acogidos en el artículo 36 de la Constitución española y tienen, por parte del Tribunal Constitucional, una absoluta garantía institucional. Esto quiere decir que cualquier norma lo que tiene que hacer es beneficiarlos, no perjudicarlos. Repito: esta ley prácticamente aboca a la extinción a los colegios profesionales, a que queden sólo tres o cuatro más o menos grandes.
 
Creo que no hay mucha constancia de escándalos económicos, orgánicos o societarios en los colegios profesionales de España. No se puede decir lo mismo de los políticos”.
 
La estructura colegial en España ha sido extraordinariamente fructífera. Me refiero a los servicios jurídicos sociales que han nacido en los colegios dirigidos a inmigrantes, menores, violencia de genero, discapacitados… Creemos que es a los gobernantes a quienes les corresponde mantener estas buenas acciones, independientemente de que se nos hagan todo tipo de auditorias y comprobaciones. Los colegios hemos tenido siempre absoluta transparencia. Estamos auditados y no hay porque despertar esos recelos en un texto legislativo, cuando no hay ninguna cuestión previa que lo justifique. Creo que no hay mucha constancia de escándalos económicos, orgánicos o societarios en los colegios profesionales de España. No se puede decir lo mismo de los políticos.
 
¿Cuál es el balance de más de un año y medio de vigencia de la Ley de Tasas?
 
Negro, muy negro. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Entre un 25 y 35% de los ciudadanos se han privado del derecho al acceso a la justicia por obra y gracia de las tasas. En unos casos, mayoría, porque en esos momentos no disponían del dinero para pagar las tasas y en otros porque, aunque podían acceder económicamente a la Justicia, no estaban dispuestos a pagar semejante cantidad. Hay que recordar que el importe de las tasas no se recupera y que ascienden a entre 150 y 300 euros, en primera instancia; 800, en apelación; y 1.200, en casación. Es decir, el abogado tiene que decirle al cliente que haga una provisión de 2.300 euros, al menos, porque como venga el resultado en primera instancia, sea contrario y haya que recurrir…
 
El problema de las tasas se está viviendo en los despachos. Cuando un cliente te pide presupuesto y les dices lo que va a cobrar el abogado, el procurador, los peritos, las tasas… le tienes que decir, además, que si pierde el pleito en el orden jurisdiccional contencioso administrativo se le van a imponer las costas, sólo por el criterio objetivo de perder el asunto, y que las tasas, aunque gane, no las va a recuperar. Entonces, claro, muchos desisten de demandar.
 
Las tasas son un manifiesto abuso para España en la situación de crisis que se invoca por parte de todos los partidos políticos. No encuentro la razón de que, por una parte, se esté hablando de una crisis terrible y, por otra, se impida a la ciudadanía acceder a la Justicia
 
Paradójicamente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, está diciendo que no va a permitir que se cobre más de 250 euros al año de cuota en los colegios para acceder a pleitos en toda España y en todas las circunscripciones, porque un euro más significa una barrera infranqueable para ejercer la profesión. Sin embargo, al señor Gallardón parece que no se le antoja una barrera, ni siquiera pequeñita, los 2.300 euros que, como mínimo, va a tener que pagar por tasas el ciudadano que litigue en el orden jurisdiccional civil o contenciosos administrativo.
 
Vayamos con la Ley de Justicia Gratuita. ¿Cuál o cuáles son los aspectos con los que está más disconforme?
 
Hay muchas cosas que mejorar y esperamos alguna alegría. Estamos peleando por ello. Primero, la burocratización del trabajo que va a suponer en los colegios: se les complica la tramitación de los expedientes, deben de crear varios archivos, comprobaciones de solvencia de los beneficiarios… Pero cuando, además, llegamos al artículo 25.2 del proyecto, que es el que roza con el Ministerio de Economía -como no-, pues entonces la complicación resulta insalvable. Se nos dice que cualquier abogado de España se puede inscribir en las listas de Justicia Gratuita de cualquier colegio. Esto supone un alejamiento del profesional del ciudadano. Tenemos que procurar que la atención al ciudadano sea mejor no peor. ¿Cómo se va a llevar el turno de oficio bien cuando el abogado vive en Cádiz y su defendido en Madrid? Claramente, nuestro gran temor es que se esté preparando la privatización del servicio. ¡El artículo 25.2 es una barbaridad tan grande!
 
En ocasiones le he oído acusar al Ministerio de Justicia de falta de dialogo. ¿Ha mejorado la situación tras la creación, el pasado mes de abril, de la Comisión Mixta entre el Ministerio y CGAE para abordar los problemas de la Justicia y la Abogacía?
 
Sí. Se han reabierto las líneas de comunicación -nosotros siempre las hemos tenido abiertas- y convinimos con el ministro Gallardón que lo mejor sería que se negociase con una comisión mixta al más alto nivel. Primero abordamos el Decreto de Acceso a la Profesión y ahora estamos con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 
¿Y qué le parece el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial?
 
Vuelvo al principio. Me preocupa el hecho de que no hay fondos para el gran gasto que supone esa ley. Estoy harto ya de leyes que no entran en vigor, leyes que a los cuatro años ya se vuelven viejas. Por ejemplo, la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus eran dos regulaciones que transponían el derecho comunitario al derecho interno y que regulaban las profesiones. Estas son leyes de finales de 2009. Han pasado cinco años y ya son viejas, ya tenemos que hacer la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
 
Me preocupa que la Ley Orgánica del Poder judicial no entre en funcionamiento por la cantidad de dinero que va a costar readaptar los nuevos juzgados de instancia con las audiencias provinciales”.
 
Y me temo, además, que después de mucho discutir estamos reinventando las audiencias territoriales de antaño. Lo cual no estaría mal. ¡Ojo! yo soy de los que defiendo que deberíamos mirar hacia atrás para haber si teníamos algo mejor. Y sí, en lo que hemos hecho en el pasado hay algo mejor que lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno vamos a dejar trabajar a la Comisión.
 
Luego está el tema de que, a pesar de la promesa del ministro Gallardón de que los partidos judiciales no se moverían de las circunscripciones actuales, resulta que nos encontramos con la supresión de los jueces de paz, algo por lo que estamos extremadamente preocupados. Bueno ya he dicho que estamos preocupados por muchas cosas.
 
Al Ejecutivo se le acusa de legislar en muchas ocasiones al son de las noticias o las portadas de los medios de comunicación.
 
¿Que le parece eso de legislar para foto?
 
Horrible es la peor forma. Debemos de tener en cuenta que estamos muy atrasados en los sistemas de producción de leyes, donde hay un principio que tiene que ser sagrado: menos leyes, mejores leyes. No vale hacer leyes a mogollón. Sacar una ley por la mañana y otra por la tarde, universal o no universal…
 
Hay que cambiar. ¡Pero de verdad no somos capaces de serenarnos y hacer buenas leyes! Hay ejemplos buenos en el extranjero de producir leyes. Y en España no conozco ninguna ley foral que haya sido enmendada. ¿Por qué? Primero, porque se pone mucho cuidado a la hora de elegir a los mejores profesionales en derecho foral para concebir esas normas y, segundo, porque se lo toman con mucha seriedad. Las producen en un tiempo no precipitado, prudencial y son leyes que funcionan muchísimos años, incluso siglos.
 
Resumiendo. ¿Cómo describiría la foto de sector judicial en el momento actual?
 
Creo que hay un fracaso de la implantación de la nueva Administración de Justicia, que no es responsabilidad ni de Gallardón ni del Ministerio de Justicia. Es responsabilidad de que no hay suficiente dinero para implantarla. Pero además, las leyes deben de hacerse con otra técnica legislativa, que es participando con su opinión toda las partes interesadas: jueces, fiscales, funcionarios, secretarios, sindicatos, consumidores de usuarios, procuradores… y, sobre todo, hay crear o enmendar leyes en función de las experiencias que se tienen hasta ese momento, porque no es el hecho de que amanece cada día, sino la experiencia que se van trabando.
 
Luego, las grandes leyes deben estar hechas por buenísimas cabezas, las mejores si es posible de cada rama del derecho correspondiente, que oigan y discutan con los prácticos, es decir todos aquellos que pisamos los juzgados y la calle todos los días y sabemos perfectamente dónde están los defectos.
 
Nosotros somos los primeros interesados en explicar al cliente, si es que tiene explicación, el porqué ese juzgado con la misma carga que otro va tan retrasado. No hay un servicio de inspección tampoco eficaz en la Justicia.
 
¿Me pregunta por la foto? No quiero presentar la justicia en España como una casa en ruinas, ni muchísimo menos. Si dibujaría un cabezón tremendo, que vendría representado por la producción de los jueces, en el sentido que ahí está la doctrina y la jurisprudencia, un cuerpo raquítico y, después, un montón de personajes molestos que le están diciendo al gigante: por aquí no, esto se esta perdiendo, así no…
 
La justicia en estos momentos creo que está sufriendo ese afán de reforma que todo ministro tiene cuando llega al cargo pero, repito, el principio general en la construcción de leyes debe ser: menos leyes y mejores leyes.

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