Comunicado sobre la resolución de la AEPD

AEPD
COMUNICADO SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA AEPD.
 
Como muchos de vosotros conocéis, varios colegiados presentamos, con ocasión de la Junta General del ICAM celebrada el pasado 19 de diciembre de 2.013 varias proposiciones para que fueran debatidas en la mencionada Junta General. Dicho sea de paso, tales proposiciones no fueron debatidas tal y como exigen los Estatutos del ICAM, como ya hemos tenido ocasión de referir en comunicados anteriores.
 
Dichas proposiciones no fueron, en un primer momento, publicitadas por el ICAM. A requerimiento de los compañeros que las presentamos, la Junta de Gobierno procedió a publicar tales propuestas en la página Web. Junto con las propuestas se dio publicidad a los nombres y apellidos de los firmantes así como a su número de colegiado. Entendiendo que tal publicación vulneraba lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de carácter personal, tres colegiados se dirigieron a la Junta de Gobierno para que se retiraran estos datos de la publicación, y ante una negativa inicial, los mismos colegiados interpusieron reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) solicitando la modificación oportuna (derecho de rectificación y derecho de oposición).
 
La Junta de Gobierno procedió entonces a la eliminación del dato más controvertido (el número de colegiado) de la publicación de la Web.
 
Acabamos de recibir la resolución de la AEPD que decide archivar la reclamación, señalando como motivo para tal resolución el siguiente:
 
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Es decir, contrariamente a lo que la misma AEPD ha manifestado en ocasiones anteriores, se considera que la “… adecuada diligencia por parte del ICAM al atender las solicitudes de oposición recibidas y dictar instrucciones para minimizar en lo sucesivo los efectos de la indexación …”, es motivo suficiente para archivar la reclamación.
 
En cualquier caso es evidente que la publicación inicial del ICAM no se ajustaba a derecho ya que la AEPD reconoce que fue la reacción (“… adecuadamente diligente…”,) del ICAM, eliminando algunos datos de carácter personal de los firmantes de las proposiciones que aparecían en la publicación y las instrucciones para que esos datos no aparezcan en futuras publicaciones del ICAM lo que lleva a la AEPD a archivar las reclamaciones de los colegiados.
 
La resolución pone fin a la vía administrativa (con la excepción del recurso de reposición potestativo). Esta Asociación no tiene intención de recurrir ante los tribunales la resolución. De un lado porque cualquier sanción que pudiera recaer sobre el ICAM por culpa de una actuación negligente de la Junta de Gobierno finalmente tiene que se pagada por todos los colegiados y de otro porque estima que las modificaciones en las publicaciones que finalmente hizo el ICAM ante los requerimientos y las reclamaciones ante la AEPD presentadas por los colegiados firmantes de las proposiciones son de la suficiente entidad para no insistir en un asunto que, ante los graves incumplimientos en los que está incurriendo la Junta de Gobierno en materias más importantes (como es el mismo debate de las proposiciones en la forma estatutariamente regulada, o la vulneración de la obligación estatutaria de convocar la primera Junta General Ordinaria dentro del primer trimestre del año natural, lo que en 2.014 no ha ocurrido) este es un asunto menor.
 
Sin embargo sí queremos señalar dos puntos de la respuesta que, a decir de la AEPD, presentó el ICAM a las reclamaciones. El primer aspecto curioso es el recogido en el siguiente párrafo:
 
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Es decir la Junta de Gobierno no cree que la importancia de las proposiciones tenga que ver directamente con el contenido material de las mismas, sino que es importante para tomar una resolución saber quién las firma. En esto sigue la Junta de Gobierno una costumbre que desgraciadamente se ha impuesto en nuestra sociedad: lo importante no es lo que se dice, sino quién lo dice.
 
Hemos asistido atónitos a cambios radicales de criterio de instituciones, partidos políticos, asociaciones, clubes de fútbol, etc., que han sido jaleados por sus fieles seguidores, como si lo importante realmente fuera que quien ha dicho lo que sea es “de los nuestros”, y que aunque digan una barbaridad o se contradigan flagrantemente, hay que apoyarles porque “…puede venir condicionado por el componentes subjetivo…”.
 
Dos de los casos más conocidos (aunque no los únicos) han sido de un lado la subida del IVA, contra la cual el PP hizo fortísima campaña mientras fue oposición y la ha aplicado cuando ha sido gobierno, sin que de las filas de sus seguidores haya salido una sola queja. De otro las terribles “concertinas”, instaladas por el gobierno del PSOE con el señor Pérez Rubalcaba como ministro del interior cuando fueron gobierno y denostadas ahora que son oposición. Ese “todo vale” siempre que lo hagan los nuestros es uno de los males más terribles a los que nos ha llevado la polarización de la sociedad española.
 
Lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien lo diga Agamenón o su porquero o lo haga quien lo haga. El criterio para juzgar una acción o una propuesta no puede ser el “…componente subjetivo…” porque entonces perderemos la posibilidad de aceptar cuanto de bueno se le ocurra al contrario. Y eso es inaceptable en una sociedad realmente democrática, en la que debe predominar el acuerdo sobre puntos concretos y no sobre lo que dice una persona o una institución. Este segundo comportamiento es típico de regímenes personalistas, autoritarios y autocráticos en los que la voluntad, la visión y los dictados del líder están por encima de la forma de afrontar los problemas y solucionarlos.
En el caso concreto de esta Asociación, sus propuestas persiguen una mayor implicación de los colegiados de Madrid y una búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a nuestro discurrir profesional en el día a día. No nos fijamos en quién dice, sino en lo que se dice, ni en quien propone, sino en lo que se propone. De hecho nuestra Asociación está compuesta por compañeros con visiones muy distintas de la sociedad, e incluso diferentes sobre la mejor manera de afrontar los problemas inherentes a la profesión y hemos sucrito y apoyado propuestas de otras asociaciones, llegando incluso a implicarnos en la defensa de las mismas. Actuamos consensuadamente, estudiando lo que se propone y no quién lo propone. No tratamos de dar lecciones a nadie pero nos parece que la deriva “personalista” no lleva a ningún sitio. Y como no cambie, la sociedad española difícilmente podrá superar los retos y los problemas que actualmente le afectan.
 
La segunda cuestión que nos ha llamado la atención de la argumentación de la Junta de Gobierno del ICAM en este caso es la recogida en el siguiente párrafo:
 
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Es cierto. Como profesionales muchos de nuestros datos son públicos en cuanto al ejercicio profesional se refriere. Pero hay dos consideraciones importantes a realizar. La primera es que antes de tener acceso a esos datos en la página Web del ICAM, aparece, como no puede ser menos, un aviso acerca del uso que se pueden dar a los datos que se obtienen de la búsqueda en el Registro de Colegiados. Tal aviso no aparecía al tener acceso a las proposiciones. Y ello es, a nuestro juicio, un incumplimiento importante de la Ley de Protección de Datos, por más que la AEPD haya pasado de puntillas sobre este aspecto.
 
La segunda consideración se deriva de poner en relación este párrafo con los dos que reproducimos a continuación de la resolución de la AEPD:
 
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Es decir, las proposiciones, cuyo contenido tan sólo interesan a los abogados con derecho a voto del ICAM, eran accesibles para cualquiera (nótese que los documentos no se encuentran en una dirección segura, encabezada por https://, sino en una “abierta” encabezada por http://) lo que desde luego siempre hemos entendido (y seguimos entendiendo) que pone en peligro aspectos de los colegiados recogidos en la web del ICAM y vulnera derechos de intimidad de los colegiados firmantes de las proposiciones. Una cosa es que tales colegiados sean identificados ante sus compañeros (por el “componente subjetivo” al que se refiere la Junta de Gobierno del ICAM) y otra que sean identificados sin más, facilitando incluso el número de colegiado a cualquiera que simplemente realice una búsqueda por Internet.
 
No creemos que sea necesario recordar que hay auténticos expertos en piratear datos presentes en la Red, y que el número de colegiado proporciona acceso a partes sensibles de la página del ICAM y del perfil del colegiado. Es verdad que se debe conocer el número de colegiado y la contraseña. Pero no seamos ingenuos. Las contraseñas suelen ser bastante débiles en general y por ello fácilmente vulnerables. La publicación inicial del ICAM (corregida posteriormente) facilitaba un dato clave de acceso a la zona restringida del colegio, desde la cual un desaprensivo puede hacer auténticos destrozos. Y ello sin que fuera necesaria ninguna actuación adicional, ya que el dato se facilitaba sin protección ni cobertura.
 
En cualquier caso la AEPD indica que:
 
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Y aunque entendemos que tales datos deberían haber estado protegidos mediante el necesario acceso con clave a lugar reservado del sitio web del ICAM, al menos un dato sensible e importante se había retirado del acceso público indiscriminado.
 
Esto nos lleva una vez más a la reflexión que venimos haciendo desde la constitución de nuestra Asociación. La Junta de Gobierno actúa a impulsos, sin presentar un plan claro de actuación, olvidando los compromisos electorales que les llevaron a los cargos que ahora ocupan, e incumpliendo en muchas de sus actuaciones la legalidad vigente o los Estatutos del ICAM. Y nada podemos hacer los colegiados salvo asistir impotentes a estas actuaciones, a la falta de cintura de la Junta de Gobierno para afrontar retos importantes de nuestra profesión (como han puesto de manifiesto compañeros de otras asociaciones, con motivo, por ejemplo, del Proyecto de Ley de Justicia Gratuita y sus nefastas consecuencias para el turno de oficio) y a una gestión del ICAM extraña, poco transparente y a veces ilegal de esta Junta de Gobierno, más preocupada por la representación internacional (si atendemos a los viajes al extranjero que la Junta de Gobierno ha realizado en este apenas año y medio de mandato) que por los problemas concretos de los colegiados, cómo se ven afectados por la crisis, los despachos que cierran, atender con diligencia a los mandatos de las Juntas Generales, y no tras varios meses de inacción, en definitiva, una gestión para la que no fueron elegidos y que ha ido apagando el fuego de la ilusión con que fueron votados.
 
Por eso es más urgente que nunca poder contar un con instrumento que permita cambiar una decisión electoral a la que se nos condujo con promesas cuyo cumplimiento se ve cada vez más lejano. Por eso es más urgente que nunca que una moción de censura se ajuste a la realidad el ICAM y que aun siendo un mecanismo extraordinario, con las debidas garantías, no sea un mecanismo de imposible utilización. Y por eso seguiremos haciendo compañia para modificar el artículo 41 de los Estatutos del ICA. Democracia no es sólo votar cuando te toca. Es participar y exigir el cumplimiento de las promesas electorales o al menos una explicación plausible de por qué no se cumplen.
 
#ParticipacionColegial
#ModificacionEstatutosICAM
#Art41ICAM
 
Emilio Ramírez Matos
Abogado, Doctor en Derecho, Presidente de Asociación de Abogados por un Colegio ético
www.colegio-etico.es
Sígueme en Twitter @eramirezmatos

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