Críticas a la corrupción en la Apertura del Año Judicial

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Críticas a la corrupción en la Apertura del Año Judicial
 
Almudena Vigil – Expansión
 
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, critica la corrupción pública y el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se compromete a actuar con rapidez.
 
El rey Felipe VI presidirá la apertura del Año Judicial.
 
La Apertura del Año Judicial, cuenta en esta ocasión con la novedad de tratarse de la primera vez para dos de los principales protagonistas del acto.
El Rey Felipe VI, que tomó posesión del Trono el pasado mes de junio, acude al acto por primera vez en condición de Jefe del Estado, si bien no es un escenario nuevo para él, puesto que ya había asistido a la Apertura del Año Judicial en una ocasión, cuando en 2011 su padre, el Rey Juan Carlos I, debió ausentarse por una operación del tendón de Aquiles.
 
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, también se ha estrenado como anfitrión del acto, después de haber tomado posesión de su cargo en diciembre de 2013. Durante su discurso, destacó que, en 2013, han sido dictadas más de 1,5 millones de sentencias, “resolviéndose en los órganos judiciales un mayor número de asuntos que los ingresados en sus registros”. De hecho, si bien entraron 8,6 millones, el año pasado se resolvieron cerca de 9 millones. Además, la duración estimada de los procedimientos se sitúa, según Lesmes, en menos de doce meses.
 
Al acto formal asiste también el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien forma parte de la mesa presidencial junto con Lesmes, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que presenta la Memoria de la Fiscalía, relativa a 2013. Durante su discurso, Torres-Dulce pidió una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que “los atestados policiales sean remitidos a juzgados y fiscalías sólo cuando haya podido determinarse la autoría del delito“. En su opinión, esta medida reduciría la burocracia judicial y, por tanto, permitiría sacarle más partido a los recursos actuales que tienen estas instituciones.
 
Durante su discurso, el fiscal general del Estado también ha llamado la atención sobre los tiempos de respuesta procesal. Según sus datos, entre la incoación del procedimiento y la de evaluación del escrito de calificación provisional por el Ministerio Fiscal transcurren, de media, 393 días cuando se trata de un procedimiento abreviado. El plazo es de 722 días en el sumario y de 538 días en el jurado. Una vez dictada sentencia, el tiempo medio de resolución de los recursos es de 179 días. Aunque Torres-Dulce aseguró que estas cifras no están muy alejadas del resto de países europeos, consideró que no son aceptables.
 
El fiscal general también tuvo palabras para el escenario judicial y político que se vive en algunas administraciones: “Existe la corrupción pública“. En su opinión, estos hechos están “dañando seriamente la imagen de la función pública y su erario, que debe estar al servicio de las necesidades sociales“. En su opinión, “no menos importante es la corrupción política, que mina la credibilidad del sistema democrático“. Al mismo tiempo, aseguró que estas prácticas también se dan en el ámbito privado, haciendo referencia al terrero financiero, “ya que compromete gravemente la estabilidad económica” del país.
 
Carlos Lesmes recogió el testigo, al asegurar que “el Poder Judicial y sus órganos de gobierno se implican y se implicarán activamente en la lucha contra esta lacra social, que está minando la credibilidad de las instituciones“. En este sentido, apuntó que “los jueces españoles, en el ámbito de nuestras responsabilidades, nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción“.
 
El discurso del presidente del CGPJ y del TS ha hecho especial mención a dos casos que son motivo de orgullo para España por el importante papel que en ellos han jugado jueces españoles de forma decisiva. Se trata del caso de la sentencia del derecho al olvido con la que 500 millones de ciudadanos europeos tendrán un nuevo mecanismo de protección de su privacidad y que tuvo su origen en la decisión de cuatro jueces de lo contencioso de la Audiencia Nacional, que promovieron la cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE. El otro caso mencionado ha sido el del caso ‘Aziz‘, que nació de la iniciativa de un juez de Barcelona, preocupado por los niveles de protección que el ordenamiento nacional proporcionaba a los deudores hipotecarios. La iniciativa de este juez, ha remarcado Lesmes, “ha sido determinante para que miles de ciudadanos y familias españolas hayan visto ampliadas sus garantías”.
 
Al igual que todos los años, al acto acuden magistrados del Supremo, vocales del órgano de gobierno de los jueces, fiscales, representantes de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de Justicia así como dirigentes políticos como los miembros de las Comisiones de Justicia de las Cortes. En esta ocasión, la Asociación de Jueces para la Democracia ha decidido no asistir en protesta por las últimas reformas emprendidas.
 
El protocolo del acto recupera el tradicional besamanos, que se celebra tras los discursos y que había sido suspendido en los últimos años por la imposibilidad del rey Juan Carlos de permanecer mucho tiempo de pie, según fuentes del Alto Tribunal.

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