De fariseos y árbitros

Fariseos
DE FARISEOS Y ÁRBITROS (QUE NO DE FÚTBOL)
 
Joaquín Ramón López Bravo
Abogado y Periodista
 
Asistimos ayer a un nuevo capítulo del despotismo ilustrado que rige en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La Junta de Gobierno, encabezada por su Decana, cumplió el que cada vez parece más engorroso trámite de exponer ante los colegiados sus obras y pedir su aprobación de cuentas o, en su caso, de sus presupuestos.
 
Esta forma de llevar los asuntos colegiales ha ido desincentivando cada vez más a los compañeros, que por otro lado tampoco son el paradigma de la participación en los asuntos colectivos del colegio. Una asamblea de poco más de cien compañeros (no olvidemos que somos más de 77.000 colegiados en Madrid) con 579 votos a favor por 34 en contra dieron el beneplácito en nombre de los 77.000 a la forma en que la Junta de Gobierno ha gestionado tanto el Colegio cuanto el presupuesto de veintidós millones (22.000.000) de euros a que asciende el presupuesto colegial. Y no hay que olvidar que los votos de los abogados ejercientes valen el doble por lo que es casi seguro que votantes reales, entre presentes y representados, no lleguemos a trescientos. Nunca se ha ofrecido desde la mesa el dato desglosado de cuántos votos son de ejercientes y de no ejercientes.
 
Una vez más, y a pesar de la claridad meridiana del artículo 37.4 de los Estatutos colegiales que recordamos, establece en su párrafo segundo:
Las proposiciones que cumplan los requisitos anteriores serán leídas en la Junta General que decidirá, por mayoría, si procede o no abrir debate sobre ellas. En caso afirmativo se permitirán, sucesivamente, dos turnos a favor y dos en contra, y se someterán a votación. A juicio del Decano podrá ampliarse el número de turnos de forma razonable, siempre que la complejidad e importancia de la proposición lo requiera, manteniendo el equilibrio de las intervenciones.
 
la Decana ha hurtado el debate de las proposiciones, con la peregrina excusa de que la Junta de Gobierno considera que las proposiciones que se han presentado no son competencia de la Junta General.
 
A riesgo de parecer pesados hay que hacer ver que, de un lado, el mencionado artículo 37.4 de los Estatutos no deja margen de interpretación: Las proposiciones que cumplan los requisitos anteriores serán leídas en la Junta General que decidirá, por mayoría, si procede o no abrir debate sobre ellas. Es decir, no permite que la Junta de Gobierno “interprete” nada. Pero es que la interpretación es de lo más peregrino, ya que si es indudable que el órgano máximo de decisión de cualquier colectivo es la asamblea de sus integrantes, los Estatutos del ICAM son clarísimos al respecto. El artículo 36.1 establece:
 
La Junta General, integrada por todos los colegiados, es el órgano soberano de decisión del Colegio.
 
No parece muy interpretable el concepto “órgano soberano de decisión”. Es más, así como a los demás órganos de decisión del colegio se les marca unas funciones y atribuciones, a la Junta General no se le marca ninguna. Lógico. Si es el órgano soberano, tiene todas las funciones que puedan ser competencia del propio ICAM.
 
Las tres proposiciones que en este caso presentaba la Asociación Libre de Abogados (ALA) eran, resumidamente:
 
Transmitir en nombre del ICAM a las autoridades una queja por el funcionamiento anómalo de LEXNET y solicitar que normativamente se establecieran prórrogas de plazo iguales al tiempo que el sistema estuviera sin funcionar. Lexnet funcionará pero ahora mismo los parches sólo entorpecen el derecho a la justicia de los ciudadanos y el acceso a la misma de ciudadanos y profesionales.
Que en cumplimiento de la Ley de Transparencia pero más aún del Informe de Consejo General de la Abogacía Española que marcaba las pautas de lo que se debe publicar para dar cumplimiento a dicha transparencia, se publicaran los Convenios que el ICAM tiene suscritos con todas las instituciones, empresas y/o personas (salvando en este caso los datos de carácter personal) a los efectos de su difusión.
Que se publiquen en la Web los informes jurídicos que, según asegura la Junta de Gobierno, avalan los comportamientos de dicha Junta de Gobierno, para el conocimiento de todos los colegiados a fin de corregir lo que jurídicamente no sea correcto y conseguir el debate de proposiciones, preguntas, etc.
 
Si, tal como afirmó ayer la Excelentísima Decana, estas no son materias sobre las que la Junta General tenga competencias, no habrá posiblemente nada sobre lo que la Junta General tenga competencias.
 
No se entiende el empecinamiento de la Junta de Gobierno en que no se traten las proposiciones en las Juntas generales. Con la mayoría con que consigue la aprobación de sus propuestas de presupuestos o la aprobación de las cuentas generales (a pesar de las flagrantes contradicciones en que se incurren cuando se explican algunos conceptos, como veremos más adelante) no tendrían ningún problema en leer las propuestas, someter a votación si procede o no abrir debate, (conseguirían sin esfuerzo un no) y aprobar o rechazar las proposiciones (conseguirían una vez más sin esfuerzo el rechazo de las mismas).
 
Sólo cabe una explicación que tiene dos caras a este comportamiento. La primera, dolorosa, es que su desconocimiento de la técnica jurídica lleva a la Junta de Gobierno a realizar una interpretación donde no cabe hacerla. Ciertamente hay un aforismo jurídico que indica que todo es interpretable, pero frases tan categóricas como las que subrayamos que están presentes en la norma que rige nuestro Colegio no admiten interpretación. Ello sin contar con que a nadie en su sano juicio se le ocurre decir que un asunto no es competencia de la Junta General del colectivo que trata de las mismas. Un ejemplo para que se entienda con meridiana claridad. Una asamblea de vecinos de una calle de Albacete podrá decidir que se cambie el nombre del Estadio del Real Madrid. La decisión, lógicamente, carece de ejecutividad, ya que esa asamblea carece del poder para ejecutar su decisión. Pero eso no impide que en la asamblea se trate ese asunto. Las resoluciones de las asambleas o Juntas Generales son independientes de la capacidad que el cuerpo que toma la decisión tenga para imponerla. Queda bastante clara, por desgracia, la valía como juristas de los miembros de la Junta de Gobierno del ICAM.
 
La segunda cara es la vocación autoritaria de la Junta de Gobierno y su absoluta falta de transparencia. La promesa de transparencia fue uno de los pilares que llevaron al poder a la actual Junta de Gobierno, especialmente a su Decana. Y esa transparencia brilla por su ausencia. Es más, tal como ayer recordaba Endika, el compañero de ALA, es la primera vez en muchísimos años que se hurta del debate a los colegiados las propuestas que cumplen con todos los requisitos estatutarios. Es una auténtica vergüenza y un absoluto incumplimiento del programa. Claro que estamos acostumbrados a este tipo de incumplimientos en este nuestro país y en este nuestro ICAM.
 
La Excelentísima Decana, cada vez que se le llama la atención sobre un aspecto sobre el que debería dar explicaciones (más que nada porque implican gastos a cuenta de los bolsillos de los compañeros) se limita a señalar que hay diferencias políticas con los proponentes. Esa fue incluso la explicación cuando se le pidió acerca de una partida marcada en los presupuestos como informe para un plan sociolaboral en Costa Rica. La primera respuesta fue señalar que era un asunto de derecho de asistencia jurídica a los menores en Costa Rica, para acabar reconociendo que no existía aún el informe, pero eso sí, se habían gastado 20.000 sin explicar en qué.
 
O por ejemplo cuando se le llamó la atención acerca de la incongruencia que suponía que la partida marcada como Otrosí (en papel) y Otrosí.net sólo presentara en su desglose gastos que parecían referirse exclusivamente a papel: Impresión (170.001) Correo (75.918) y Manipulado (6.829) hasta arrojar el total gastado en esta partida.
 
O cuando se les preguntó acerca de la necesidad y conveniencia para el ICAM de asistir a una comparecencia sobre colegiación obligatoria para abogados en el Parlamento de Méjico o asistir a la apertura del año judicial chino. Por cierto, el remate fue la explicación del Ilustrísimo componente de la Junta señor Íscar que aseguraba que era importante ir porque aunque no lo creyéramos, la mayoría de los abogados que asistían a los ciudadanos chinos en España eran compañeros de los llamados “pequeños”. Se le olvidó explicar por qué el año Judicial Chino incide en la prestación de servicios en España. Y como justificación a que no se hubiera manifestado nada acerca de las vulneraciones de Derechos Humanos en China, se indicó que el compañero que preguntaba (Endika) seguramente llevaría “un teléfono chino o unos pantalones fabricados en China” y que no por las vulneraciones de Derechos Humanos en China dejaba de comprar esos artículos.
 
Pero sin duda el momento más brillante de la noche fue cuando la Excelentísima señora Decana llamó a los compañeros de ALA fariseos por preguntar por las actividades del Ilustrísimo señor Iscar y no por las actividades de la Ilustrísima señora Castro. A su juicio ambos casos son idénticos hasta el punto que apenas dejó a los compañeros de ALA que defendieran su honor al haber sido insultados. La Excelentísima señora Decana es incapaz de comprender que no son comparables ni de lejos.
 
El hecho de que la Ilustrísima señora Castro sea experta en Turno de Oficio y por tanto se encargue de lo relativo a turno de Oficio en la Junta de gobierno no es comparable con el hecho de que el Ilustrísimo señor Íscar sea experto en arbitraje y por ello se haya encargado en un principio de tales cuestiones en la Junta de Gobierno, puesto al que renunció, lo que le honra. Este compañero aparece siempre en relación con cualquier aspecto de arbitraje. Es secretario de una de las asociaciones a las que el ICAM subvenciona (el Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR) con 35.000 Euros (además de los 20.000 del controvertido “informe sobre el plan sociolaboral en Costa Rica” al que nos hemos referido) y en la web de la otra Asociación subvencionada por el ICAM, la UIBA Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, con 30.000 Euros, hay enlaces a la web de la empresa de Arbitraje de la que el citado compañero es propietario.
 
Sin que se asegure en absoluto que puede haber algún tipo de trato de favor, los casos de los dos compañeros son radicalmente distintos ya que en el caso del Turno de Oficio no hay implicaciones con terceros a los que se subvenciona mientras en el caso de arbitraje sí lo hay. Máxime cuando a estos terceros, además de las subvención, se les permite tener el domicilio social en Serrano 9, no se explica quién paga las facturas de los teléfonos que les están asignados a dichos terceros, se les paga el diseño y mantenimiento de web y hay claros indicios de que el personal del ICAM atiende también a determinadas funciones administrativas y de gestión a dichos terceros. Todo eso lleva a pedir una mayor transparencia y limpieza. Justamente lo que la Junta de Gobierno no da.
 
En definitiva, otro ejercicio más de prepotencia autoritaria por parte de la Excelentísima señora Decana ante una audiencia prácticamente entregada en la que las (pocas) voces discordantes son ninguneadas o insultadas. Triste sino el de los colegiados del ICAM: votar para conseguir transparencia y participación colegial, y encontrarse siempre con vulneraciones de promesas electorales y compañeros (que eso son los miembros de la Junta de Gobierno, sencillamente compañeros) que ejercen su poder con un ansia que no se compadece con lo que debería ser una Junta de Gobierno. Y así nos va.
 
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Joaquín Ramón López Bravo
Abogado y Periodista
Portavoz de la Asociación Abogados por un COLEGIO-ético
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