Derechos de autor: la UE “pone las pilas” a las entidades de gestión

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Derechos de autor: la UE “pone las pilas” a las entidades de gestión
 
Lucía SICRE
 
La Unión Europea acaba de dar salida a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales, un texto en el que, entre otras cosas, se pretende mejorar la gestión de estos derechos por parte de las entidades de gestión. Licencias en toda la UE para potenciar la música ‘online’.
 
En él, el legislador comunitario hace hincapié en un problema que España ha vivido de cerca: la falta de “transparencia, gobernanza y tratamiento de los ingresos recaudados en nombre de los titulares de derechos“, proponiendo un control más estricto para ellas, en la línea de lo que prepara la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española.
 
El texto europeo recuerda que el vínculo entre entidades de gestión -como SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro español de derechos reprográficos),VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos), DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales)- con los autores es mucho mayor en el sector de la música: si bien en algunos sectores las licencias son en mayoría concedidas directamente a los usuarios por los titulares de derechos (por ejemplo, los productores de películas), en otros la gestión colectiva de los derechos desempeña un papel muy importante, en particular, en el caso de los derechos de autor sobre obras musicales, asegura la Directiva.
 
Así, las entidades de gestión colectiva conceden licencias de derechos en nombre de sus titulares, nacionales y extranjeros, por lo que “su actividad tiene importantes repercusiones en la explotación de estos derechos en el mercado interior“.
 
En este sentido, a Europa le preocupa especialmente la “obligación de determinadas entidades de rendir cuentas respecto a sus miembros en general y respecto a la gestión de sus finanzas en particular, señalando que algunas entidades de gestión colectiva todavía deben hacer frente al reto que supone adaptarse a las realidades y necesidades del mercado único.
 
De ahí que la Directiva tenga como objetivo primordial “mejorar las normas de gobernanza y transparencia de las entidades de gestión colectiva, a fin de que los titulares de derechos puedan ejercer un control más eficaz sobre ellas y contribuir a mejorar la eficiencia de su gestión“. También se trabajará en facilitar la concesión de licencias multiterritoriales por las entidades de gestión colectiva de los derechos de los autores sobre obras musicales para la prestación de servicios en línea, como segundo pilar fundamental de la norma.
 
La Directiva también detecta problemas derivados de la falta de preparación de determinadas entidades de gestión colectiva para conceder licencias multiterritoriales online, teniendo en cuenta los requisitos asociados a este tipo de actividad, y la sensación de inseguridad jurídica, que dificulta la agregación de repertorios de obras musicales.
 
Más control de la transparencia
 
La Directiva obliga a las entidades de gestión a informar a los titulares de derechos sobre los importes recaudados y abonados, los honorarios percibidos en concepto de gestión y otras deducciones aplicadas. Además, deberán comunicar a otras entidades de gestión colectiva los derechos gestionados en virtud de acuerdos de representación; así como proporcionar información, previa solicitud, a los titulares de derechos, a otras entidades y a los usuarios. Deberán, además, hacer pública información sobre la organización y el funcionamiento de la entidad, y publicar anualmente un informe de transparencia, que incluya los principios de gobernanza y su aplicación, los estados financieros, etc.
 
En definitiva, “cada entidad de gestión colectiva debe hacer pública información suficiente que permita a los titulares de derechos, los usuarios y otras entidades de gestión colectiva comprender su estructura y su funcionamiento“.
 
La norma introduce además ciertas normas en materia de gestión financiera de las entidades de gestión colectiva: los ingresos recaudados por la explotación de los derechos representados deberán separarse de los activos propios de la entidad y gestionarse en condiciones estrictas; las entidades tendrán que especificar en sus acuerdos con los titulares de derechos las deducciones aplicables y garantizar a los titulares y a los miembros un acceso equitativo a los servicios sociales, culturales o educativos que financie con las deducciones; y tendrán también que pagar sin demoras injustificadas las cantidades exactas adeudadas a los titulares de derechos y procurar identificar a los titulares de derechos.
 
Además, se obliga a las entidades de gestión colectiva y a los usuarios a negociar de buena fe, a lo que se suma que “las tarifas deben basarse en criterios objetivos y reflejar el valor comercial de los derechos negociados y del servicio efectivo prestado por la entidad“.

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