Dos reveses judiciales

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Madrid- La polémica que acompaña a Sonia Gumpert desde el día en el que se proclamó decana de los abogados madrileños parece, al menos de momento, no abandonarla. Tras ocho meses en el cargo, la validez de las elecciones todavía está pendiente de resolución en los juzgados. En este tiempo, además, su equipo ha sufrido tres dimisiones de calado por graves desavenencias con la forma en la que se está gestionando el ICAM y se han hecho públicos pactos secretos que no fueron puestos en conocimiento de la junta electoral y sobre los que deberá pronunciarse la Justicia.

Circunstancias todas ellas que dibujan un horizonte convulso al que ahora se añaden dos nuevos reveses judiciales sufridos por el equipo de gobierno del ICAM. De un lado, la vía contencioso-administrativa iniciada por el ex decano Antonio Hernández-Gil, avanza. Una vía que tiene su origen el día en el que los abogados fueron llamados a las urnas. Tras la convulsa jornada electoral de aquel 18 de diciembre, Hernández-Gil decidió instar al Consejo de Colegios de la Comunidad –que agrupa al de Madrid y al de Alcalá de Henares– a investigar los posibles pactos entre candidatos «que pudieran existir y que no se hicieron públicos, como obliga la normativa legal», antes de las elecciones por parte de la decana. El Consejo de Colegios recibió en mayo la información relativa a dos de estos acuerdos, cuya firma fue revelada por este diario: uno suscrito con la Agrupación Pro Abogacía y otro con la candidatura del letrado Emilio Ramírez Matos. Con esta información, el Consejo de Abogados debía tomar una decisión al respecto. Sin embargo, la recusación de tres de los miembros de este órgano y el hecho de que otros cinco –en su calidad de miembros de la junta del ICAM– no pudieran pronunciarse sobre este tema, dejaron al Consejo de Colegios sin poder de decisión. Hernández-Gil decidió entonces recurrir a la Justicia y presentar un recurso contencioso-administrativo «contra la desestimación presunta por silencio negativo por el Consejo de Colegios de Abogados del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Comisión Electoral de fecha 22 de diciembre de proclamación de la candidatura presidida por Dª. Sonia Gumpert Melgosa». El recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fue interpuesto por el letrado Javier Pérez Roldán, presidente del centro de estudios Tomás Moro, y ahora ha sido admitido a trámite. De esta forma, será la Justicia la que decida por vía de urgencia si anula o no las elecciones del pasado mes de diciembre.

El último varapalo sufrido por la junta de gobierno del ICAM concierne a la vía penal, iniciada tras las denuncias formuladas por el resto de candidaturas tras los incidentes de la noche electoral, y en la que permanecen imputados por un delito de revelación de secretos la popia Gumpert y todos sus diputados. En este escenario, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha rechazado de plano el recurso presentado por la decana para que no se permitiera la apertura de los ordenadores que la candidatura vencedora utilizó el día de las elecciones y para que el volcado de los mismos no pudiera tenerse en cuenta como prueba. El juez resolvió el día 3 de este mes rechazar la petición de la decana, de forma que el volcado de los ordenadores requisados aquella noche –además de otras circunstancias como la supuesta campaña electoral que esta candidatura realizó el mismo día de las elecciones– será incluido en la investigación. Las candidaturas rivales denunciaron que aquellos ordenadores fueron utilizados para realizar un seguimiento de los colegiados que votaban con el fin de movilizar a los que todavía no habían acudido a su cita con las urnas.

 

UNA GESTIÓN CON PROMESAS INCUMPLIDAS

RECUPERAR EL SERVICIO MÉDICO

– La Plataforma de Defensa de la Abogacía Madrileña, con Gumpert al frente, tuvo como razón de ser desde su nacimiento la defensa del seguro médico. La actual decana se opuso a la decisión de su predecesor, Antonio Hernández-Gil, de crear una nueva mutualidad, para lo que reunió1.200 firmas. Hernández-Gil tumbó la propuesta de Gumpert. Ahora, sin embargo, la decana no modificará la nueva mutualidad cuya gestión en el futuro podría estar ligada con una compañía privada.

SISTEMA DE VOTO

– La decana también se opuso, durante el mandato de Hernández-Gil, a la limitación a tres colegiados en la delegación del voto en las asambleas. Llegó incluso a denunciar al ex decano por lo que ella definió como una «estafa». Su oposición se fundamentaba en el hecho de que ese sistema de voto beneficia a los grandes despachos, ya que a éstos les es más fácil captar votos de tres en tres por delegación, mientras que los pequeños tienen importantes limitaciones. Este «rodillo» fue el sistema de votación que precisamente se utilizó en la junta general que la ahora decana convocó el pasado 21 de marzo.

PACTOS OCULTOS

– El Consejo de Colegios recibió en mayo información relativa a dos pactos no comunicados a la junta electoral. Uno con la Agrupación Pro Abogacía –de la que la propia Gumpert era secretaria–y otro con la lista encabezada por el letrado Emilio Ramírez Matos.

DIMISIONES Y DESPIDOS

– A pesar de llevar sólo ocho meses en el cargo, la junta ha sufrido ya tres dimisiones. En el mes de mayo, además, el ICAM despedía a su gerente, Javier Rivera, que permanecía en el cargo desde hacía veinte años.

SUELDOS

– Frente a la tradición existente en el Colegio de que los diputados no perciban ningún salario, la junta aprobó en abril retribuciones para dos diputados.

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