El alma de la toga: reflexiones sobre la ética de la abogacía

ética-ICAM-649x311px
 
ABOGADOS: IMAGEN SOCIAL FRENTE A SU NECESIDAD
 
¿Cuándo se conoce que un abogado miente? Cuando mueve los labios.
 
La imagen pública de los profesionales de la toga no está asociada precisamente a la ética como se deduce fácilmente del popular chiste anterior, uno más entre los innumerables que circulan por todos los medios, en todos los idiomas y en todas las culturas.
 
Es indudable que los abogados cumplen una trascendental función. Su preeminencia en el ámbito social no es desconocida, pero su actividad se asocia a la transgresión de los principios éticos.
 
Desde su aparición –advocatus quien habla en nombre de otro ante quien le juzga-, la ciencia jurídica y el profesional o técnico que la desarrolla surgen paralelamente con la defensa de derechos ante los tribunales y con las exigencias éticas del Abogado: “Oportet ut bonas causas et veraciter agant advocati
 
Durante siglos no han variado las funciones de los Abogados pero los profundos cambios operados en el medio económico social mundial no son ajenos a la actividad del letrado. La globalización, el capitalismo desenfrenado, la competitividad, la ampliación de mercados hacen necesario un incremento de los valores que enmarcan la actividad jurídica y un refuerzo para que la avidez económica que se apodera de todas las profesiones, no empañe los principios fundamentales del ejercicio de la Abogacía.
 
Los Colegios de Abogados como Asociaciones o Sociedades típicas que agrupan a los ejercientes como tales en un determinado ámbito así lo han sentido. La búsqueda de los razonamientos éticos les ha llevado al establecimiento de una serie de principios básicos que funcionen como puntos de orientación fundamentales y al establecimiento de Códigos éticos o dentológicos de los Abogados, fijando las individuales normas de la ética del abogado persona autónoma como normas heterónomas procedentes de la autoridad del colectivo de Abogados constituido en corporación pública y que en la Deontología profesional cristaliza la reflexión colectiva a lo largo de la historia de la Abogacía, sin perjuicio de que el Estado y las entidades supraestatales también estén regulando la ética profesional del Abogado (Principios básicos sobre la función de los Abogados, VIII Congreso Naciones Unidas 1990 y Directiva CE 2001/97)
 
Un profesional cuyo trabajo es pedir justicia para los demás: eso es un abogado. El ciudadano acude al profesional habitualmente una vez que su conflicto no lo puede resolver particularmente. Su función peculiar permite encadenar al hombre promedio con la Administración judicial, en busca de la tutela judicial efectiva. Y este derecho a la tutela de la Ley aplicada por el Juez no es el único que queda protegido gracias a la actuación del abogado, pues esta profesión es instrumento en la garantía de toda una serie de bienes fundamentales de la persona. El Ciudadano tiene, entonces, acceso a la jurisdicción y el derecho a obtener una decisión fundada en derecho.
 
Estas líneas están encaminadas a una breve reflexión sobre la ética del ejercicio profesional del derecho, en el sentido de principios y conclusiones de la ética concreta aplicada a la vida profesional. Nos referiremos a la permanencia de unas líneas maestras que han sido fundamentales en la concepción de la Deontología del ejercicio del Derecho.
 
Se intenta discernir el papel de la ética en la evolución del derecho contemporáneo y aproximar al individuo común al rol desempeñado por los abogados en los tribunales y fuera de ellos.
 
El comportamiento incorrecto de un letrado daña al cliente y produce un claro perjuicio en los abogados honestos, dañando su imagen. El abogado tiene una responsabilidad social y la sociedad no perdona las actuaciones negligentes e irresponsables.
 
Lograr que un abogado sea un buen profesional depende de muchos factores: lo procesos de formación teórica deben mejorar en un mundo tan cambiante como es el actual de nuestra Sociedad de Redes, así como los Colegios deben implicarse más en el cumplimiento por parte de los colegiados de las normas deontológicas. La enseñanza de normas éticas en los estudios universitarios nunca se puede considerar excesiva y, sin embargo, se relega a asignaturas irrelevantes perdidas en los cursos. Los cambios a realizar, requieren una implicación profunda por parte de los letrados pues sin su acción las normas deontológicas caerían en terreno estéril y no darían fruto alguno.
 
Dentro de un Estado de Derecho, el buen funcionamiento de la justicia es fundamental pero esa justicia debe fluir a través de la interpretación de la ley. La misión del abogado es contribuir a su realización: dar a cada uno lo suyo.
 
El progreso económico ha descubierto nuevas posibilidades para la persona y un despliegue tan variado de necesidades ha provocado en el hombre la obsesión del consumo. Sus deseos ya no están circunscritos a la mera necesidad de subsistencia sino que aspira a satisfacer sus necesidades como persona humana. El abogado ofrece sus servicios profesionales y, a través de ellos, contribuye a satisfacer necesidades humanas como la seguridad y tranquilidad.
 
La abogacía, cumple una función social. Los intereses particulares deben articularse a los intereses generales de la sociedad. Por lo tanto, la misión pasa de individual a colectiva. Su labor se desarrolla en medio de una importante preocupación para la sociedad sobre sus poderes reales y, en consecuencia, es objeto de severas regulaciones legales. El abogado debe tener presente la alta función que la sociedad le confía, que supone la defensa efectiva de los derechos individuales y sociales que son la espina dorsal del Estado de Derecho.
 
Esa sociedad occidental -en nuestro caso-, que pretende ignorar la problemática derivada de la obediencia al derecho en las sociedades occidentales, que cuentan con Declaraciones de Derechos y Libertades de la Persona, a diferencia de las sociedades orientales, que según palabras del propio Gandhi no conciben los derechos humanos desligados de una carta de los Deberes del Hombre.
 
Dicha sociedad no tiene claro quiénes son los abogados y qué pueden aportar en beneficio de la colectividad como ya hemos puesto de relieve. La profesión ha descuidado el marketing, permitiendo a otros colectivos adquirir una posición reforzada frente al público. La Abogacía debe concebir con precisión su imagen real en la sociedad, pues frente a otros colectivos profesionales que han establecido una comunicación con el público, su letárgica reacción no se concibe.
 
ETICA DEL ABOGADO: SUS NORMAS
 
El establecimiento de normas deontológicas del abogado es una exigencia universal como se aprecia, al dictado de diversos Códigos Deontológicos a través de todo el mundo y que proceden de raíces históricas como las romanas o cristianas como las Ivo Hélori, santo patrón de los abogados.
 
La actuación del letrado ha evolucionado paralelamente a los derechos del hombre, haciendo uso de las herramientas con que contó en cada época esto es con las normas que quien ostentase el poder de juzgar reconociese como obligatorias fueren la costumbre, la jurisprudencia, el Decálogo mosaico o la Constitución.
 
Al igual que los fundamentos filosóficos de los derechos humanos son de capital importancia para su defensa y promoción, la defensa de los Derechos sólo puede darse efectivamente dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho, a través de un instrumento: el letrado.
 
El sistema adoptado para regular las condiciones de ejercicio de la abogacía ha sido el dictar normas en cada legislación, sin perjuicio de la existencia de normas regionales como es el Caso de la Unión Europea.
 
Las actuaciones de control se desarrollan a través de dos medios: Inicialmente, la definición de reglas de conducta y por otra parte tenemos la aplicación de estas normas por medio de órganos de control deontológico.
 
El abogado ejerciente en España debe respetar los principios éticos y deontológicos contenidos en el Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por Real Decreto 658/2001 de 22 de junio, en el Código Deontológico aprobado por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE) de 28 de noviembre de 1998, en el Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española (27 noviembre 2002), en el que el Consejo de Colegios de la Autonomía correspondiente tuviera aprobado -actualmente el Consejo Vasco de la Abogacía está concluyendo la aprobación del suyo propio- y en los del Colegio Terriotrial en que estuviere incorporado.
 
La evolución de esta normativa ha sido arrolladora pues de la existencia de deberes tácitos hemos pasado a su incorporación en la Ley Positiva de forma reciente a todos los niveles en un Estado tan complejo como el nuestro dentro del marco de la Constitución Vigente, piedra angular sobre la que se ha construido este entramado de normas profesionales.
 
La actuación del letrado que hoy trasciende las fronteras nacionales ha requerido también una regulación supranacional, normativa obligada tras la eliminación de fronteras en el espacio europeo, los sistemas jurídicos, no pueden considerarse más como sistemas cerrados en cada estado.
 
El problema del Código Deontológico no es un problema de fundamentación pues a nivel mundial se ha reconocido su existencia sino un problema de concreción. En el caso español, corresponderá a los Colegios adaptar las normas deontológicas contenidas en el Estatuto General de la Abogacía a las particularidades propias de su ámbito territorial.
 
Estos sistemas de autodisciplina, servirán como complemento a la acción de los poderes públicos. Los códigos deontológicos están basados en un compromiso de responsabilidad social como contrapartida al elevado índice de libertad de ejercicio
 
No podemos perder de vista que la actividad profesional ahora exige la creación de equipos de abogados y multidisciplinares con la intervención de otros profesionales que hacen más complicado la aplicación de una ética estricta de la Abogacía a personas que no lo son y, sin embargo no se puede eludir que el Abogado es responsable de que su equipo se rija por los mismos principios éticos que le sean exigibles personalmente por sus clientes, sus adversarios, los poderes públicos…
 
LOS PRINCIPIOS ETICOS BÁSICOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.
 
Siguiendo los textos legales vigentes que hemos citado y sin ánimo de exhaustividad quiero exponer algunos principios básicos que no son más que valores plasmados en normas concretas –reglas cuya cita y análisis evito en la medida de lo posible por no excederme del objetivo de esta obra-. Estos principios se superponen y repiten inevitablemente
 
• Independencia del Abogado
 
Se refleja esencialmente en la libertad del abogado de asumir la dirección de un asunto y en la del cliente de elegir al letrado que desee y de cesar la relación profesional cuando lo estime conveniente.
 
La independencia se convierte en un derecho-deber y a la vez en un requisito básico del Estado de Derecho, que permite al abogado rechazar las instrucciones que atenten contra sus propios criterios, debiendo cesar en el asunto cuando considere que no puede continuar con absoluta independencia.
 
La única limitación de esta independencia se encuentra en la propia ley y en las normas deontológicas que permiten obligar a defender “de oficio” lo indefendible para evitar la indefensión del ciudadano.
 
El abogado no puede desarrollar funciones o ejercer otra profesión paralela a la abogacía que produzca una presión física o anímica que pudiese poner en riesgo su independencia.
 
El abogado debe preservar su independencia frente a las presiones de los poderes públicos y no debe adquirir intereses personales en el pleito.
 
Esto es, el abogado puede estar incurso en causas de incompatibilidad absoluta para ejercer como tal y debe darse de baja en la profesión o puede estar incurso en causas de incompatibilidad relativas a un asunto y debe cesar en la defensa, velando por no originar indefensión al cliente.
 
• Dignidad y Libertad de Defensa.
 
El abogado tiene el derecho y el deber de defender y asesorar a su cliente: por lo tanto, se prohíbe la utilización de medios ilícitos o injustos, ni el fraude como forma de eludir las leyes. Es libre de aceptar o rechazar la dirección de un asunto siempre que ello no produzca la indefensión del cliente.
 
Siendo la dignidad humana fundamento del orden político y de la paz social (art. 10 de la Constitución Española) al abogado corresponde la humanización de la ciencia jurídica dentro del proceso de renovación del derecho..
 
La libertad debe ser entendida como autodeterminación de la conducta en función de los valores que previamente ha asimilado. Si una persona desconoce ciertos valores, tendrá una limitación en su libertad. La libertad humana tiene que ir paralela con el sentido de responsabilidad, pues en caso contrario se convierte en libertinaje.
 
El hombre es libre de realizar valores o rechazarlos, pero siempre esta percepción de los valores es fundamental para que existan actos libres. La libertad absoluta es difícil de conseguir pues el hombre se halla inmerso en una serie de condicionamientos sociales que determinan su conducta.
 
La libertad debe reflejarse en la aceptación del caso o del cliente como hemos ya dicho también al hablar de la independencia. Existe poco riesgo de que se produzca indefensión por la negativa del abogado a aceptar el caso dada la alta competitividad que reina en esta profesión hoy en día.
 
La defensa es un derecho fundamental de la persona, recogido en la Constitución, en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, pero más allá de su estructuración, es un derecho humano. Y su reconocimiento ha sido un gran avance de la humanidad.
 
El ejercicio de la libertad de expresión en la defensa del caso está amparado por el art. 437 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El abogado está obligado a ejercer su libertad de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a las normas de correcta práctica profesional.
Un abogado defensor debe actuar en beneficio de la sociedad intentando garantizar a cada ciudadano acusado un juicio lo más justo posible. En este sentido, su función se encauza hacia los intereses colectivos de la sociedad.
 
El abogado es un colaborador de la justicia cuya pretensión debe ser obtener la mejor sentencia para su cliente, todos sus esfuerzos deben estar dirigidos hacia este fin, pues la fiscalía y la acusación enfilarán todos sus esfuerzos en el sentido opuesto, siendo el juez quien debe tomar ambas versiones para extraer la verdad jurídica, todo ello con la finalidad de dictar una decisión congruente y motivada. Teniendo como presupuesto que el proceso se entiende como contradicción entre pretensiones que un órgano imparcial resuelve.
 
Las partes deben ser oídas contradictoriamente, la igualdad de partes debe asegurarse de forma que no se produzca la indefensión. Este derecho garantizado por el artículo 24.1 de la Constitución Española, constituye a la vez una base fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. Derecho que constituye un correlativo deber para los otros poderes estatales al ejercer sus competencias.
 
El abogado se perfila como instrumento que permite evitar un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa, no sólo protegiendo de la infracciones que podrían ser cometidas por los órganos jurisdiccionales sino cuidando la interdicción de ilegítimas privaciones o limitaciones de los medios de defensa que podrían producirse en el seno de un proceso.
 
El derecho a la defensa con abogado no es un derecho fundamental que puede ser directamente ejercitado por los sujetos sino un derecho de prestación que debe ejercitarse a través de los cauces procesales. Para que se produzca efectivamente, se requiere la utilización de normas procesales concretas y la ejecución de actos judiciales específicos de aplicación de tales normas.
 
La actividad del juez no puede basarse en convicciones individuales simplemente morales pues ello derivaría en posibles condenas de inocentes y en la inseguridad jurídica.
 
El acusado no puede ser impedido del derecho a alegar y demostrar en el proceso su verdad o su versión de los hechos a fin de obtener su reconocimiento, pues en otro caso se encontraría en indefensión
 
La absolución de su cliente que sabe culpable puede ser la finalidad que persigue el letrado bajo el deber de la ética, pues no sólo los inocentes tienen derecho a una defensa con todas las garantías que provee el proceso penal, aunque ello signifique poner toda una serie de obstáculos legales a las actuaciones de la víctima. El Fiscal tiene otra misión: la defensa de los intereses de la sociedad. Si entendemos que el inocente no necesita defensa y el ciudadano culpable no debe ser defendido, daríamos la espalda como valor superior del ordenamiento jurídico reconocido en el primer artículo de la Carta Fundamental vigente. En realidad, las partes deben disponer de iguales oportunidades de alegar y probar todo lo que consideren necesario para el reconocimiento judicial de su postura.
 
La absolución del culpable es el resultado del fallo -en el sentido del mal funcionamiento- de los pasos anteriores del proceso al fallo judicial, se da fundamentalmente por falta de pruebas que acrediten la acusación a juicio del juzgador, valga la redundancia.
 
El proceso constituye un marco dentro del cual cada actor -abogado, juez y fiscal-, juega un determinado rol. Cada uno debe ajustarse a los parámetros de su actividad sin desbordarla, utilizando todas las armas éticamente aceptables para triunfar. Todos aquellos que juegan un papel en este proceso deben estar bien preparados para ello. ¿El rol del abogado? Convertirse en la voz que exprese las aspiraciones jurídicas de su representado, traduciendo al lenguaje jurídico las necesidades que le hayan sido encomendadas, siempre acatando los principios reguladores del poder judicial.
 
Aunque la autodefensa como capacidad de comparecer personalmente ante el órgano jurisdiccional tiene cabida en nuestra legislación, ello no obsta al derecho a contar con la asistencia letrada, puesto que el ciudadano promedio debe contar con el asesoramiento adecuado. El derecho a la asistencia de un abogado resulta una garantía técnica que protege a todo aquel individuo que deba comparecer ante cualquier jurisdicción. Tampoco constituye obstáculo para la designación de abogado o procurador por el turno de oficio con la finalidad de asegurar el derecho de defensa.
 
• Integridad
 
La conducta profesional del abogado debe ser íntegra. Ser recto, implica no tener miedo de las consecuencias de su lucha por la justicia. Su actuación debe ser veraz ante los Tribunales y debe fomentar el principio de legalidad.
 
Su actuación debe desarrollarse teniendo en cuenta un profundo respeto de la dignidad personal y un interés por la mejora de la calidad humana del individuo, buscando siempre una coincidencia con los intereses generales.
 
Se prohíbe al abogado la defensa de intereses en conflicto con los de su cliente. La lealtad hacia el cliente parte de esta misma integridad, incluso aunque no se llegue al nivel delictivo de la prevaricación.
 
La integridad no es obstáculo para el respeto al Abogado adversario. La fraternidad hacia los colegas es importante, pues siempre tiene frente a sí un compañero contendiente que posee armas dialécticas dignas de consideración pero esta fraternidad no puede rebasar tenues límites, esto es, durante el conflicto jurídico cada Abogado debe permanecer en su lado para favorecer a su respectivo cliente y, concluido el tiempo del enfrentamiento, es el momento de la confraternización pero sin que ésta suponga una ofensa innecesaria al cliente.
 
La defensa de los intereses del cliente no le exime de su deber de colaboración con la Justicia, cuyos límites se encuentran en la no violación de los derechos constitucionales.
 
Esta integridad incluye una equitativa distribución del tiempo a fin de lograr un justo equilibrio entre los múltiples compromisos que exige la profesión, sin que pueda acaparar trabajos que no pueda atender debidamente.
 
Debe procurar la solución extrajudicial de los conflictos, pues el acceso a la administración de justicia debe ser el último recurso.
 
El letrado procurará formarse continuamente, actualizando las herramientas jurídicas a fin de adaptarse mejor a un mundo cambiante.
 
• Secreto Profesional
 
La relación Abogado-Cliente, fundamentada en la confianza, tiene caracteres específicos que la diferencian de otras relaciones profesionales: por un lado el letrado se halla sometido a reglas de actuación específicas debido a su pertenencia a un Colegio Profesional; por otra parte, se destaca el deber de conocer las reglas técnicas del Derecho, cumpliendo obligaciones objetivas de diligencia.
 
El abogado se convierte en custodio de la intimidad personal de su cliente y de su inalienable derecho a no declarar contra sí mismo. Se refuerza de esta manera la protección del derecho a la intimidad recogido en la Constitución Española, por lo que no puede divulgar todo aquello que le sea comunicado por su cliente ni por otro abogado.
 
Todo ello, con la finalidad además de evitar el lucro del abogado por la utilización de información que haya adquirido como consecuencia del ejercicio profesional. La prohibición se convierte en derecho de guardar secreto respecto a todos los hechos que conozca como consecuencia de su actuación.
 
El secreto profesional y la confidencialidad son deberes y derechos del abogado que se extienden más allá de tiempo en la prestación de servicios del cliente. Regulados históricamente tanto por normas deontológicas como por la legislación ordinaria. Considerado como uno de los pilares básicos para el perfecto ejercicio del desarrollo profesional, debe acompañarse de plenas garantías.
 
Sin embargo, la frivolización del secreto profesional en aras de la obtención de audiencias televisivas es uno de los mayores atentados que está padeciendo este principio ético básico de la Abogacía y parece que no se puede poner límites a esta escalada.
 
Por otra parte, el abogado no puede aportar a los Tribunales las cartas que reciba del abogado de la contraparte, ni las conversaciones que mantenga con clientes y adversarios no pueden ser grabadas sin previa advertencia.
 
Este deber de secreto profesional no sólo se extiende al abogado sino a las demás personas que trabajan con él, por cualquier clase de vínculo sea mercantil o laboral o familiar pero el responsable es el abogado de aquellas violaciones que se puedan producir, por tanto existe un deber de vigilar a quién se le deja acceder al círculo de la actividad profesional y más cuando las tecnologías de la información permiten el acceso a la información y su difusión fuera de todo control.
 
La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha abordado la materia, desde una perspectiva de los derechos del ciudadano, en la correspondencia escrita entre ambos y las entrevistas personales, protegiendo la privacidad de las conversaciones telefónicas entre abogado-cliente, considerada como uno de los pilares de la democracia. Por otra parte, la normativa europea de prevención del blanqueo de capitales y de prevención y bloqueo de financiación del terrorismo puede haber empezado a permitir una cierta relativización del deber de secreto profesional.
 
BILIOGRAFÍA

GOROSQUIETA, Javier. Ética de la Empresa, Teoría y Casos Prácticos, Bilbao, Ediciones Mensajero S.A., 1999.

LE MAPPIAN, Jean, Ivo de Tréguier patrón de abogados, Zaragoza, edita Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Imprime INO Reproducciones S.A.1981

Consejo Vasco de la Abogacía, Honorarios profesionales, normas orientadoras para su aplicación Bilbao Edita Consejo Vasco de la Abogacía., 2002

Código Deontológico de la Abogacía Española, Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Estatuto General de la Abogacía Española, Madrid, Jurcom y Legiscom S.L., 2001

Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid número 11 3ª Época, febrero 1999 título La actuación profesional del Abogado.

, , , , , , , , ,

Sin comentarios todavía.

Deja un comentario

ASOCIACIÓN
“Abogados por un COLEGIO-ético”
Calle Reina Mercedes,22
28020 Madrid
CIF: G86855350
Tlf: 91 456 29 80
Email: info@colegio-etico.es

© 2013 Abogados por un COLEGIO-ético
Todos los Derechos Reservados.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR