La prestación de servicios del abogado (I)

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“Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales” 

Versus

“Estatuto General de la Abogacía Española”

 

 (I) La prestación de servicios del abogado.

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, al que me referiré en estas líneas como ALSCP, ha causado un importante revuelo en el mundo profesional español. Son numerosos los autores que han abordado un análisis del Anteproyecto, con razones casi todas en contra del mismo, pero por razones muy diferentes, desde quienes opinan excesiva la amplitud de las novedades a quienes se manifiestan descontentos por lo poco que cambian las cosas.
 
Es sin embargo unánime la censura a la forma en que se ha gestado el ALSCP. El procedimiento legislativo del actual gobierno suele chocar una y otra vez con la misma piedra: en lugar de consultar con los sectores interesados antes de elaborar un Anteproyecto, para ofertar así un texto fruto del máximo consenso posible, el legislador presenta a inspección pública un texto elaborado por sus propios técnicos, otorgando unos plazos realmente escasos para que de un análisis en profundidad del texto puedan surgir indicaciones que lo mejoren. Estos técnicos parecen muchas veces desligados de la realidad social, ya que se plantean en ocasiones situaciones superadas por esa realidad o que nunca se han dado en la misma.
 
Esta circunstancia es aún más sangrante en el caso de la abogacía. En el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el 12 de junio de 2.013, se aprobaba el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE), texto que venía a sustituir al aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de Junio, y que ha sido recientemente enviado al Ministerio de Justicia para su tramitación y aprobación por parte del gobierno, mediante el correspondiente Real Decreto. El texto se venía gestando desde hace ya más de tres años, abierto a los comentarios de los colegiados, sus inquietudes y sus puntos de vista. Parece razonable que antes de redactar un Anteproyecto de Ley que iba a regir los destinos de los colegios profesionales, se hubiera consultado a éstos para que pudieran hacer llegar sus puntos de vista. Y en el caso de la abogacía, puntos de vista ya tratados y acendrados por el estudio de las propuestas que estaban cristalizando en el texto final del EGAE.
 
Sin entrar en la discusión de si es conveniente o no que las propias profesiones se autorregulen, presentando las normas que deben regir su actuación al Gobierno para el control necesario de legalidad, intentaré detectar en qué manera afecta el ALSCP al proyecto de EGAE que el Consejo General de la Abogacía ha hecho llegar al ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón, en lo tocante a los servicios que presta el abogado.
 
Seguiré el orden del EGAE por ser más adecuado al punto de vista desde el que afronto este estudio. Y así vemos el primer choque del EGAE con el ALSCP en el artículo 4 del citado Estatuto, en el cual se define al abogado con dos notas fundamentales: estar en posesión del título habilitante para la profesión y estar incorporado en un colegio de abogados. Habida cuenta que la mayor parte de los títulos universitarios habilitantes tienen como denominación de licenciatura la de Licenciado en Derecho o en Ciencias Jurídicas, parece que el abogado debe cumplir un paso más: el ejercicio. De hecho la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) define al abogado en su artículo 542 como el “…licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico.
 
Y la misma LOPJ señala, en el apartado 2 del artículo 544 que “La colegiación de los abogados y procuradores será obligatoria para actuar ante los juzgados y tribunales en los términos previstos en esta ley y por la legislación general sobre Colegios profesionales,…
 
En esta línea el EGAE hace dos precisiones, que se desprenden de lo dispuesto en la LOPJ. De un lado el abogado lo es por prestar sus servicios a uno o varios clientes (recordemos que la LOPJ establece el ejercicio en la defensa de las partes, dejando fuera de la obligación de colegiación tan sólo los abogados que “… actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral”). De otro, los colegiados que se inscriben como no ejercientes en el Colegio correspondiente, no son abogados ni pueden utilizar la denominación de Abogados, consecuencia lógica de la obligación de ejercicio profesional contenida en la repetida LOPJ.
 
Sin embargo el ALSCP, que no define quién puede denominarse abogado y ejercer tal función, sí establece una excepción a la colegiación que vulnera, a mi juicio, lo dispuesto en la LOPJ. En su disposición adicional 1, apartado j) excluye de la obligación de estar colegiado al letrado que tenga vínculo de naturaleza laboral con quien defiende o representa. Esta exclusión facultaría al abogado que ejerce su labor por cuenta ajena, se entienda desde un sentido lato de pertenencia laboral a un despacho a un sentido más restringido como es el caso de los abogados de empresa, a representar a su cliente ante los tribunales de Justicia sin estar colegiado. Es evidente el choque de esta disposición con lo previsto en la LOPJ y naturalmente una Ley ordinaria no puede modificar lo dispuesto en una Ley Orgánica, por lo que el precepto debe ser considerado nulo de pleno derecho.
 
En cualquier caso no cabe duda de que existe una incoherencia (además de la nulidad anteriormente apuntada) en la forma en que el ALSCP divide la profesión de abogado, no por su desempeño, ni por la formación del profesional, ni por las capacidades del profesional, sino por la relación que le une a su cliente. ¿Es este el hueso que se da a roer para que, retirando simplemente la última frase, cesen las protestas? Pues lamentablemente suena a eso, porque carece de sentido. El abogado asalariado por una empresa podrá actuar ejerciendo la dirección y defensa de su empleador en toda clase de procesos judiciales y extrajudiciales y prestar su asistencia letrada, es decir, ejercer su profesión, sin que se le aplique “la ordenación del ejercicio” de la misma que haya dispuesto el colegio de abogados, y podrá verse libre de “cargas” deontológicas actuando en forma diferente a lo dispuesto para su profesión por el colegio profesional correspondiente. Su libertad de acción podría incluso poner en peligro la igualdad entre las partes necesaria en un proceso, al poder actuar al margen de cualquier consideración que venga marcada por su colegio, mientras que el abogado contrario, si defendiera a un tercero con quien no mantiene relación laboral, sí estaría obligado a cumplir las directrices marcadas por el colegio, al ser obligatoria su colegiación.
 
Tengo que señalar además que esta división en función de la relación laboral que une al abogado con su cliente no se plantea en relación con ninguna de las demás profesiones de obligada colegiación recogidas en la disposición adicional primera. De hecho, ninguna de dichas profesiones se encuentra dividida en el texto.
 
Pese a ello, sí que cabe reflexionar sobre lo dispuesto en el EGAE. Tras definir en el Título Tercero las formas de ejercicio profesional, entre las cuales recoge de forma inequívoca el ejercicio en régimen laboral, y con especial mención al abogado de empresa (artículo 40), en el título cuarto, artículo 48, se establece la “independencia y libertad” como principios rectores de la profesión. Parece difícil, en los tiempos que corren, que un abogado pueda ejercer su profesión con independencia y libertad dentro de una organización empresarial. Muchas veces verá comprometida su independencia y el rechazo de la realización de actuaciones que la comprometan difícilmente podrá ser llevado a cabo con libertad, sin temor a perder su puesto de trabajo.
 
Podemos apreciar también cierta discrepancia en el ámbito territorial de la colegiación, a cuyo respecto el EGAE da primacía a la pertenencia al colegio donde resida el abogado, mientras que el ASLCP no hace mención alguna a esta primacía permitiendo la colegiación en cualquiera de ellos al no establecer regulación alguna sobre el colegio al que se debe pertenecer.
 
En el capítulo séptimo del Título Segundo del EGAE se produce otra fricción con el ALSCP, acerca de lo dispuesto en el artículo 14 del mismo sobre el ejercicio en libre prestación de los profesionales legalmente establecidos en otros países de la UE. En dicho artículo se establece un ejercicio de dichos profesionales en régimen de libre prestación sin más limitaciones que los dispuestas en el ALSCP y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Sin embargo, las funciones y la actuación de los profesionales de otros países de la Unión Europea en España, se regula en el EGAE siguiendo el esquema del Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo, de desarrollo de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 22 de marzo de 1977, encaminada a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios de los abogados, que fue parcialmente modificado por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.
 
El RD 607/1986 establece unas condiciones específicas bastante limitativas de la actuación profesional de los nacionales de otros países de la UE, empezando por la prohibición de utilizar el título de Abogado, y continuando con la obligación de actuar concertadamente con un abogado español. Del parco redactado del ALSCP podría desprenderse la desaparición de todos los requisitos del RD 607/1986. No obstante y dado que en su disposición final decimoprimera, apartado 2, se establece un plazo de 6 meses para la adaptación del RD 1837/2008, sería muy conveniente que tal adaptación recogiera lo dispuesto en el EGAE, ya que parece muy adecuado el tratamiento de todos los puntos que en el mismo se regulan.
 
El resto de lo que se dispone en el EGAE sobre la figura del abogado no se ve afectado por lo dispuesto en el ALSCP. Se desarrollan en el EGAE aspectos cuya cabida en una Ley General de prestación de servicios sería discutible ya que afectan específicamente a una sola profesión, la de abogado.
 
El ALSCP contiene también, en su artículo 54, un aspecto que a mi juicio puede resultar pernicioso a la larga para el desarrollo de la profesión. Me refiero a la certificación de profesionales. El ALSCP permite que tal certificación sea emitida por  “… cualquier entidad, tanto pública como privada, con o sin fines lucrativos, con independencia de su tamaño o de la realización de otras actividades diferentes a las objeto de acreditación”. Ciertamente prefiere el Anteproyecto a las organizaciones, asociaciones y corporaciones profesionales, pero no limita la capacidad de certificación a estas entidades. No establece, sino con ligeras pinceladas, cuál debería ser el procedimiento de certificación, qué valores deberán contener tales certificaciones, qué aspectos deberán examinarse para emitir las certificaciones y en definitiva, no parece que vele por lo que en teoría pretende, que tales certificaciones sean un “… mecanismo para garantizar una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y experiencia de los profesionales prestadores de servicios.”.
 
Tengo muchas dudas que existan mecanismos realmente objetivos para evaluar la excelencia de unos servicios profesionales. Así como para la evaluación de productos puede resultar relativamente fácil establecer parámetros, y aún así vemos que muchos productos convenientemente certificados no cumplen con las expectativas del consumidor, establecer esos parámetros en el mundo de los servicios, y más aún en los jurídicos, puede ser labor imposible. Es más, la existencia de esas entidades, que recuerdo que pueden incluso tener ánimo de lucro, pueden constituir, a la larga, un gasto adicional para el abogado que se verá obligado, en aras de no verse relegado por la competencia, a pagar la correspondiente certificación, un gasto más para el colegiado. Otra cosa sería si la capacidad para emitir tal tipo de certificaciones se limitara al colegio correspondiente o en su caso al Consejo General de la Abogacía. Incluso así, creo que es un error pero al menos habría un interés que no sería mercantil en el emisor de las certificaciones y los parámetros examinados serían exclusivamente profesionales. Sinceramente dudo de la conveniencia y la eficacia de establecer sistemas de certificación sobre la prestación de servicios profesionales máxime cuando los mismos pueden suponer simplemente un negocio para la entidad de certificación.
 
El ALSCP establece asimismo determinadas condiciones de funcionamiento para los colegios profesionales y los Consejos Autonómicos y Nacionales de tales colegios. Analizaré los aspectos puramente colegiales, sobre la organización y funcionamiento de los colegios de abogados, los consejos autonómicos de colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía española, en uno y otro texto, en un futuro trabajo.

 

Joaquín Ramón López-Bravo

Abogado y Periodista

Fundador de Abogados por un COLEGIO-ético

www.colegio-etico.es

Sigueme en Twitter @lopezbravojr

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