El extraño caso del CIAR

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El extraño caso del CIAR, una nueva sombra sobre la candidatura de Íscar.
Javier Íscar (izquierda), en una asamblea extraordinaria del CIAR el pasado mes de octubre
 
El ICAM aprobó subvenciones para el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) antes de su constitución. Íscar es su secretario general.
 
Luis F. QUINTERO / Libre Mercado
 
Sólo quedan unos días para que se celebren las elecciones al ICAM el 13 de diciembre. Las candidaturas apuran las horas de cada día para poder transmitir sus programas a más y más abogados.
 
En esta contienda y tras el tenso debate que Nicolás González-Cuéllar reventó con acusaciones a diestro y siniestro, cada vez parecen más afianzadas las candidaturas de Javier Íscar (continuista) y de José María Alonso (cambio) como las favoritas de los abogados madrileños.
 
Precisamente, en aquel debate una de las siglas que González-Cuéllar sacó a colación fue el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), cuya secretaría general ostenta Javier Íscar, y a la que accedió tras su constitución en marzo de 2015 y su inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior en junio de ese año.
 
El CIAR, que se constituye, según reza su propio estatuto, como “centro de carácter privado“, está compuesto por 63 entidades de 21 países iberoamericanos diferentes -entre ellos el ICAM, que alberga la sede de su secretaría general-. Esta institución tuvo un calendario de gestación, negociación y puesta en marcha dilatado en el tiempo. Tanto que ocupó a Sonia Gumpert, Javier Íscar y Luis Martí Mingarro (presidente del CIAR) durante la gira iberoamericana que hicieron al poco de acceder al decanato del Colegio de Abogados tras la toma de posesión en 2013.
 
Un simple cotejo de las fechas de negociación y constitución del CIAR, publicadas en su propia página web, y los números que recogen las cuentas públicas que ofrece el ICAM, surge una duda: ¿cómo es posible que el ICAM dedicara subvenciones al CIAR antes de que se constituyera?
 
Un vistazo a las memorias económicas del ICAM correspondientes al ejercicio 2015 -aprobadas en 2014 según confirman fuentes del propio ICAM- refleja que la Junta aprobó subvenciones por valor de 50.000 euros al CIAR (subvención de 35.000 euros y 15.000 en concepto de servicios) incluso antes de su constitución. Los presupuestos del 2015 se aprueban en 2014 y el CIAR no se constituye como asociación en España hasta junio de 2015.
 
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Las denuncias de Valero
 
Esta información concuerda con los datos que denunció el vicedecano y tesorero saliente Manuel Valero, que también se presenta para Decano. En el polémico debate del día 22 de noviembre, Valero denunció que el ICAM había derrochado cerca de 11 millones de euros.
 
Entre estos gastos, Valero destacaban más de 146.000 euros en viajes y estrategia internacional (en la que se enmarca la constitución y puesta en marcha del CIAR, entre otras cosas). Un gasto infructuoso según un extenso grupo de abogados del entorno del ICAM que confiesan a Libre Mercado su malestar por encontrarse con una estrategia internacional que no ha redundado en beneficio para los abogados madrileños.
 
Además, Valero puso otros datos económicos encima de la mesa. Habló precisamente de los gastos en el CIAR y la recaudación de la propia Corte de Arbitraje del Colegio. Según estos datos, tal y como han reflejado otros medios como OK Diario, sólo entre 2015 y 2016, el CIAR se llevó casi 75.000 euros de subvención mientras que en ese periodo la corte de arbitraje del ICAM bajó su facturación hasta los 46.000 euros.
 
Las explicaciones de Íscar
 
Libre Mercado se ha puesto en contacto con el entorno de Javier Íscar para poner en su conocimiento estas informaciones. Según estas fuentes, el ICAM es “un miembro más” del CIAR y, según dicen, “no hay incompatibilidad alguna entre los miembros del CIAR para constituirse en asociación para los fines propios de la misma“.

Insisten estas fuentes en que su intención es dejar claro que “tampoco es una actividad prohibida o declarada incompatible” la que realiza el CIAR con sede en el ICAM “por la normativa reguladora de los colegios profesionales así como los estatutos propios”. En este sentido, añaden que “entra dentro de los fines colegiales la satisfacción de intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión de abogado, así como la promoción de actividades al servicio de la sociedad”.

Respecto a que la junta de gobierno aprobara una subvención para el CIAR antes de que se constituyese formalmente, estas fuentes cercanas a Javier Íscar dicen que “como norma general las juntas generales de cuentas y de presupuestos lo aprueban con más del 80% de los votos“.

Así las cosas, Libre Mercado lo que ha podido confirmar, más allá de la subvención concedida a un ente antes incluso de que se constituyera, es el malestar en el entorno del ICAM con la puesta en marcha e implicación de la junta de gobierno saliente con el CIAR. Más aún, con la puesta a disposición de este Centro Iberoamericano de Arbitraje de recursos materiales y económicos sin un reflejo aparente que redunde en beneficio de los colegiados.

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