El nuevo ‘lobby’ español pretende salir de la oscuridad

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PARA ROMPER CON LOS INTERESES OCULTOS

El nuevo ‘lobby’ español pretende salir de la oscuridad y que se regule su actuación.

Daniele Grasso

“Te asombraría la cantidad de manos que participan en el texto de esta ley“. “Claro, pero ¿cuántas? ¿Cuáles? ¿Las de quién?“. Sonríe la lobbista a la que dirigimos estas preguntas. Sonríe porque ni ella sabe contestar. Desde su diáfano despacho a escasos centenares de metros del parque del Retiro de Madrid se dedica a hacer valer los intereses de varias firmas de la industria farmacéutica ante el Ministerio de Sanidad.
 
Se llama Carmen Mateo, y es responsable de Cariotipo H5. Es lobbista de profesión. Desde hace 15 años y tras pasar por el periodismo, se presenta así, como lobbista. Desde hace cinco pertenece a un grupo de profesionales de este sector en alza que quiere salir de la sombra, alejarse de leyendas urbanas -algunas más, otras menos- sobre maletines y pasillos oscuros. Quieren romper con una forma rancia de influir sobre el poder, que empieza en el Congreso y acaba en los privé de conocidos restaurantes.
 
Son la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas (APRI) y presentarán el próximo 12 de febrero una propuesta concreta para la primera regulación del lobby en España: están haciendo lobby para que se regulen los lobbies. Algo que, dentro de las paredes del Congreso, asusta y entusiasma a partes iguales.
 
Las “enmiendas Florentino”
 
La OCDE define el lobby como la acción de “intereses privados que buscan influenciar las decisiones de los Gobiernos, leyes o adjudicación de los contratos”. Y, dentro de un esquema de normas, lo considera “parte fundamental de la política en las democracias modernas“. “En España, a día de hoy, no hay un cultura de lobby como la que pueda haber en países anglosajones”, comentan al respecto fuentes del Partido Popular. No todos coincidirían, pero lo cierto es que un vistazo a las hemerotecas bastaría para darles la razón. El lobby, o sus pocas apariciones bajo los focos mediáticos, no se ha llevado las mejores portadas.
 
Los conseguidores, que no ‘lobbistas’, son grupos que actúan con un objetivo claro: obtener favores, acuerdos, oportunidades de negocio o simplemente una foto en el lugar y en el momento adecuados
 
Un ejemplo de ello fue la conocida como ‘enmienda Florentino‘. Un apodo que habla solo y que se refiere al cambio legislativo con el que, en 2011, el Gobierno del PSOE facilitaba que ACS, la constructora de Florentino Pérez, y Sacyr pudieran controlar Iberdrola y Repsol. Las obligaba a abolir los blindajes que impedían que cualquier accionista votara por más del 10% del capital aunque fuese dueño de un porcentaje mayor. En los pasillos del Congreso, la historia de esa ley es un secreto a voces; a los medios, a la ciudadanía, llegó alguna filtración de las reuniones del Ejecutivo con las partes interesadas.
 
Por no hablar del poderoso lobby eléctrico, que incluye ilustres nombres de expolíticos. Más de un lobbista profesional español contesta con la expresión “vergüenza ajena” cuando se le pregunta su opinión sobre los juegos de interés en ese sector. O sobre el que fleta sus aviones para acompañar a Mariano Rajoy en sus visitas a Washington, el Consejo Empresarial para la Competividad, y con el que este periódico no ha conseguido obtener una entrevista para hablar de transparencia y presiones políticas. Se trata de grupos que actúan con un objetivo claro: conseguir acuerdos, oportunidades de negocio o simplemente una foto en el lugar y momento adecuados.
 
“El concepto de lobby encaja más con realidades como la norteamericana, donde es algo claro y establecido”, opinan al respecto las fuentes consultadas en el PP. En Estados Unidos, las campañas electorales se basan en los fondos que grandes empresarios puedan aportar a las campañas de los candidatos. A cambio, estos apoyarán sus intereses durante su posible mandato: Sheldon Adelson y su relación con los candidatos republicanos fue un ejemplo de ello.
 
Saltando a Europa, la patria del lobby es, sin duda, Bruselas. Más de 4.000 lobbistas acreditados se reúnen a diario con los 766 representantes de los ciudadanos europeos, haciendo valer sus intereses e intentado conseguir otros. Lo demostró Michel Petite, presidente del comité de ética de la Unión Europea y encargado de controlar la influencia de los grupos de presión, que renunció a su puesto el 18 de diciembre debido a que “su posición se había vuelto insostenible” por un conflicto de intereses. Un año antes, como abogado en el bufete Clifford Chance, Petite había defendido en varias ocasiones las posiciones del fabricante de tabaco Philip Morris en reuniones con la Comisión Europea.
 
La diferencia entre estas dos realidades y España está en el nivel de transparencia. Cualquiera puede acceder al Lobby Register de la Unión Europea, donde quedan registrados todos los datos de quienes ejercen esta actividad en Bruselas. Hay 6.150 entre entidades y profesionales. Cada vez que se le convoca para una reunión privada, cualquier eurodiputado puede comprobar quién lo hace. Conflictos de intereses, puertas giratorias e intercambio de favores son las prácticas que deben evitarse y las razones por las que cada vez más voces piden que el registro sea obligatorio y no voluntario, como hasta ahora.
 
De hecho, varios diputados comunitarios han tomado la decisión de no reunirse con lobbistas que no estén en el registro. Otros prefieren tener un abanico amplio: “Me llegan dosieres de todo tipo, de todos los ámbitos. Me reúno con todo el mundo, y a partir de ahí fijo mi posición”, admite una eurodiputada española.
 
En Estados Unidos, la Lobbying Disclosure Act permitió, en 1995, la creación de un fichero interno a la House of Representantive, el Congreso, para seguir el rastro de las reuniones de los diputados.
 
Transparencia, ¿para quién?
 
Desde asociaciones como APRI defienden que en España exista, y esté dando sus primeros pasos, un lobby profesional. “Las cosas ya están cambiando: hace unos años nos llamaban contratistas, ahora más de uno empieza a reconocernos por lo que somos“, explica Javier Valiente, lobbista en la firma Political Intelligence. Es una de las manos que pueden intentar influir en una ley y cree que “el lobbista es alguien que representa los intereses de un determinado sector frente a las instituciones”.
 
¿Cómo? “Se intenta aportar algo desde el primer momento, desde el primer borrador de un proyecto de ley. Se hacen contactos tanto a nivel político como técnico, y un seguimiento del proceso de cerca. También se lleva a cabo mucho trabajo de escritorio y de investigación jurídica y económica”, argumenta.
 
Pero a la hora de decidir qué entrará y qué no en el texto de una ley, el lobbista no tiene la última palabra: “Es el político o el funcionario quien fija la posición de la administración. Nadie más“, asegura Valiente resumiendo la posición de todos los entrevistados.
 
En un momento en el que la corrupción política es la primera preocupación de los ciudadanos, es complicado confiar en ese último paso. Muchos creen que a menudo influyen amiguismos, favores o apoyos útiles de cara al futuro, como demuestra el caso de las ITV, que azota al Gobierno de Cataluña: la nueva línea de investigación de la Fiscalía Anticorrupción cree que Oriol Pujol habría cobrado 30.000 euros al empresario de las ITV Ricard Puignou a cambio de votar a favor de sus intereses en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial del tripartit.
 
Pero la diferencia entre estas actividades y el lobby está en el Código Penal. “Es un trabajo que siempre ha existido: desde la antigüedad ha habido gente que intenta presionar a quien toma las decisiones”, sostiene Fernando Golmayo Alonso, Director de Relaciones Institucionales de Microsoft y uno de los fundadores de APRI. Bajo su punto de vista, el lobby sería una fórmula más de fomentar la participación de la sociedad en la política y evitar casos de corrupción: “Los políticos no tienen todos los conocimientos de todos los argumentos sobre los que legislan: es necesario que sepan qué hacer desde quien conoce el sector”.
 
¿Quién garantiza que el lobbista esté aconsejando y no manipulando? ¿Quién confía, hoy, en el buen sentido de los políticos? Nadie, si se busca la respuesta en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.
 
‘Los políticos no tienen todos los conocimientos de todos los argumentos sobre los que legislan: es necesario que sepan qué hacer desde quien conoce el sector’, señala uno de los fundadores de APRI
 
Es por ello que la transparencia de este proceso puede marcar un antes y un después. Para abrir más puertas al sector privado por un lado; para que los ciudadanos puedan tener más control sobre lo público por el otro: “En la Unión Europea, sabes perfectamente qué funcionario o qué persona lleva un dosier sobre un tema en concreto. En España, coge el caso de la Ley de Mecenazgo: nos está pasando que, a día de hoy, no sabemos quién está elaborando el borrador”, ejemplifica Jaime Olmos, lobbista de la consultora internacional Kreab Gavin Anderson.
 
La creación de la huella legislativa es una de las propuestas que barajan los miembros de APRI, y que no disgusta a más de un parlamentario. Implicaría implementar un seguimiento de todos los pasos que recorre una ley antes de su aplicación: un procedimiento de fácil aplicación con las nuevas tecnologías para que se pueda saber, entre otros, con quién se reunió el ministro de Medio Ambiente antes de que la Ley de Costas llegara al BOE.
 
“La huella legislativa serviría para dar una garantía en la toma de decisiones. Ayudaría a legitimar el sistema”, argumenta María Rosa Rotondo, que es Presidenta de APRI. “También está claro que es necesaria una cierta madurez parlamentaria para que esto se implemente, pero la responsabilidad del político está justamente en tener la opción de aceptar o no lo que le ofrecen”.
 
Agendas ocultas
 
¿Está listo el Parlamento español para una apertura de este tipo? La Fundación Ciudadan Civio ha intentado averiguarlo. En un reciente estudio, ha analizado las agendas de trabajo de todas las formaciones políticas, con el objetivo de fomentar la transparencia a la hora de conocer con quién se reúnen los representantes de la ciudadanía. “La mala noticia es que la gran mayoría publica solo actos oficiales”, resume en la web de su proyecto ‘Quién Manda’, pero “la buena es que empezamos a ver brotes verdes“.
 
La Fundación Ciudadana Civio ha averiguado que la gran mayoría de partidos publica solo actos oficiales en sus agendas públicas. Pero empieza a haber algunos brotes verdes a la hora de aplicar la transparencia a reuniones y encuentros
 
Entre los brotes está Joan Coscubella, diputado de ICV. Este barcelonés y su formación publican en su página web la agenda de todos sus encuentros, desde los que mantiene con ciudadanos hasta con grupos de interés o periodistas (incluida la que sirvió para este reportaje): “Apuntamos cualquier tipo de reunión de carácter no personal: me he visto con representantes empresariales, y lo apunto, pero también con sindicatos, que expresan su opinión sobre una regulación”, explica Coscubella a este diario.
 
“Negar que haya un lobby significa permitir el oscurantismo en su funcionamiento. Es dar espacio a la perversión de que haya intereses privados detrás de cada decisión”, añade. Aunque advierte: “Un lobbista por definición te informa de aquello que le interesa que tu conozcas, no de todo lo que hay”, como podría pasar a la hora de reunirse con un representante de la industria automovilística que necesite un nuevo Plan Pive.
 
El asunto no es ajeno a ningún diputado. Y posturas hay tantas como parlamentarios. En el Partido Socialista, Teresa Cunillera, diputada por Lleida, tiene muy claro que “lo malo no es que haya lobby. Lo malo es que un diputado no pueda, no sepa o no quiera explicar de dónde viene una iniciativa, quién se la ha comunicado”. En su caso, pocos días antes de reunirse con este diario había acogido a un grupo de alcaldes de Lleida, que insistían por una regulación de carácter local. “Si nos atenemos a la definición, han venido a hacer lobby. Pero ¿tendría que ficharles en un registro como lobbistas?”, se pregunta.
 
La creación de un registro de lobbistas acreditados en el Congreso -con carnét de lobbistas, como ahora tienen los periodistas- está sobre la mesa de la comisión que se reunirá, para debatir el tema, el próximo 12 de febrero. APRI, que presentará su propuesta, apuesta para que no solo exista, sino que sea de uso obligatorio.
 
Una fuente del Partido Popular, que prefiere que no se mencione su nombre, refleja su perplejidad al respecto. A pesar de no estar en contra de la regulación de los lobbies, nos los ve como algo concreto: “Cuando hay un asunto sobre el que legislar, solo hay grupos de presión de diferentes partes de la sociedad, desde las ONG hasta los empresarios”.
 
Uno de los mayores recelos a la creación de un registro de ‘lobbies’ es la relación que debería haber entre un diputado, que representa a la soberanía nacional, y el ‘lobbista’, que representa los intereses de un cliente
 
La realidad, admite también este miembro del PP, es que hay despachos y representantes de intereses corporativos que tienen clientes y que “quieren que el legislador reconozca su función para que tengan acceso a la Cámara, como la prensa, para hacer un seguimiento diario de lo que ocurre”. El diputado, que representa a la soberanía nacional, no puede verse presionado por “alguien que solo representa los intereses de su cliente”, añade. Razón por la cual concluye: “Un registro sí, pero bien planteado y desde luego no obligatorio”.
 
Hoy en día, los ciudadanos de a pie también pueden hacer lobby. Es la misma Presidenta de APRI quien admite que la Plataforma de Afectados por la Hipotecas (PAH) lo hizo a la perfección cuando presionó por una ley hipotecaria: “Cumplió con las medidas de presión que la Constitución, a día de hoy, permite”.
 
Desde más arriba, como las empresas del Ibex, se suele preferir usar “otra línea telefónica“: “Se debería, a cambio, facilitar la igualdad de acceso a los poderes públicos”, esgrime Rotondo.
 
“He escuchado llamar a lobbistas a las Corinas, a los Urdangarin, a los Bárcenas… No tienen nada que ver”, concluye la presidenta de APRI. Y, mientras fuentes del Ejecutivo aseguran que se legislará al respecto antes del fin de esta legislatura, pronuncia un deseo: “Preparar una regulación del lobby antes de que haya un escándalo que obligue a hacerlo”. Prevenir antes que curar.

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