El Superregulador.

JM_Quemada
CONFLICTOS SOBRE COMPETENCIA
 
La CNMC aumenta el control sobre los colegios de abogados.
 
Mercedes SERRALLER-Madrid-Expansión.com
 
Las autoridades de Competencia de Andalucía, País Vasco, Madrid y Galicia preparan expedientes, que planean trasladar al ‘superregulador’, sobre las recomendaciones de baremos salariales a letrados.
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está incrementando la presión que ejerce sobre los colegios de abogados en dos frentes: la fijación de baremos de honorarios y de requisitos territoriales para los letrados del turno de oficio .
 
El superregulador acaba de imponer sendas multas por estos dos asuntos y está reactivando su control sobre las recomendaciones de salarios, un asunto que parecía aclarado.Así, en noviembre la CNMC va a reunirse para analizar el estado de la cuestión en lo relativo a los baremos de honorarios, según trasladan fuentes conocedoras del encuentro.
 
A esto se suman los expedientes que preparan las autoridades de Competencia de Andalucía, País Vasco, Madrid y Galicia, casos que planean trasladar a la CNMC, añaden las mismas fuentes.
 
El pasado julio, el organismo que preside José María Marín Quemada impuso una multa al Colegio de Abogados de Las Palmas por una infracción “muy grave” al considerar que ha hecho una recomendación colectiva de las tarifas que deben cobrar los letrados por su trabajo.
 
Si bien los colegios han desterrado de sus webs las tradicionales tablas de honorarios y ya no reparten folletos o publicaciones al respecto, sí que acuerdan criterios para tasaciones de costas y actualizan cada año los puntos, ya que están obligados a informar a los tribunales. Este criterio o recomendación le ha costado la multa al Colegio de Las Palmas y puede estar detrás de otros expedientes que la CNMC podría abrir en los próximos meses.
 
En el caso de Las Palmas, el expediente declara probada la existencia de una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Éste consistente en una recomendación colectiva en materia de precios al emitir un dictamen favorable a uno de sus colegiados en la disputa relativa a honorarios mantenida por éste con un cliente, estando basado dicho dictamen en una aplicación cuantificada de los Criterios orientadores de honorarios profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas a los efectos de informe a requerimiento judicial en las impugnaciones de tasación de costas y jura de cuenta, que se difundieron en la página web del colegio y en circulares.
 
La CNMC admite la legalidad de un “documento de criterios orientativos de honorarios profesionales a los efectos de la tasación de costas y jura de cuentas de los abogados“, pero penaliza la difusión del mismo.
 
Estas directrices le parecen a Francisco Javier Lara Peláez, decano delColegio de Málaga, un”absurdo” que “puede atentar contra la seguridad jurídica”, ya que el ciudadano no puede saber el perjuicio que le puede suponer una condena a costas y al abogado le puede suponer una condena si presenta una minuta y la otra parte la impugna y le dan la razón. “La CNMC tampoco permite el uso privado de los criterios orientativos, no permite nada, lo que genera disfunciones e inseguridad jurídica para abogado y ciudadano“, lamenta.Lara Peláez se pregunta “cómo se hace un informe para el juzgado si no podemos facilitar información“.
 
El Colegio de Málaga actualizó en enero sus criterios de tasación en costas, acuerdo del que se han hecho eco en sus webs despachos como Cardador a la hora de informar de sus honorarios. Lara Peláez explica que en enero se publicó la actualización, pero visto el cuestionamiento que hace la CNMC de este asunto, la acaban de retirar.
 
La Ley Ómnibus, desarrollo de la Directiva de Servicios de 2006, establece que “los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los colegios observarán los límites de la Ley de Defensa de la Competencia“.
 
El decano de Málaga asegura que desde 2006 el Colegio ha eliminado toda recomendación de honorarios, pero que está obligado a informar a los tribunales de los criterios de costas. “¿Cómo lo hacemos si no podemos reflejarlos en un texto, que será susceptible de ser difundido?“, se pregunta.
 
La lucha por la liberalización del turno de oficio se recrudece
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado recientemente al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con 59.983 euros y al Colegio de Abogados de Guadalajara con 30.000 euros porque considera que han infringido el artículo 1 de la Ley 16/1989 y el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Cierra así el expediente que abrió en febrero de 2014 al colegio y que luego amplió al CGAE. La CNMC cree que las manifestaciones realizadas por el CGAE en reuniones y en una respuesta a la solicitud del Defensor del Pueblo infringen el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia al establecer requisitos sobre residencia y situación del despacho en el turno de oficio.
 
Además, a juicio de la CNMC, el artículo 2.1 del reglamento de turno de oficio, asistencia al detenido o preso y derecho a la justicia gratuita del Colegio de Guadalajara es contrario a la Ley de Defensa de la Competencia.
 
Este reglamento exige pertenecer al colegio para prestar servicios de asistencia jurídica gratuita en su demarcación territorial y establece requisitos de residencia y despacho profesional en la provincia y una experiencia profesional de tres años en ejercicio efectivo para que un abogado pueda ejercer su actividad. Según la CNMC, estos requisitos compartimentan geográficamente el mercado y limitan la oferta de abogados que están colegiados en Guadalajara.
 
Asimismo, considera que la experiencia profesional supone una barrera injustificada de acceso al turno. La CNMC ha puesto en conocimiento esta interpretación de los colegios para que homogeneicen su conducta.
 
Por su parte, el CGAE ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional la sanción por considerar que la ley regula la asistencia jurídica gratuita como un servicio público de interés general.
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El conflicto de los honorarios
La Ley Ómnibus y la Ley de Colegios, desarrollo de la Directiva de Servicios de 2006, establecen que “los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los colegios observarán los límites de la Ley de Defensa de la Competencia”.
Los colegios han eliminado de sus webs estas recomendaciones.
Sin embargo, están obligados por ley a dar a los tribunales los criterios de tasación de costas, acuerdos cuya difusión veta la CNMC.

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