España apoya la creación de una Fiscalía Europea colegiada

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LUCHA CONTRA EL FRAUDE

España apoya la creación de una Fiscalía Europea colegiada que combata los delitos financieros.

Lexdiario.es

Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea debatieron ayer Bruselas la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a la creación de una Fiscalía Europea destinada a combatir las infracciones contra los intereses financieros de la Unión.

Un estudio de impacto realizado por la Comisión Europea calcula que en los últimos tres años se ha registrado un fraude de unos 500 millones de euros en este ámbito. Las grandes diferencias existentes entre los Estados miembros a la hora de perseguir este tipo de delitos han constituido uno de los principales capítulos a debate, además del tipo de estructura y organización que convienen aplicar a esta nueva entidad comunitaria.

El ministro de Justicia español ha manifestado, como ya hiciera en su declaración pública del pasado 29 de julio, su compromiso con “una iniciativa que implica un transcendental avance en la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE”. Ruiz-Gallardón ha expresado “el firme apoyo de España para constituir cuanto antes una Fiscalía Europea eficaz y eficiente, tal como nos lo exigen nuestros ciudadanos en tanto que contribuyentes a las arcas públicas”.

La constitución de esta Fiscalía Europea representa un nivel superior de integración en relación a las vías hasta ahora existentes, como son el reconocimiento mutuo de resoluciones, la cooperación judicial entre Estados miembros o la armonización de infracciones y sanciones. Por ello, tanto la atribución de competencias exclusivas a la Fiscalía Europea sobre delitos financieros como las posibles competencias accesorias sobre delitos conexos a estos, son especialmente complicadas, como lo son también las cuestiones que pudieran afectar a las reglas de jurisdicción nacionales (por ejemplo, todo lo relativo al inicio de investigaciones).

Frente a un modelo personalizado en un Fiscal Europeo -que nombraría el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo-, propuesto por la Comisión Europea, un grupo de diez países miembros, entre los que se encuentra España, ha defendido una estructura central colegiada, combinada con una máxima descentralización para el ejercicio de la mayoría de las competencias operativas por los Fiscales Europeos Delegados ubicados en cada Estado miembro.

De este modo las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y el ejercicio de recursos ante los tribunales nacionales recaerán de modo ordinario sobre los Fiscales Europeos Delegados. Según este modelo, el nivel central podría tener competencias de supervisión e incluso dar instrucciones en determinados casos a los Fiscales Europeos Delegados, así como la posibilidad de decidir sobre la jurisdicción nacional donde presentar un caso o acordar el archivo definitivo de las actuaciones.

Ruiz-Gallardón ha subrayado durante su intervención “la necesidad del reconocimiento de las garantías procesales adecuadas en cualquier proceso penal, incluidas tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión como en las Directivas sobre la materia y en los derechos nacionales respectivos”.

El control jurisdiccional de los actos de la Fiscalía Europea quedaría encomendado, según la propuesta española, a los órganos jurisdiccionales nacionales, por lo que esta entidad tendría la consideración de autoridad nacional. Aunque independiente, mantendrá una relación especial con Eurojust en aspectos operativos, administrativos y de gestión. También tendría que interactuar con otros órganos ya existentes, como Europol, así como con las autoridades nacionales tanto policiales como judiciales y relativas a la fiscalía.

En cualquier caso, el titular de Justicia ha reiterado su propuesta de que este modelo sea revisado a los cinco años de su puesta en marcha para valorar entonces su eficacia y estudiar si son necesarios algunos ajustes en su estructura, en su funcionamiento o, incluso, en los asuntos objeto de la Fiscalía común.

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