“Estamos ante una involución del Estado de Derecho”

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Juan Antonio García Cazorla, decano del Colegio de Abogados de Sabadell:
“Es necesario que cuando el legislador proponga un cambio normativo se oiga la voz de la abogacía”

 
LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 
En este repaso que estamos dando a la justicia y sus protagonistas, no podíamos dejar de lado a los Colegios de Abogados, entidades de derecho público que se extienden en todo el territorio nacional desde hace muchos años, como nexo de unión entre sus abogados colegiados y el propio ciudadano. Con Juan Antonio García Cazorla, decano del Colegio de Sabadell desde hace cinco años, hemos hablado del papel de estas entidades en el contexto de reformas que impulsa el Ministro Gallardón:” Son totalmente negativas. En total desacuerdo con las reformas que está planteando el Sr Gallardón. Estamos ante una involución del Estado de Derecho, cerca de su desmantelamiento y nos va a dejar una justicia que va a estar peor que cuando entró en el propio Ministerio de Justicia”, comenta al inicio de esa entrevista. Luego profundizamos más en detalle para subrayar que “la administración asumiera el papel de los Colegios de Abogados tiene más puntos en contra que a favor. Nosotros ya gestionamos tanto el Turno de Oficio como la propia deontología de los letrados. Se perdería la cercanía con él. Y otro, importante: el rigor con el que se llevamos estos temas”, comenta.
 
En primera persona
 
“El Colegio de Abogados de Sabadell fue fundado en 1905. Hace ya nueve años celebramos su primer centenario. Esta es una institución que siempre se ha caracterizado por su independencia frente a otras instituciones cercanas como el ICAB de Barcelona.
Somos cerca de 1300 colegiados, entre ejercientes y no ejercientes. Creo que es una institución viva, con mucha actividad. Da servicio al propio Sabadell y a Cerdanyola del Vallés, dos partidos judiciales diferenciados.
Reconozco que el comportamiento de los colegiados de la institución es muy bueno a nivel deontológico. Siempre hay alguna excepción pero son los menos en la entidad.
Estoy vinculado a la abogacía desde 1985, colegiado primero en Sabadell; luego en Terrasa y Barcelona. Ahora solo conservo la colegiación de Sabadell. En 1999 decidí presentarme a unas elecciones como diputado primero, Vicedecano, frente a la Junta de Gobierno actual. En aquel momento mi candidato era Manuel Hernández Martín.
Mi trayectoria en el Colegio es amplia. He estado como vicedecano con José Ricardo Rovira; con posterioridad ocho años, dos mandatos con Manuel Hernández. Y desde el 2009 asumo las competencias de decano de Sabadell.
Hace año y medio fui reelegido con el 90 por ciento de los votos. A la vez soy vicepresidente del Consell de la Abogacía Catalana, entidad que agrupa a los catorce colegios catalanes.
Desde hace muchos años compagino la abogacía con mi otra pasión:la música. Tengo en mi casa un estudio de música donde le dedico parte de mi tiempo libre a explorar las tendencias de la new age.”
 
Sr García Cazorla: Desde su puesto de decano de esta entidad colegial, ¿cómo observa estas reformas que planea el ministro Gallardón?
 
Son totalmente negativas. En total desacuerdo con las reformas que está planteando el sr Gallardón. Estamos ante una involución del Estado de Derecho, cerca de su desmantelamiento y nos va a dejar una justicia que va a estar peor que cuando entró en el propio Ministerio de Justicia.
 
¿Hasta qué punto estas reformas pueden cuestionar la viabilidad de los Colegios Profesionales?
 
El problema no es tanto la viabilidad de los Colegios por las reformas que ahora comentaremos con más detalle y que impulsa el Ministro Gallardón. En una de sus reformas, amparada por la Ley de Servicios Profesionales, planea reducir colegios que alejaría aún más al ciudadano de la justicia según el modelo actual.
Esta lejanía también viene respaldada por las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (LOPJ) con el modelo que plantea de Tribunal de Instancia, solo en capitales de provincia producirá el mismo efecto de alejamiento frente al ciudadano.
 
¿Es necesaria una nueva reorganización de los tribunales tal y como se plantea en la propia LOPJ en estos momentos?
 
Nadie discute la necesidad de reorganizar los partidos judiciales más acorde con lo que es la demografía actual y las necesidades de la población. Estoy de acuerdo en la especialización del os juzgados y en el nuevo concepto de la Oficina Judicial.
En ese nuevo concepto, los jueces se centrarían en su labor de juzgar y la labor administrativa recaería en funcionarios especializados. Se apuesta por servicios comunes a todos los jueces para que estos puedan hacer mejor su trabajo.
Con esta medida se pretende agilizar la tramitación procesal del asunto. El concepto de especialización es bueno si no se territorrializa, como se hace con la LOPJ, en capitales de provincia. Este es el motivo por el que se aleja la justicia del ciudadano.
El CGPJ presentó un informe sobre esta cuestión también. Los 14 colegios catalanes pudimos verlo y dar nuestra opinión, se modificó una parte accediendo a nuestras peticiones porque conocemos mejor el terreno que nadie. Es curioso pero hace más de dos años cuando se elevó ese informe al Ministro, éste no estuvo de acuerdo con los cambios e hizo su propia componenda.
 
¿Cuál es su opinión de la labor del Ministro Gallardón?
 
Lo peor que se puede decir de él es que no ha escuchado a ningún estamento judicial ni jurídico y las reformas no están consensuadas. Tiene su criterio propio que no coteja con los operadores jurídicos que somos los que conocemos mejor que nadie las necesidades reales de las personas.
 
Gallardón impuso una Ley de Tasas que ha reducido la litigiosidad de forma notable ¿Qué impacto ha tenido en Sabadell y alrededores?
 
Ha tenido un impacto importante. Al colegiado le afecta en la misma manera que le afecta a sus clientes. Con esta ley y con la propia LOPJ se observa la idea de tener menos trabajo en los tribunales de justicia y ser más eficaces en el funcionamiento.
No obstante este planteamiento cae por su propio peso cuando con la Ley de Tasas se veta el acceso a la justicia a mucha gente necesitada. Las tasas son astronómicas, nada que ver con las que hay en la justicia catalana que no exceden los 150 euros. Pueden llegar a los 10.000 euros en función del asunto.
En las apelaciones pasa lo mismo. Hay que presentar un depósito para recurrir, medida que ya implantó el PSOE cuando gobernó, además del pago de abogado y procurador. La justicia, hoy por hoy es prohibitiva.
El número de demandas ha mermado en un 40 por ciento y los recursos de apelación en otro 50 por ciento por motivo de las tasas. El malestar de los ciudadanos lo conocemos a través de sus propios abogados.
 
Frente a la litigiosidad y las tasas, ¿Hay alguna otra medida que pudiera ayudar a disuadir al ciudadano de no ir a los tribunales que no fuera tan gravosa como ésta?
 
La cuestión no es tanto privar del acceso a la justicia a las personas, sino el dotar a la administración de justicia de los medios adecuados para que pueda hacer frente a esas demandas y necesidades de los ciudadanos.
Podemos hablar de la mediación y de otros métodos alternativos de resolución de conflictos que pueden ayudar en esa labor de descargar a jueces y tribunales de trabajo.
La idea seria autorresponsabilizar a las personas de que no todo tendrá una resolución judicial, tendrán que hacer ese ejercicio de responsabilidad para resolver su tema en cuestión con la ayuda de un mediador.
Como profesionales del Derecho nuestra obligación es apostar por impulsar la cultura de la mediación. Los pactos a los que las partes llegan por la mediación son más fáciles de cumplir que aquellos que vienen tras una sentencia judicial.
 
Siempre se ha dicho que la implantación de la mediación y otros métodos alternativos depende de los abogados. ¿Cambiará algún día su resistencia a estos sistemas extrajudiciales?
 
Sí, sin duda. Por una razón. El miedo de los abogados a la mediación es un temor infundado. Hay que darse cuenta que el proceso de mediación no excluye la intervención del abogado. Las partes deben estar asesoradas jurídicamente.
Incluso las propias leyes autonómicas y la actual nacional contempla la posibilidad que el propio abogado pueda asistir a una sesión de mediación. El abogado también será clave si se documenta el acuerdo de mediación donde tendrá que velar porque todos los términos de esa transacción sean correctos.
Hay conflictos que no deberían llegar a un juzgado; sobre todo aquellos de pequeña cuantía que hace mover toda la maquinaria judicial. En Catalunya impulsar un pleito asciende a unos 2500 euros. En este tipo de situaciones derivar las partes a mediación sería un acierto.
 
En este contexto, despenalizar las faltas también podría ayudar bastante en mejorar la rapidez de nuestra justicia.
 
Podría ser otra buena idea. El peligro está en administrativizar todas las faltas o en elevar algunas a delito. Habría que ver el tipo penal que se quiere establecer en concreto.
 
En estos últimos años, donde alterna el despacho con el decanato del Colegio, ¿Cómo compagina ambas facetas?
 
Se trata de organizarse muy bien pero no es tarea sencilla. En mi caso gracias a la afición por las nuevas tecnologías dispongo de toda la información a mi alrededor.
Junto a ello dispongo de la colaboración de mis socios y colegas de despacho que me ayudan bastante. Tanto el Colegio como el CICAC quitan tiempo y gracias a ello podemos hacer ese equilibrio entre ambas facetas profesionales.
Reconozco que un cargo como decano del Colegio de Sabadell es una ocupación de gran responsabilidad que ofrece grandes satisfacciones pese a que no sea un cargo remunerado.
 
¿Qué le aporta a un profesional como usted el uso de las redes sociales e Internet en su trabajo diario?
 
Es una herramienta muy útil para nuestro trabajo y no es tan complicada de utilizar. Lo que sucede que en esta vida hay que ser organizado y metódico. En mi caso procuro llevar la gestión de mis redes sociales al día.
Lo que más me gusta de las redes sociales es su inmediatez. Que la noticia puedas casi vivirla al momento. El peligro, el uso pernicioso que se hace de estas herramientas desde el anonimato. Me preocupan las violaciones de la intimidad y las suplantaciones de identidad en la propia red.
 
¿Qué le ofrece a un abogado de Sabadell esta institución colegial que usted preside?
 
Los Colegios de Abogados tenemos una doble vertiente; una pública y otra privada. En la primera como corporación de derecho público la administración delega algunas funciones en nosotros, como la deontología de los abogados, la gestión del Turno de Oficio como apoyo a aquellas personas sin recursos para litigar.
Desde el plano privado, impulsamos el derecho al asociacionismo entre todos los abogados. Ofrecemos un cúmulo de servicios que de forma individualizada el abogado no se podría costear. Es el caso de la formación a través de diferentes cursos, servicios en forma de descuentos en ciertas entidades.
Los colegios canalizamos sus quejas a través de la Comisión para la Admon de Justicia del CGAE desde donde se plantean quejas contra determinados jueces y magistrados por considerar que no actuán adecuadamente. Igual lo hacemos en el TSJ de Catalunya. Realmente el colegiado se ve amparado por el Colegio.
 
En este contexto colegial, ¿Qué papel deben jugar los abogados jóvenes desde sus AJAs y agrupaciones específicas?
 
Creo que su labor hay que tenerla muy en cuenta. En nuestra entidad funciona con gran actividad los Joves Advocats de Sabadell con los cuales mantenemos una intensa relación. Recuerdo como se volcaron en el tema de las tasas judiciales para secundar las manifestaciones que se organizaron
Se organizan actividades de forma continuada, este jueves 24 una jornada sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la que acude Eugeni Gay, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y Fermín Morales, catedrático de Derecho Penal.
 
¿En el futuro veremos el llamado e-colegio, con un contenido más tecnológico como parece que pueda gestarse así?
 
Es algo progresivo. Nuestra institución colegial ya está posicionada en redes sociales y su web es muy activa. Procuramos que nuestros colegiados reciban las cuatro o cinco noticias más importantes al dia. Así están informados de las novedades legislativas, sentencias o noticias más destacadas. Lo hemos hecho en los últimos quince años así.
 
Respecto al modelo actual de CGAE, ¿Le parece el más adecuado para gestionar la actividad de la abogacía como colectivo?
 
Creo que funciona bien aunque podría funcionar mejor. A la superestructura del CGAE le falta estar mejor coordinada a nivel interno. Dicho esto los niveles de satisfacción no son bajos en cuanto a su labor.
Tenemos un CGAE que representa a la abogacía, sea donde sea. Y existe mucho voluntarismo para solucionar las cosas. Otra cuestión es que se acierte a la hora de plantear un tema o de dinamizarlo internamente.
 
Entiendo que desde el propio CGAE se apuesta por el modelo actual de 83 Colegios de Abogados activos en nuestro país.
El talante ha cambiado mucho y ya hay mucha unidad interna sobre este tema entre los propios decanos. Los nuevos decanos de Madrid y Barcelona, Sonia Gumpert y Oriol Rusca con los que tengo una buena amistad, respaldan este modelo.
Ahora hay un mayor espíritu de colaboración conjunta. De poner todos de nuestra parte y de asumir de forma conjunta las reivindicaciones con el objetivo final de defender al ciudadano y sus derechos desde el propio ejercicio libre de la abogacía.
 
Hace unos días, Oriol Rusca, Sonia Gumpert y Fco. Javier Lara, decano de Málaga, y Presidente Comisión Justicia Gratuita del CGAE, expresaron sus duras críticas al proyecto de ley del Gobierno para reformar este servicio.
Comparto los comentarios que señalaron en esa presentación. De esa presentación estábamos al tanto el resto de decanos del CGAE. La única diferencia en cuanto a matiz es que en Catalunya tenemos transferidas las competencias del Turno de Oficio y nos gustaría que siguiera siendo así.
Nuestra idea es que cualquier mejora del turno de Oficio se haga desde Catalunya y no tengamos que recurrir al gobierno central para este asunto concreto. Estamos contentos con nuestro modelo. Es mejorable pero estamos muy contentos del trabajo de los abogados del turno de oficio. Ellos logran que personas sin recursos estén atendidas a nivel jurídico.
 
¿Es posible que una de las soluciones a los problemas de la Justicia Gratuita pudiera ser que todos los abogados en cualquier punto de España cobraran lo mismo?
 
No estoy disconforme con que todos los compañeros cobraran lo mismo por el servicio. Pero habría que igualarlo por arriba de tal forma que todos cobrásemos igual. Es el mismo planteamiento que comentó Oriol Rusca en rueda de prensa sobre esta cuestión.
 
Hay otras reformas más procesales que plantea Gallardón. En concreto pretende reorganizar las instrucciones penales y actualizar nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal e impulsar por fin la jurisdicción voluntaria.
Es evidente que necesitamos la Jurisdicción Voluntaria. Se trata de desjudicializar asuntos donde no exista la controversia que haga necesaria la intervención del juez. Hasta ahora es una modificación legislativa que no se ha logrado aplicar pese a que es necesaria.
Estamos en el momento de su aplicación, que los notarios se encarguen de temas matrimoniales es un error. En ese aspecto los abogados, muchos de nosotros con experiencia en materia de familia, es fundamental.
 
Por lo que veo en este asunto la clave debe residir en no dar este servicio a un único colectivo profesional, como si fuera un monopolio.
 
Es cierto, hay asuntos que pueden tener sus destinatarios casi prefijados. Todas las declaraciones ab intestato las pueden hacer los notarios perfectamente.
Luego también se puede contar con los secretarios judiciales y registradores para otros asuntos. Dicho esto el ámbito estricto del derecho de familia no se le puede quitar a los abogados.
 
¿Cómo se ve el papel de los Colegios de Abogados en un escenario de cinco años en adelante?
 
Hay que seguir mejorando mucho y seguir aportando valor a los colegiados. Otro tema tiene que ver con nuestra influencia en la sociedad. Deberíamos ser más fuertes en ese sentido y que nuestros CiCAC y CGAE tuvieran más voz cuando se gestiona un proyecto de ley.
Es fundamental que se oiga la voz de la abogacía con mayúsculas, sobre todo cuando exista una voluntad de cambio legislativo a nivel estatal. El Ministro Gallardón nos prometió que nos oiría en el tema de las Tasas y luego hizo caso omiso.
 
Se trataría que la abogacía recuperase su sitio en el terreno político y decisor.
 
Cierto. En la sociedad siempre ha tenido su lugar claro. Los abogados debemos ser un grupo importante de influencia en aspectos como antes le comentaba. Es curioso que muchos de nuestros políticos tienen esa cultura jurídica, son abogados la mayoría.
Creo que a los abogados se nos tiene miedo porque somos parte importante de la sociedad civil, de hecho la capacidad organizativa de los colegios es muy grande. De ahí que en algunas instancias se nos vea como una amenaza por encima de nuestra capacidad de servicio.
 
Finalizamos, ¿Es posible plantear una abogacía en ejercicio sin sus Colegios Profesionales?
 
Todo es viable en la vida pero realmente sería una locura. La función de los Colegios en la abogacía es clave pese a que tenga que actualizarse como tantas otras cosas. Ahí está nuestro trabajo en el Turno de Oficio que se gestiona 24 horas al dia todo el año.
Por otro lado, estamos hablando de una forma de organización útil que vela por los derechos de los ciudadanos desde la supervisión a la deontología de los propios abogados. Que la administración vertebrase todo esto tiene más puntos en contra que a favor. Uno de ellos sobre todo, la cercanía con el ciudadano. Y otro, importante: el rigor con el que se llevan estos temas.

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