Examen de acceso a la abogacía en la Primavera de 2014

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El examen de acceso a la abogacía no se realizará hasta la primavera de 2014
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La prueba de acceso de ámbito nacional necesaria para poder colegiarse como abogado o procurador no tendrá lugar hasta finales de abril, o incluso mayo, a pesar de que la mayoría de másteres impartidos en las facultades de Derecho terminarán el próximo mes de enero, fecha en la que estaba previsto que se realizara el examen. Así lo ha explicado a Diario Jurídico el Presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), Alejandro Soto Carbajal, tras reunirse, junto con la secretaria general del Consejo, Marta Tejerina Sarasúa, con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde Díaz, a fin de tratar la reforma de la prueba de acceso.

“Los estudiantes se quedarán sin posibilidad de hacer prácticas ni colegiarse durante meses”, lamenta Soto, que asegura que “el Ministerio está colapsado y todavía no tiene clara la estructura del examen”. A la espera de que el Gobierno apruebe la orden ministerial que regule el examen, lo que está claro es que las pruebas piloto que presentó el anterior equipo de gobierno dirigido por Francisco Caamaño -y que todavía están publicadas en la web del ministerio- no servirán para que los alumnos puedan prepararse la prueba.
Frente a una propuesta inicial que consistía en responder unas 50 preguntas tipo test y en resolver un caso práctico a elegir entre las distintas áreas del derecho, el Consejo de Estudiantes propone que los graduados puedan elegir, previamente, una de las disciplinas jurídicas de entre los cuatro órdenes jurisdiccionales -civil, penal, administrativo o laboral-. De este modo, los alumnos no tendrían que prepararse los contenidos de todas las áreas del derecho, sino que se focalizarían en un solo ámbito, ya fuera resolviendo un caso práctico -a través de respuestas múltiples- o respondiendo distintas preguntas tipo test sobre la materia elegida. Su propuesta no contempla la modificación de la primera parte de la prueba, centrada en cuestiones transversales como la deontología, el funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita o el entorno organizativo colegial.

Por su parte, el Ministerio se ha comprometido a “estudiar detenidamente” la propuesta de los estudiantes, que cuenta con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) tal y como manifestó su presidente, Carlos Carnicer, este mismo mes. Según el representante de los estudiantes, Soto Carbajal, el modelo propuesto permitiría, además, que los másteres ofrecieran vías de especialización en lugar de una formación generalista, tal y como están planteados en la actualidad.
“Se trata de la primera propuesta concreta y razonable que, contando con el visto bueno de los principales agentes interesados en la reforma, se ha trasladado al Ministerio de Justicia. Esta es la propuesta de los estudiantes, que hemos tomado la iniciativa a la vista de la dilación en el tiempo del conjunto del proceso de reforma, así como el descontento generalizado del CGAE, las Universidades y los estudiantes con los primeros proyectos de reestructuración de las condiciones de acceso a la abogacía. Nuestro objetivo es alcanzar una prueba objetiva y útil, que verifique fielmente los conocimientos adquiridos por los estudiantes, con la mínima repercusión negativa en el desarrollo profesional de los alumnos que hayan finalizado el Máster de Acceso a la Abogacía” afirma el presidente del CONEDE, Alejandro Soto Carbajal.

Origen: la polémica ley de acceso 34/2006
La necesidad de superar una prueba nacional para poder colegiarse y acceder a la profesión proviene de la Ley 34/2006, una norma que ha tenido cinco años de vacatio legis -la mayor de la democracia- y que ha provocado casi veinte borradores de un polémico reglamento de desarrollo, que finalmente vio la luz en junio de 2011.

Tras superarse la controversia, el año pasado, sobre si los licenciados en Derecho quedarían o no exentos del nuevo régimen de acceso -y la aprobación de una enmienda transaccional que los libera finalmente de la aplicación de la ley-, las dudas se centran ahora en el examen de acceso, cuyo contenido debe ser regulado por una orden ministerial.

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