Un comité debate los criterios para aplicar el derecho al olvido

Google
El comité de expertos de Google debate los criterios para aplicar el derecho al olvido
 
Rosario G. Gómez – El País
Google ha recibido más de 100.000 peticiones de borrado de datos en aplicación del llamado derecho al olvido, según sus responsables, que, sin embargo, no han cuantificado el porcentaje de solicitudes aceptadas. El gigante de Internet ha celebrado en Madrid una audiencia pública en la que han participado los miembros del comité designado por la compañía, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de UE que avala el derecho de los ciudadanos a la supresión de enlaces que contengan información irrelevante y caduca. Una veintena de expertos han sido convocados en para examinar los criterios a la hora de borrar contenidos.
 
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mayor reconocía el derecho de los ciudadanos europeos a hacer desaparecer de los buscadores de Internet (no solo de Google) aquella información sin interés público que pudiera ser lesiva para los afectados. Historiadores, expertos en derecho constitucional, periodistas y representantes de asociaciones de consumidores han participado en el encuentro.
 
Ha abierto el fuego la experta en privacidad Cecilia Álvarez, que ha considerado que Google se enfrenta a “un papel difícil” a la hora de ponderar el derecho del individuo con el borrado de datos que le resulten denigrantes y el derecho de los ciudadanos a la información. “Los jueces actúan con ponderación. Tienen intereses en la justicia y en la verdad. Pero el buscador tiene solo un interés económico“. Ha mencionado también el derecho al “arrepentimiento“, es decir, la capacidad de una persona de retirar de las redes sociales o de Internet datos del pasado que puedan serle perjudiciales.
 
Los expertos han coincidido en que Google actúa como juez y parte. “Decide sobre un derecho tan importante como es la privacidad“, ha apuntado el profesor de Filosofía del Derecho Alberto Iglesias, según el cual el buscador se enfrenta a una tarea titánica que le obliga a ponerse en el papel de editor en lugar de desempeñar la función de mensajero. De hecho, la sentencia europea obliga a los buscadores a analizar los contenidos, cuando en realidad, los motores de Internet “deben ser meros intermediarios de la información“. Una solución sería conservar la información que pretenda borrar relegándola en el buscador para que no sea fácilmente accesible. Para ello sería necesario contar con el consentimiento del afectado.
 
La historiadora Milagros del Corral ha reivindicado el derecho a la memoria. “Desde una perspectiva histórica tenemos que tener en cuenta el derecho a la memoria. Si no, acabaremos destrozando la historia de nuestro siglo“. Este derecho permite, ha subrayado, conservar las fuentes disponibles para la investigación. Del Corral se ha mostrado contraria a hacer desaparecer aquellos acontecimientos “desagradables“, como los relacionados con la corrupción, las deudas o los escraches, que pueden explicar el “turbulento periodo de la historia europea contemporánea de manera más precisa que las estadísticas económicas“. Borrar estos actos sería “una distorsión de la historia“, ha dicho.
 
Para la catedrática de Derecho Constitucional y Comunitario Montserrat Mieres la sentencia tiene un alcance limitado. No obliga a eliminar la información sino el link cuando se busca a una persona que teclea su nombre y apellidos y aparecen datos obsoletos, desfasados, inapropiados o irrelevantes. Las personas privadas que cometen delitos, si no hay interés público, tienen derecho a que una vez cumplida la condena desaparezca es información perjudicial. Con algunas excepciones: cuando se trata de autores de genocidio prima el derecho de la comunidad a conocer los hechos.
 
El buscador tiene solo un interés económico
Cecilia Álvarez, experta en privacidad
 
Sin embargo, para aquellos que ejercen el fisgoneo digital es pertinente la eliminación de datos obsoletos, no actuales y sin interés público. Bien distinto es el caso de los personajes públicos, como políticos o artistas. Aunque estén retirados deben mantenerse vivas las informaciones porque permiten a la comunidad analizar patrones de conducta. Personas públicas son “aquellas que entran en la arena publica voluntariamente y asumen el riesgo de que su vida sea sometida a escrutinio de los ciudadanos” y también los profesionales que se benefician del capital de atención proporcionados por el público, según Mieres.
 
Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, percibe que debe existir un equilibrio entre el derecho a la privacidad y a la información, pero, en su opinión, la sentencia da más valor a la intimidad que la información. Tras criticar que la decisión del borrado se deja en manos de un tercero, ha afirmado que Google ha dado una respuesta razonable con la creación del consejo asesor. No obstante, ha considerado “preocupante” que ante la duda, Google opta por desindexar un contenido y eso conduce “a que pueden desaparecer del espacio público una gran cantidad de contenidos” que tienen interés para la comunidad.

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