Guía para comprender los últimos cambios legislativos de Gallardón

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Guía para comprender los últimos cambios legislativos de Gallardón
 
A. Vigil/V. Moreno
 
La larga lista de reformas planteadas por Alberto Ruiz-Gallardón puede dar un vuelco a los pilares del sistema judicial. Guía completa para no perderse con las modificaciones más importantes de esta legislatura.
 
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Desde que el 22 de diciembre de 2011 tomara posesión de su cargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha impuesto un ritmo frenético a su cartera ministerial. Su mandato ha supuesto una revolución para la Administración de Justicia sin precedentes, con reformas legislativas que llegan hasta los pilares del sistema judicial español.
 
Es difícil encontrar alguna ley o normativa que no se haya visto afectada en cierta manera por las reformas aprobadas o propuestas en los dos últimos años y medio. También los diversos colectivos del ámbito de la Justicia –jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, notarios o registradores– han sido objeto de la vorágine legislativa.
 
Desde la reorganización del mapa judicial, el reparto de nuevas competencias a diferentes colectivos, la introducción de las tasas judiciales o cambios de gran calado en normas procesales, la lista de reformas puestas en marcha es extensa y su tramitación está siendo, en muchos casos, polémica.
 
EXPANSIÓN ha elaborado una guía para no perderse con las principales reformas de Gallardón. Justicia está participando también en la regulación de otras normas en las que llevan la iniciativa otros ministerios. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, con enormes implicaciones para colectivos como los de abogados y procuradores, o las últimas modificaciones introducidas en la Ley Concursal, para agilizar la refinanciación de empresas en quiebra.
 
En las próximas semanas, se espera que se vayan aprobando más normas, como la adjudicación de la gestión del Registro Civil, mientras que otras podrían quedarse en el tintero, como la nueva Ley de Demarcación y Planta, que al no tramitarse en paralelo con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría no aprobarse en esta legislatura.
 
Guía práctica: los cambios legislativos más importantes
 
Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
 
– Se crean los tribunales provinciales de instancia y desaparecen las audiencias provinciales. Su sede oficial estará en la capital de provincia, pero se podrán mantener otras sedes desplazadas ya existentes, en función de determinadas circunstancias.
– Los asuntos de especial trascendencia podrán ser instruidos por tres jueces.
– Desaparecen los jueces de paz, pero no los juzgados de paz, que asumirán labores de apoyo y acceso al Registro Civil.
– Los tribunales superiores de justicia ven ampliadas sus competencias porque asumirán las que tenían las audiencias provinciales en apelación en materia civil y mantendrán las que tenían en contencioso y social. También serán los encargados de conocer los recursos de casación en derecho autonómico.
– La Audiencia Nacional contará con una sala de instancia de lo penal y otra de lo contencioso donde se enmarcarán los actuales juzgados centrales a través de unidades judiciales y una sección colegiada que será la encargada de juzgar. Además, habrá tres salas superiores, una para penal, otra para contencioso y la tercera de lo social. También contará con una sala de asuntos generales.
– Cada tres meses se decidirá cuál es la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo (TS) y se publicará en el BOE.
– Se introduce la cuestión jurisprudencial previa como vía de diálogo entre los distintos jueces y el TS. La casación se abre a cualquier resolución de los demás tribunales en materia civil y contenciosa. Será el TS quien resuelva el recurso de revisión que se pueda interponer para el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el Alto Tribunal incorpora tres salas especiales de conflictos para resolver los que se produzcan con otros poderes públicos, con la jurisdicción militar y entre juzgados de diferente orden. La Sala del 61 pasa a llamarse Sala de Asuntos Generales. Aumenta de 15 a 20 años la antigüedad para ser magistrado del Supremo.
– La Reina y los Príncipes de Asturias pasan a ser aforados.
– El CGPJ podrá actuar en caso de que se perturbe a un juez para exigir el cese de tal conducta. Además, el juez unipersonal que se sienta “gravemente inquietado” podrá solicitar que el asunto que está estudiando sea tramitado y resuelto por un órgano judicial colegiado.
– El CGPJ determinará por reglamento los criterios para la concesión de las subvenciones que les otorga para sufragar a las asociaciones judiciales.
– Desaparecen las categorías de la carrera judicial: todos serán jueces, aunque con seis años de antigüedad tendrán el tratamiento de magistrados de forma honorífica.
– Se suprime la responsabilidad directa del juez.
– Los secretarios judiciales pasan a denominarse Letrados de la Administración de Justicia. También para ellos se suprimen las categorías. En su régimen sancionador se incorpora una multa de hasta 6.000 euros para infracciones leves y graves.
– Se declara hábil el mes de agosto para actuaciones cuya demora pueda causar perjuicios irreparables o afectar al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
 
Propuesta de Código Mercantil
 
– Ante la dispersión legislativa, el código reagrupa y organiza la legislación existente en materia mercantil y añade cuestiones que estaban carentes de regulación.
– En materia de sociedades mercantiles, se introducen reglas sustantivas de los grupos de empresa, así como una regulación mucho más completa y detallada de las sociedades cotizadas. Por ejemplo, se regulan la retribución y los tipos de consejeros o el funcionamiento de los consejos de administración. Lo que hasta ahora se regía por códigos de buen gobierno no vinculantes, pasan a ser normas de obligado cumplimiento.
– Muchos contratos que se vienen celebrando estaban en situación de atipicidad; se regulaban en la práctica, pero no tenían una regulación legal, como por ejemplo los contratos bancarios. Asimismo, en los medios de pago se regulan las tarjetas.
– Se agrupa la legislación especial sobre competencia (en sus vertientes de competencia desleal y defensa de la competencia), con análisis unitario de las posibles acciones a ejercitar en dicho marco; a lo que añade la propiedad industrial, con una novedosa regulación de los códigos de conducta.
– La prescripción adquiere una regulación autónoma, desligada del Código Civil, previendo un plazo general de tres años, cuando no se fije expresamente; a lo que se añade la regulación novedosa de la caducidad.
– Plantea garantizar la unidad de mercado para aumentar la seguridad jurídica de los operadores.
 
Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria
 
– Descarga de asuntos a la Administración de Justicia para pasar a entregar nuevas competencias a colectivos del ámbito de la Justicia, como notarios y registradores.
– El juez resolverá los expedientes en materia de personas y familia, como los derechos de menores o las donaciones de órganos. También se ocupará de algunos asuntos en materia mercantil y de derecho sucesorio.
– Los demás casos se encomendarán a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, en función de la proximidad con su especialidad.
– Se abre la posibilidad de que los notarios puedan celebrar matrimonios y también podrán encargarse de las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, en ausencia de hijos menores.
 
Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
 
– Entrega nuevas competencias a los secretarios judiciales en actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de resoluciones, siempre bajo el control judicial.
– El ciudadano podrá elegir en cada procedimiento que estos actos se realicen por los funcionarios de la Administración de Justicia o por este colectivo.
– También introduce cambios en los juicios verbales otorgando a las partes, por ejemplo, la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista.
 
Ley de Tasas Judiciales
 
– Pasan a afectar tanto a personas físicas como jurídicas y sólo se exonera a aquellos a los que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
– Se aplican en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, aunque en éste último sólo en segunda instancia. Queda excluido el orden penal.
– Tras su entrada en vigor, se aprobó un real decreto para reducir las tasas de las personas físicas en primera instancia y exonerar del pago en casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
– Se facilita el pago de las tasas a través del abogado y del procurador.
 
Anteproyecto de reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro
 
– Se modifican la Ley Hipotecaria y la del Catastro para evitar informaciones contradictorias sobre los mismos inmuebles.
– Se potencia la interoperabilidad entre ambas instituciones.
– Los criterios para las inmatriculaciones de la Iglesia se equiparan con el procedimiento generalizado.
 
Ley Orgánica sobre la Justicia Universal
 
– Incrementa el catálogo de delitos susceptibles de persecución (delitos de corrupción entre particulares, falsificación de productos médicos, trata de seres humanos, entre otros).
– Sólo se podrán investigar los delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o extranjeros que residan habitualmente en España.
– La disposición transitoria única ordena el sobreseimiento de todas las causas en tramitación hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos.
 
Proyecto de Ley de Navegación Marítima
 
– Actualiza el régimen general sobre el tráfico marítimo y pone fin a las contradicciones existentes entre los convenios internacionales vigentes y la dispersa normativa que existe en nuestro país.
– Mejora la protección del patrimonio subacuático y contribuye a luchar contra la contaminación y la inmigración ilegal.
 
Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito
 
– Su objetivo es ser el catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos, con la principal novedad de que dispondrán de ellos tanto si están personadas en una causa penal como si no.
 
RD 150/2014: Reglamento sobre el acceso a la profesión de abogado y procurador
 
– Establece los criterios por los que se realizará la prueba que capacitará para el ejercicio de ambas profesiones.
– El texto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido. Con anterioridad a esta reforma la prueba teórico-práctica representaba el 20%.
 
Cambio en el sistema de nombramiento de vocales del CGPJ
 
– La Ley Orgánica 4/2013 de reforma del Consejo General del Poder Judicial eliminó la dedicación exclusiva de la mayoría de los vocales, redujo las comisiones del órgano de gobierno de los jueces y restó poder a las asociaciones a la hora de proponer candidatos a vocales.
 
Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles
 
– Pone a disposición de los ciudadanos un mecanismo voluntario de resolución de conflictos y se extiende al ámbito civil y mercantil, con expresa exclusión de la mediación penal, laboral, de consumo y con las administraciones públicas.
 
Desarrollo de la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles
 
– Regula la formación del mediador, su publicidad a través de un registro dependiente de Justicia, el aseguramiento de su responsabilidad y la promoción de un procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para la reclamación de cantidades inferiores a 600 euros.
 
RD 892/2013, que regula el Registro Público Concursal
 
– Establece un mecanismo de publicidad de las resoluciones concursales a través de un portal en Internet.
– Para consultarlo no se requiere justificar o manifestar interés legítimo alguno, lo que permitirá el acceso a la información a todos los ciudadanos, organismos públicos, entidades bancarias, etc.
– Incluye las resoluciones judiciales de carácter preconcursal.
 
RD 1333/2012 sobre responsabilidad civil de administradores concursales
 
– El administrador concursal debe disponer de un seguro de responsabilidad civil o equivalente para responder de su obligación de indemnizar al deudor o a los acreedores por los daños que pueda causar a la masa activa por los actos contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia.
 
Proyecto de Ley de Justicia Gratuita
 
– Amplía este derecho, independientemente de sus ingresos, a las asociaciones de víctimas de género, terrorismo y trata de seres humanos, asociaciones de consumidores o discapacitados, así como menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.
– La Cruz Roja Española, las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de las personas con discapacidad,los sindicatos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, sin tener en cuenta sus medios económicos, podrán solicitar la justicia gratuita.
– Se eleva el umbral de renta para acogerse a la justicia gratuita.
– Introduce controles para evitar excesos. Se establece la “presunción de abuso” cuando la persona solicite tres veces al año este derecho.
 
Reforma del Código Penal
 
– Se introduce la prisión permanente revisable (para casos especialmente graves, como terrorismo, genocidio, asesinatos de menores de 16 años, entre otros).
– El nuevo texto aclara tipos de delitos, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia.
– Se establece una tipificación específica de la asociación para delinquir. El castigo que se aplique se añadirá a la pena específica que corresponda por el delito cometido.
– Mejora el trato dispensado a la víctima del delito y en la protección de sus intereses.
– La reforma endurece las penas para los abusos sexuales, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil.
– Se penaliza la multirreincidencia y se incide especialmente en la ejecución de la pena.
– La responsabilidad penal se extiende a las sociedades mercantiles, de forma complementaria a la que recae sobre las personas físicas que las dirigen, o a aquellas personas que cometan los hechos delictivos sometidos a la autoridad de esas personas físicas.
– Se condena con hasta seis años de cárcel a quien incluya en su página web listados de enlaces a contenidos que son objeto de propiedad intelectual. – Agrava las sanciones del tráfico de drogas por parte de los miembros de una organización delictiva.
– Clarifica el régimen de la prescripción. Fija criterios legales inequívocos para determinar cuándo se interrumpen los plazos.
 
Anteproyecto de Código Procesal Penal
 
– Se cede la instrucción de la causa al fiscal, bajo la vigilancia de un juez de garantías imparcial, no implicado en la investigación.
– El fiscal dispondrá de seis meses para efectuar las diligencias de investigación, aunque éstas se podrán prolongar hasta un máximo de 36 meses en causas complejas.
– Los cargos públicos no podrán negarse a declarar ante un juez cuando sean citados como testigo. Se prohibirá que un político forme parte de una lista electoral cuando se le haya abierto juicio oral.
– Se excluye el ejercicio de la acción popular a los partidos políticos, los sindicatos y a las personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de terrorismo, y además se limita a una lista de delitos relacionada con la Administración Pública, la discriminación o el terrorismo.
– El jurado popular sólo podrá examinar la comisión de asesinatos y homicidios dolosos y no podrá enjuiciar los delitos atribuibles a personas con la condición de aforado.
– El encausado no declarará al inicio del juicio, como venía siendo hasta ahora, sino que lo hará única y exclusivamente a instancias de su abogado cuando se hayan practicado los medios de prueba en su contra.
– El juez podrá autorizar escuchas telefónicas durante un tiempo que no supere el año cuando los hechos se produzcan en el seno de una red criminal, se cometan a través de instrumentos informáticos o en delitos dolosos castigados con una pena con un límite máximo de, al menos, tres años de cárcel.

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Una Respuesta a Guía para comprender los últimos cambios legislativos de Gallardón

  1. Manuel 05/05/2014 en 7:09 am #

    Parece una guia de todo lo que no tiene que hacer un Ministro de Justicia al que le importe algo la justicia.

    Es un resumen del oprobio pero es un buen resumen.

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