“La labor que se realiza en Bruselas, es de enorme importancia”

Julen-Julen Fernández Conte, Delegado del CGAE en Bruselas: “La labor que se realiza en Bruselas, aun siendo bastante desconocida, es de enorme importancia”
 
María Jesús González-Espejo
En 1994 se fundó en Bruselas la Delegación del CGAE con el objetivo de eliminar las distancias entre el abogado español y las Instituciones europeas. Julen Fernández Conte dirige desde hace cerca de 20 años, apoyado en un equipo formado por cinco miembros permanentes, un oficial de enlace y un número variable de colaboradores, que cada año acuden a una media de dos sesiones plenarias, cinco comités permanentes y reuniones periódicas de una treintena de Comités y grupos de trabajo multilaterales.
Con este fin, la Delegación desarrolla diferentes funciones al servicio del abogado, de los Colegios de Abogados y de la profesión jurídica a la que representa. La Delegación trabaja al servicio de la Presidencia y de los consejeros del CGAE, de la Presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales y de sus miembros, de la Jefatura y de los miembros nombrados ante CCBE, de la Secretaría Técnica del CGAE y de todos aquellos Colegios de Abogados y abogados que requieren su consejo o asistencia.
Sus principales actividades son someter posicionamientos de la Abogacía Española a las Instituciones Europeas; colaborar con las Abogacías y organizaciones europeas e internacionales; gestionar y asesorar en materia de proyectos europeos; informar a los Abogados y Colegios de Abogados sobre la actualidad europea; responder a consultas de carácter europeo procedentes de los ciudadanos, de los abogados españoles y de los Colegios de Abogados; recibir a grupos de abogados y a miembros de la Escuela de Prácticas Jurídicas y orientar a los abogados españoles que desean prestar servicios en Bruselas y a aquellos inscritos en el Colegio de Abogados de Bruselas.
 
¿Qué servicios ofrecéis a los abogados españoles?

 
La Delegación de la Abogacía Española en Bruselas tiene como objetivo esencial servir de enlace, de puente entre la Abogacía y las Instituciones europeas. Para ello, desarrollamos una variedad de servicios directos e indirectos. Sin duda, el servicio más conocido es el boletín “Europa en Breve”, que es un boletín electrónico pionero que se edita semanalmente desde 1999. El objetivo de este boletín es permitir que los abogados estén informados permanentemente de las novedades del Derecho de la Unión que afectan a sus diversas realidades profesionales. Por otro lado, está el carné de abogado europeo, que permite acreditarse ante los Tribunales europeos e incluye en su chip electrónico el acceso a numerosos servicios de justicia electrónica de la Abogacía Española, gestionados por RedAbogacía. También ponemos a disposición de los abogados una sala de reuniones en el centro del barrio europeo, con acceso wifi y un servicio de envío de togas españolas para quienes acudan al Tribunal de Justicia en Luxemburgo. Por último, para quienes trabajen desde España y desde el móvil, tenemos también una fuerte presencia en la red social Twitter y a través de nuestro microsite en la página www.abogacia.es que os invitamos a visitar.

¿Qué oportunidades existen para la abogacía española en materia de proyectos y licitaciones? ¿Las están aprovechando los profesionales de nuestro país? ¿Tienen datos estadísticos del tanto por ciento de contratos y licitaciones asignados a abogados españoles?

Entiendo que su pregunta nace de un contexto particular. Los padres fundadores decían que el ser humano solo ve la necesidad en las crisis. De ahí proviene la famosa frase de Jean Monet que decía que Europa no se construye de golpe, sino en base a construcciones concretas y solidaridades de hecho. Pues bien, hoy sigue siendo así. El año pasado, sólo en el ámbito de licitaciones se financiaron más de 15.000 proyectos por valor de 13 mil millones de euros. En términos globales, las instituciones sacaron a concurso contratos de bienes y servicios por valor de más de 3 billones de euros. Imagínese si hay oportunidades. Es evidente que los abogados pueden y deben ser actores principales de esos procesos. Hoy en día el servicio al cliente debe ser global, aportarle el valor jurídico añadido que necesita. En primer lugar, acompañando a sus clientes en la información, en la preparación de la propuesta o incluso en la implementación del proyecto. En segundo lugar, los abogados y los despachos pueden responder por si mismos a estas licitaciones. Nos consta –no por datos estadísticos, sino por las numerosas consultas recibidas tras su publicación y por los “retwits”- que la reciente publicación de una licitación del Parlamento Europeo para abogados españoles ha recibido una buena acogida y una importante movilización.

Además, los buenos proyectos son una manera estupenda de hacer relaciones en Bruselas que, incluso, promuevan un mensaje positivo, útil y de interés para la actividad de lobby jurídico. Siguiendo la idea fundadora, es indudable que los principales actores de los proyectos europeos son también actores importantes de la construcción europea. No olvidemos que, aunque sea un ámbito relativamente novedoso, estamos hablando de fondos públicos y, como tal, deben ser gestionados con la responsabilidad y profesionalidad que caracteriza a la profesión de abogado.

A menudo se habla de los datos de número de abogados / población poniendo a España como ejemplo de sobreoferta. ¿Es así? ¿Sobran o faltan abogados en nuestro país?

En primer lugar, quiero agradecerle su pregunta porque nos permite aclarar una cuestión, desde Bruselas, de la que las Instituciones europeas tienen una imagen equivocada. No es desconocimiento, conocen su error, pero se escudan en que el error técnico de base proviene del CEPEJ, órgano externo, del Consejo de Europa – en el que la Abogacía europea no está representada – cuyo presidente, John Stacey, actúa como un portavoz más de los Ministerios de Justicia nacionales.

Hemos denunciado por activa y por pasiva que existen cuatro errores fundamentales. El primero es que comparan cifras globales y, en el caso de España, suelen sumar siempre los colegiados no ejercientes. El segundo es que incluyen abogados de empresa en algunos países como España y en otros no. El tercero es que los datos del CEPEJ parcelan en función de títulos profesionales y jurisdicciones, como en el caso de Reino Unido que tiene cinco jurisdicciones y profesiones jurídicas con títulos distintos en cada una de ellas (advocates, solicitors, barristers). ¿Qué lógica tiene tratarlas por separado si responden a las mismas funciones sociales, jurídicas y económicas? Y finalmente, una cuarta cuestión: el error no es sólo técnico ni de medición, sino de concepto. Hay una frase que dice que “si solo puedes conseguir lo que mides, asegúrate de medir lo que quieres conseguir”. Pues bien, si medimos el ratio abogado/empresa, entre los países con más abogados en toda la Unión Europea destacan Reino Unido y Alemania. Según nuestros cálculos España, por habitante, por extensión geográfica y por empresa se sitúa respectivamente en 7°, 7° y 10° lugar de 28 Estados Miembros. Nada alarmante. Si miramos más allá, la UE tiene en total más de un millón de abogados. Brasil con mucha menos población, unos 750.000. EEUU, con algo menos de población: 1,2 millones y la India con bastante más también en torno a 1,2 millones… y crece a un ritmo de 60.000 nuevos abogados al año. ¡Cómo si colegiaran a toda Francia! En definitiva, si tomamos la referencia de las economías fuertes y crecientes, el mayor número posible de abogados colegiados, independientes y formados puede interpretarse como un factor positivo, de crecimiento, para la economía que impulsa la creación y el crecimiento de empresas. Y es, indudablemente, un factor de competencia. Una economía sólida necesita de seguridad jurídica dentro y fuera de Tribunales. La atracción de las inversiones necesita primero asesoramiento jurídico cualificado y, llegado el caso, de una buena defensa y, por último, de una sentencia justa que cree un marco de bienestar y paz social y económica. El Presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, siempre ha mantenido que lo realmente importante no es cuántos abogados haya, sino conseguir buenos abogados y abogadas, adecuadamente formados.

Tenemos un elevado índice de paro, que afecta también a los juristas españoles, ¿hay salidas profesionales en Bruselas para los abogados españoles?

Sin duda, siempre hay oportunidades para quien las busca. Bruselas como capital europea acoge numerosos organismos, organizaciones académicas o activistas y, como no, despachos profesionales. Ahora bien, Bruselas es, sobre todo, una puerta más en una Unión Europa de 28 Estados, en su vecindad y en el mundo. El “mercado único” y la libertad de circulación de los abogados son necesarias para crear la Europa del Derecho y también recíprocamente. Ambos permiten a los abogados ejercer con más libertad de la que, por ejemplo, tiene un compañero americano cuando quiere cambiar su sede de ejercicio a otro Estado. Evidentemente, la profesión como Europa, está unida en su diversidad y en ello se esconden también numerosas oportunidades pero crear tantas normas para que no se explote su potencial es una pena. A este respecto, para los colegiados que quieran dar unos primeros pasos profesionales fuera de España, tenemos un programa de becas semestral en la Delegación, cofinanciado por numerosos Colegios de Abogados y también hemos editado recientemente una Guía gratuita que recopila las distintas prácticas institucionales que ofrece la Unión Europea.

Se está trabajando en muchos frentes para fomentar la movilidad de la Abogacía europea. ¿En qué estado está? ¿Es ya una realidad? ¿Qué obstáculos encuentra el abogado que decide ejercer en otro país diferente a aquél en el que obtuvo su capacitación como abogado?

La Abogacía es la primera profesión convencida de que el derecho no está para imponer fronteras sino para hacer un mundo mejor. Por ello, precisamente, el pasado lunes 28 tuve el honor de participar como ponente en una Conferencia de la Comisión Europea titulada “Abogados: objetivos cumplidos, retos por conseguir”. En ella se analizará el éxito de las directivas sectoriales que han permitido la libre circulación y ejercicio de la Abogacía en Europa desde 1977. Como indica, el propio título elegido por la Comisión Europea, se trata de una historia de éxito propiciada desde la Abogacía colegial. También es cierto que se trata un marco jurídico aún desconocido y con margen de mejora en algunas cuestiones. Entre ellas, destacaría especialmente el ámbito de los seguros profesionales y la coordinación de los regímenes de seguridad social, cuestiones en las que poco puede hacerse desde los Colegios profesionales, más allá de ponerlas sobre la mesa de quien tiene que decidir.

Los jóvenes suelen optar por una integración más rápida para obtener el título profesional del país de acogida. Prefieren el reconocimiento del título más que la integración paulatina, cumpliendo tres años de ejercicio en cooperación. Antes hablábamos de la diversidad de la profesión. El perfil del joven abogado español que sale y el del abogado “senior” que se instala en Luxemburgo para ejercer ante el TJUE son obviamente distintos y lo importante es que el derecho de la UE, gracias a la labor de la propia Abogacía, da soluciones a ambos casos. Para quien tenga interés y domine el inglés, recomendaría la lectura del Informe de la Universidad de Maastricht y Panteia, disponible en la web de la D.G. Mercado Interior y que también se puede solicitar a la Delegación.
En este contexto, la Abogacía española sido invitada para exponer su labor para promover el ejercicio profesional a través de la tecnología, labor en la que la Abogacía española fue pionera y sigue siendo referente en Europa.

¿Están participando los abogados españoles en los foros abiertos / consultas que realizan las instituciones europeas en sus procesos legislativos para hacerlos más democráticos y transparentes?

La Abogacía española es una abogacía muy activa en el liderazgo y la negociación de posicionamientos de la Abogacía europea ante las Instituciones. Hay un gran equipo de expertos en las distintas áreas de derecho sustantivo, derecho profesional y cuestiones de DDHHs y acceso a la justicia. Su labor, aun siendo totalmente desinteresada, es de un altísimo nivel técnico y profesional y cuenta con una excelente consideración por el Consejo General, que el año pasado distinguió con una Medalla al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía a cuatro de estos compañeros.

Por otro lado, los abogados atienden menos estas consultas en su labor diaria respecto a sus clientes. Eso es algo más complicado, primero porque no todas las consultas tienen interés directo o facturable si bien a menudo demandan una dedicación, un trabajo y un seguimiento notables. En segundo lugar, porque es una tarea que, pese a ser estratégicamente necesaria para la UE, está completamente desincentivada por las propias Instituciones. En tercer lugar, hay una barrera lingüística importante que es el idioma de trabajo que se suma a las exigencias de la labor participativa en la democracia. Dicho todo esto, quisiera concluir retomando el sentido de su pregunta: la transparencia legislativa de la UE ofrece oportunidades para la defensa del derecho por parte de todos, abogados, ciudadanos, empresas y sociedad civil. Ni España es sólo su ministro respectivo, ni la Unión es sólo un funcionario gris en su jaula de cristal. Estamos en una Unión de Estados y ciudadanos. Por eso es necesario fomentar la participación desde la primera etapa pre-legislativa para mantener una voz potente y activa durante todo el proceso legislativo.

¿En qué proyectos están trabajando actualmente para la Abogacía española desde Bruselas?

La Delegación tiene actualmente abiertos varios proyectos relacionados con nuevas tecnologías, formación y derecho civil. En cuanto a proyectos tecnológicos se está desarrollando un censo europeo de abogados con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), que establecerá las bases para la para la identificación de abogados y la interoperabilidad posterior con las Administraciones Públicas.
Esa interoperabilidad se logrará en base a un segundo proyecto, dirigido por 22 Ministerios de Justicia, y que también cuenta con participación de la Abogacía europea y española, que busca crear una gran plataforma para el acceso a los sistemas nacionales de Justicia (e-CODEX).

En el ámbito de la formación se está realizando conjuntamente con el Instituto Europeo de Administración Pública un estudio sobre la situación actual de la formación en derecho de la UE y la Delegación colabora también con la puesta en marcha de una Web única que recoja toda la oferta formativa existente en derecho de la UE.
Además, a iniciativa de la Escuela Nacional de Magistratura de Francia estamos en un proyecto trilateral (Francia, España y Polonia) relativo a los procedimientos de divorcio transfronterizos en la UE.

Por último, se están elaborando notas de concepto para presentar nuevos proyectos para 2014 en materias como derechos fundamentales, inmigración, menores y asistencia jurídica gratuita. La labor que se realiza en Bruselas, a nivel informativo, de lobby y de proyectos, aun siendo bastante desconocida, es de enorme importancia, como pueden atestiguar los decanos, Colegios y abogados que nos han visitado. La Delegación en Bruselas del Consejo General es la Casa de la Abogacía Española, la casa de todos los abogados españoles.

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