La intervención administrativa en los colegios profesionales (II)

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“Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales” 

Versus

“Estatuto General de la Abogacía Española”

(II) La intervención administrativa en los colegios profesionales.

Afronto en esta segunda parte de mi artículo los aspectos que enfrentan al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales (ALSCP) con el Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) aprobado el 12 de junio de 2.013. No es mi voluntad, porque el trabajo tampoco lo permite, estudiar a fondo todos los aspectos jurídicos de ambos textos, pero sí comentaré los aspectos que me resultan más chocantes e intentaré determinar en qué se enfrentan ambos textos y en qué otros siguen caminos paralelos.
 
Empiezo por destacar que en ambos textos se ha utilizado una técnica legislativa en muchos aspectos mediocre, pero el ALSCP es francamente mejorable. En el Título II, donde habla de las organizaciones colegiales, presenta un capítulo III en el cual bajo el título “Organización, régimen jurídico y disciplinario” que por estar justo a continuación de las disposiciones que hacen referencia a los colegios profesionales, parece que sólo se aplicaran a éstos, regula las figuras de los Consejos Generales de Colegios, sin que en el encabezado del capítulo haya mención alguna a este hecho. A lo largo de dicho capítulo entremezcla funciones de Consejos y Colegios, poniéndolas a veces en un plano de igualdad que deja un poco perplejo. Se hace en ocasiones difícil deslindar si algunos de los aspectos se predican sólo para los colegios o para los Consejos o para ambos. Parece existir también una equiparación entre los Consejos Generales y los Colegios de ámbito nacional. Habría sido más claro que se trataran en artículos diferentes los Consejos Generales, los colegios de ámbito nacional y posteriormente reunir, si era conveniente, en un capítulo aparte los aspectos relativos al régimen jurídico y al sancionador y disciplinario, señalando claramente lo que fuera común de todos y particular de cada uno.
 
Con todo el punto que a mi juicio es más llamativo en el ALSCP es la regulación de la potestad de intervención de la Administración en la vía colegial, aspecto éste que el EGAE no contempla pues sigue la línea de la vigente Ley de Colegios profesionales que otorga a la Administración un mero papel de árbitro, dejando a los colegios profesionales sus propios modos organizativos, sancionadores e impugnadores sin pretender inmiscuirse en ellos, más allá de la legítima intervención si tales colegios cometen alguna ilegalidad.
 
No deja de ser curioso que un gobierno liberal que basa la reforma de la Ley de colegios profesionales en la necesidad de liberalizar la prestación de servicios profesionales, como se encarga de recordar a lo largo de toda la exposición de motivos, establezca sin embargo una disposición del alcance, contenido e intervencionismo del artículo 33 de ALSCP. En su apartado 1 se otorga a la Administración la potestad de …control de eficacia en el desempeño de las funciones públicas que las corporaciones colegiales tengan encomendadas…
 
Evidentemente tal control puede revestir muchas formas, pero el texto se decanta por una intervención directa en la vida colegial, ya que faculta a la Administración “En caso de inactividad, retraso o mal funcionamiento…en el ejercicio de las funciones públicas que tengan encomendadas… ” a …recabar para sí el conocimiento de la actuación requerida, o bien asumir la gestión temporal de las funciones públicas…
 
Esas “funciones públicas” no son expresamente determinadas en el texto, aunque posiblemente se refiere a las funciones de los colegios que se desarrollan en el artículo 34 del ALSCP, y que en el mismo reciben la denominación de “potestades públicas”. El artículo 34 divide en dos partes las funciones de los colegios, otorgando esa consideración de “potestades públicas” a las recogidas en la primera parte del artículo, mientras que las recogidas en la segunda parte parecen quedar “huérfanas” de tal consideración, si bien son las funciones que corresponden al Colegio profesional dentro de su ámbito territorial y que a mi juicio san tan públicas o incluso más, que las primeras.
 
Así, dentro de las expresamente calificadas como potestades públicas están:

Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración.
Facilitar a las Administraciones públicas información sobre sus colegiados y el funcionamiento del Colegio.
Ordenar la actividad profesional de los colegiados y ejercer la facultad disciplinaria.
Cumplir y hacer cumplir las Leyes, los estatutos y las normas emanadas de los colegios.
Adoptar medidas para evitar el intrusismo profesional.
Informar en los procedimientos judiciales en que se discutan honorarios profesionales.
Visar los trabajos profesionales de los colegiados cuando sea preceptivo.
Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración.
 
Incomprensiblemente quedan fuera de estas potestades públicas, al menos en la interpretación recta del citado artículo 34, funciones de tal relevancia como la de constituirse en entidad de certificación de profesionales, función que es obligatoria para los colegios que el ALSCP califica como “de adscripción obligatoria“, o la de ejercer como Tribunal Arbitral o la de representar y defender a la profesión ante cualquier órgano de la Administración incluidos los tribunales de justicia, en los cuales el carácter público es absolutamente innegable.
 
Aclaradas lo que podrían ser “funciones públicas”, queda ver en qué circunstancias no atender a las mismas provocará la intervención de la Administración. Tales circunstancias son, como se ha dicho, “inactividad”, “retraso” o “mal funcionamiento”. El concepto de “inactividad” podría definirse sin demasiados problemas en relación con esas “potestades públicas” (aunque no se sabe inactividad en qué sentido, si es interna o externa, si es en un aspecto concreto o de forma general, etc.), pero los conceptos “retraso” o “mal funcionamiento” son conceptos jurídicos indeterminados, que no son posteriormente desarrollados en el texto y que por tanto suponen un cheque en blanco para que la Administración pueda intervenir el colegio y recabar para sí tales funciones o potestades públicas. Tampoco se regula el procedimiento más allá de exigir la previa notificación fehaciente, sin indicar de qué plazo se dispone para en su caso subsanar el motivo de la infracción o en su caso para alegar contra el acto administrativo, ya que supongo que la notificación adoptará la forma de acto. Por tanto habrá que estar en lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo.
 
Pero la intervención de la Administración va aún más allá. Se le otorga la facultad de evacuar un informe sobre las Memorias Anuales que los colegios “de adscripción obligatoria” deberán publicar en los primeros seis meses del año siguiente al recogido en la Memoria y enviar al organismo correspondiente de la Administración. Dicho informe podrá “…formular recomendaciones en relación con lo referido al ejercicio de funciones públicas por parte de dicha organización profesional.”, sin que se señale si tales recomendaciones son de obligado cumplimiento o si el colegio puede hacer algún tipo de alegación a las mismas.
 
Caso de que el citado informe sea negativo, “…en el caso de las profesiones colegiadas…” dice el texto, (lo que no deja de ser una perogrullada: si no hay colegio porque la profesión no esté colegiada no hay Memoria. Seguramente quiere decir las profesiones de colegiación obligatoria) podrá “…conllevar resolución de la Administración competente de disolución de la Junta de Gobierno del Colegio profesional y la necesidad de convocatoria de nuevas elecciones…”. Si bien en el punto 5 se explican tres circunstancias que pueden dar lugar a dicho informe desfavorable (“… informe de auditoría de las cuentas anuales adverso con carácter general, la pérdida de condición de entidad de certificación por retirada de la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación y la no publicación de la Memoria Anual…”) no son las únicas que pueden provocar ese informe desfavorable ya que en el mismo párrafo se establece que tales circunstancias “…podrán ser elementos que constituyan la base de un informe con conclusión general desfavorable…”. La utilización del “podrán” deja abierta la puerta a que haya otras circunstancias o “elementos” que faculten a la Administración a la emisión del informe desfavorable y la correlativa intervención del colegio, disolviendo la Junta Directiva e instando la celebración de nuevas elecciones. Esta disolución pondrá fin a la vía administrativa ya que el ALSCP establece que sólo será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Es para mí de dudosa constitucionalidad privar de la posibilidad al colegio de los recursos administrativos, especialmente el de alzada.
 
Todo lo anterior indica que la Administración parece no confiar en la capacidad de autogobernarse de los profesionales adscritos a un colegio y les tutela, como si fueran menores de edad o incapaces, arrogándose un intervencionismo que casa muy mal con la liberalización que pregona todo el texto del ALSCP. Habría sido más conveniente que se otorgara un mayor número de funciones a las Asambleas o Juntas Generales de los Colegios, permitiendo una convocatoria flexible de las mismas para que caso de que los colegiados detectaran comportamientos indebidos de la Junta Directiva de su colegio, pudieran corregirlos por ellos mismos.
 
Trataré los aspectos organizativos y disciplinarios presentes en ambos textos legales en una próxima entrega.
 
Joaquín Ramón López-Bravo
Abogado y Periodista
Fundador de Abogados por un COLEGIO-ético
www.colegio-etico.es
Sígueme en Twitter @lopezbravojr

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Una Respuesta a La intervención administrativa en los colegios profesionales (II)

  1. Emilio Ramírez Matos 09/12/2013 en 1:04 pm #

    Fabuloso Artículo escrito por D. Joaquín Ramón López Bravo, que analiza cómo se yuxtaponen los aspectos que enfrentan al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales (ALSCP) con el Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) aprobado el 12 de junio de 2.013.http://twitter.com/share?url=http://colegio-etico.es/noticias/la-intervencion-administrativa-en-los-colegios-profesionales-ii/&text=%20La+intervenci%C3%B3n+administrativa+en+los+colegios+profesionales+%28II%29

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