“La Ley de Tasas se aprobó sin diálogo y sin negociación”

CarnicerCarlos-ICAM-649x311px
CARLOS CARNICER, PRESIDENTE DEL CGAE
 
“La Ley de Tasas se aprobó sin diálogo y sin negociación”
 
El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, nos muestra cuál es el punto de vista del organismo que preside sobre la controvertida Ley de Tasas. Es clara la posición del órgano de representación de los abogados y así lo ha puesto de manifiesto cada vez que se le ha preguntado sobre esta polémica normativa.
 
¿Ha sabido orientar el CGAE sus peticiones de cara a pedir la derogación de la Ley de Tasas?
 
Dado el rechazo y la respuesta social que han tenido las tasas no sólo por parte de los abogados o de los Colegios de Abogados sino también de las asociaciones de jueces y fiscales, de los funcionarios, de los secretarios judiciales, de los partidos, de los sindicatos y de los consumidores y usuarios y hasta la asociaciones de estudiantes de Derecho, creo que la contestación tiene que ser positiva. Los ciudadanos saben que tenemos razón en las denuncias y los hechos lo están confirmando. Hay más barreras para acceder a la Justicia y son muchos más los ciudadanos que no pueden defender sus derechos aunque se lo permita la ley. Lamentablemente, el Consejo de la Abogacía no dispone del Boletín Oficial del Estado. Por eso hemos pedido al tribunal Constitucional que agilice la respuesta a los muchos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se han presentado para que al menos el daño sobre los derechos legítimos ciudadanos no se perpetúe.
 
Recién nombrado, el Ministro de Justicia manifestó ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española que no habría tasas en primera instancia y que, en segunda, en todo caso serían simbólicas y se aplicarían contra las maniobras dilatorias que encarecen y alargan los procesos. No cumplió su palabra. La Ley se aprobó sin diálogo y sin negociación, estableciendo unas tasas que son disuasorias para los ciudadanos y una barrera para la defensa de sus derechos. Aunque se vio obligado a rectificar apenas dos meses después de su entrada en vigor, la rectificación se hizo de forma torpe e insuficiente.
 
El Estado de Derecho, fruto del pacto constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano, nuestra Justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy menos democracia.
 
¿Qué más puede hacer la Abogacía en este sentido?
 
No me cansaré de denunciar que ha triunfado la disuasión y ha fracasado la recaudación. Lo ingresado por las tasas judiciales no va a cubrir ni la mitad de las previsiones del Gobierno ya que hasta el 30 de noviembre se han recaudado 133 de los 306 millones que calculaba el Gobierno. Y, contra lo comprometido en la Ley de Tasas, esa recaudación no se vinculará ni destinará en 2014 a la asistencia jurídica gratuita, lo que confirma el puro interés recaudatorio de la medida, al igual que la intención disuasoria de limitar o impedir el acceso a la Justicia de los ciudadanos.
 
Mientras Francia, desde el pasado 1 de enero, es un país libre de tasas judiciales tras la decisión del Gobierno de eliminar esta barrera por ser “una penalización para los más vulnerables y una restricción a su acceso a la Justicia”, en España nos las siguen cobrando.
 
¿Qué vamos a hacer?
 
No callar y seguir trabajando para deshacer este entuerto. La Abogacía institucional seguirá su batalla contra las tasas y continuará ofreciendo amparo a los ciudadanos que vean vulnerado su derecho de defensa. Y, al mismo tiempo, mantiene la oferta de diálogo al Ministerio de Justicia no sólo para buscar soluciones a las tasas, sino para, junto con todos los operadores jurídicos, hacer frente al deplorable estado de la Justicia.
 
Abogacía, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, sindicatos y consumidores seguiremos trabajando juntos a través de la Plataforma Justicia para Todos y la Interasociativa de Jueces y Fiscales para continuar manifestando el rechazo de todos los sectores jurídicos a la Ley de Tasas Judiciales. Cualquier oportunidad es buena para pedir al Gobierno que rectifique una ley que consideramos inconstitucional y que limita los derechos los ciudadanos.

Sin comentarios todavía.

Deja un comentario

ASOCIACIÓN
“Abogados por un COLEGIO-ético”
Calle Reina Mercedes,22
28020 Madrid
CIF: G86855350
Tlf: 91 456 29 80
Email: info@colegio-etico.es

© 2013 Abogados por un COLEGIO-ético
Todos los Derechos Reservados.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR