Nos preguntamos …¿Cómo afectará la Ley de Transparencia a los Colegios Profesionales?

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BREVE ESTUDIO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE SU AFECTACIÓN A LOS COLEGIOS PROFESIONALES
 
Ángel Alonso Gavito y Horacio Lavado Rojas
Abogados y Fundadores de “Abogados por un COLEGIO-ético” [www.colegio-etico.es]
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1. Antecedentes
 
Los antecedentes se remontan a Suecia, donde se aprobó la primera ley de Transparencia en 1766. En España, a finales de 2015, entrará en vigor la ley.
 
La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, la Ley) se trata de una de las normas bandera de los últimos años.
 
Tiene un triple objetivo, el de garantizar la transparencia y publicidad de las instituciones, reconocer el libre acceso a la información y establecer las obligaciones del buen gobierno.
 
En el Preámbulo se indica que la Ley no parte de cero, sino que ha habido una relación de normas relacionadas que han regulado en parte lo que la nueva norma intenta agrupar bajo un mismo título.
 
2. Preámbulo
 
Tiene como objetivos:
 
• Que los ciudadanos conozcan el destino de los fondos públicos.
• Que los poderes públicos respondan de sus actuaciones.
• Que haya una mejor fiscalización de la actividad pública.
• Que se cree un Portal de Transparencia, para que los ciudadanos puedan acceder a información pública.
• Que todos los responsables públicos que pertenezcan a la Administración, en sentido amplio, sean ejemplares en su conducta.
• Que se cree el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento normativo.
 
3. Título Preliminar
 
La Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
 
4. Título Primero
 
Ámbito subjetivo de aplicación. La norma se aplicará a:
 
Todos los poderes del Estado, casa real incluida, y al conjunto de las Administraciones Públicas. También a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, el Banco de España, las mutuas laborales y hasta la Iglesia, es decir: organizaciones cuya información económica sea “relevante”.
 
La Transparencia y el Acceso a la información pública afectan a todas las Administraciones Públicas; Congreso, Senado y órganos como el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Consejo de Estado (y órganos autonómicos equivalentes), el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y Corporaciones de Derecho Público en sus actividades sujetas a Derecho administrativo; organismos autónomos; entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria.
 
También están incluidas las entidades privadas que reciban más de 100.000 euros anuales de dinero público.
 
Se incluyen personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas.
 
Otro punto importante a señalar, es la aplicación de la Ley a los colegios profesionales, en ese sentido, la Ley establece en el inciso e) del Numeral 1 del Artículo 2:
 
e) Las Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. En ese sentido, es importante precisar que, mediante la Ley 2/1974 de 13 de febrero, se regula los colegios profesionales estableciéndose en el apartado 1, del artículo 1 que “los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
 
Por lo que, los colegios profesionales deberán:
 
– Publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
 
Publicar la información sujeta a las obligaciones de transparencia en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.
 
Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
 
En relación a la Información institucional, organizativa y de planificación: Los colegios profesionales deberán publicar información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación, así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
 
En relación a la Información económica-presupuestaria y estadística. Los colegios profesionales deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:
 
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
 
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
 
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
 
d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
 
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
 
f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este Título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
 
En relación al control. La norma regula que, el cumplimiento por la Administración General del Estado será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
 
En ese sentido, los colegios profesionales al no formar parte de la Administración General del Estado, no serían controlados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creándose un vacío sobre el organismo de control de la ley sobre los colegios profesionales, lo mismo sucede con el Portal de Transparencia que solo hace mención a la Administración General del Estado.
 
En relación al Derecho de acceso a la información pública. Los colegios profesionales tendrán que acceder a las peticiones de acceso a la información pública previsto en el Artículo 105 b) de la Constitución Española.

“Artículo 105: La ley regulará: b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
 
En ese sentido, se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los colegios profesionales y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
 
Del mismo modo, importante precisar que, el derecho de acceso a la información no está reconocido como derecho fundamental, siendo unas de la carencia de la nueva Ley.
 
Límites de derecho de acceso a la información pública. La Ley establece diversos límites para acceder a la información, los colegios profesionales no podría negarse excepto en el inciso k) del Artículo 14. “k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.” En relación al artículo citado, considero que dicho numeral es bastante subjetivo y deja al albedrio de los colegios profesionales negarse al acceso de la información pública.
 
La Ley también regula la solicitud de acceso a la información, siendo la novedad la no motivación de la solicitud, del mismo modo, se regula las causas de inadmisión siendo importante el inciso b) “Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. Por lo que, los colegios profesionales podrían inadmitir una solicitud indicando que se trata de un informe interno. En ese sentido, es necesaria la aprobación del Reglamento Interno de los colegios profesionales a efectos que no haya ningún procedimiento que pueda ser oculto.
 
Además se regula la tramitación, la resolución, las unidades de información debiendo los colegios profesionales identificar claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso a la información.
 
En relación al tiempo de respuesta, es importante señalar que, las instituciones europeas tienen un promedio de 15 días en responder y la Ley establece un mes como tiempo mínimo de espera, que puede ampliarse a otro mes. Del mismo modo, se establece el silencio negativo, es decir, si no te contestan en el plazo previsto, la solicitud habrá sido desestimada.
 
5. Título Segundo
 
Se refiere al buen gobierno en la Administración General del Estado, aplicándose a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y al resto de altos cargos y Entidades del Sector Público estatal.
 
Los principios del buen gobierno pueden ser de dos tipos:
 
Generales: transparencia en la gestión, conforme a eficacia, eficiencia y economía; dedicación al servicio; principio de imparcialidad; trato igual y sin discriminaciones; diligencia debida; conducta digna y correcta; responsabilidad por las decisiones y actuaciones propias.
De actuación: actividad con plena dedicación y pleno respeto a las incompatibilidades y conflictos de intereses; reserva de informaciones; informar de actuaciones irregulares; ejercer poder para el que fue otorgado, sin poner en riesgo el patrimonio; no implicarse en situaciones de incompatibilidad; no aceptar regalos; transparencia; gestión adecuada de recursos públicos; no obtención de ventajas personales.
 
Las infracciones y sanciones en materia de incompatibilidades serán sancionadas según la normativa de conflictos de intereses de la Administración General del Estado.
 
El art. 28 regula las infracciones muy graves en materia económica-presupuestaria, mientras que el art. 29 recoge las infracciones disciplinarias muy graves, graves o leves. En el art. 30 se regulan las sanciones a las infracciones anteriores.
 
El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por petición de razonada de otros órganos o por denuncia de los ciudadanos. Se exige la responsabilidad por procedimiento administrativo, dando traslado al Tribunal de Cuentas si procede. Existirá una Oficina de Conflictos de Intereses.
 
La prescripción es de cinco años para las infracciones muy graves, tres para las graves y uno para las leves.
 
6. Título Tercero
 
Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, nuevo órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, autónomo e independiente, cuyo objetivo es promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar el buen gobierno.
 
Está formado por una Comisión de ocho miembros elegido entre organismos públicos y políticos. No dará derecho a retribución salvo en reuniones de los organismos similares de las Comunidades Autónomas.
 
El Presidente de la Comisión lo nombra el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por un periodo no renovable de cinco años. Es un cargo retribuido, cuyas principales funciones son asesoramiento, evaluación, colaboración e informe sobre el debido cumplimiento de la Ley. Deberá realizar anualmente una memoria para informar a las Cortes Generales.
 
7. Disposiciones Finales
 
La Disposición Final Novena establece la entrada en vigor:
 
• Título II, al día siguiente de su publicación en el BOE.
• Título Preliminar, I y III, al año de su publicación en el BOE.
 
AUTORES:
Ángel Alonso Gavito
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Abogado y Fundador de “Abogados por un COLEGIO-ético” [www.colegio-etico.es]
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Horacio Lavado Rojas
Abogado y Fundador de “Abogados por un COLEGIO-ético” [www.colegio-etico.es]
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Una Respuesta a Nos preguntamos …¿Cómo afectará la Ley de Transparencia a los Colegios Profesionales?

  1. Javier 11/02/2014 en 9:18 am #

    Un resumen muy ilustrativo de una Ley que se ha hecho demasiado de rogar. Veremos, como siempre, cuánto se pierde en su aplicación práctica.

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