La Ley General de Comunicaciones recupera la unidad de mercado en el sector

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Incide significativamente en las competencias que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas tenían en este campo en cuanto a licencias e impuestos.
Simplifica los requisitos fiscales y urbanísticos para desplegar una infraestructura.
Limita el papel de los entes locales en la instalación de elementos como antenas de telefonía.


La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, cumpliendo con la agenda interna que se había impuesto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprueba hoy con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley General de Comunicaciones. Su lógica responde a lo mismo que la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que es desde el pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, garantizar la unidad de mercado para crear un entorno favorable a la competencia y a la inversión. Sustituye a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
 
Esta Ley persigue fomentar la competencia sin desincentivar las inversiones. En consecuencia, introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores. También favorece la seguridad jurídica, al compendiar la normativa vigente, y en particular en lo que se refiere al marco comunitario de las comunicaciones electrónicas. La Ley define las redes públicas de comunicación como un equipamiento básico y tienen carácter de determinaciones estructurales. Por tanto, su instalación se considerará a partir de la aprobación de esta ley como una obra de interés general.
 
Los puntos fundamentales de nueva Ley General de Comunicaciones son éstos:
 
Recuperación de la unidad de mercado; un sector que ya no solo compite a nivel europeo sino que es un sector, el de las telecomunicaciones, que compite a nivel mundial.
 
– Supresión de los trámites para el despliegue de redes por las operadoras, a través de la supresión de los distintos trámites por parte de las distintas administraciones públicas.
 
– Disminución de las cargas administrativas que tienen los operadores.
 
Simplificación de las obligaciones de información por parte de los operadores.
 
Eliminación de la licencia o autorización administrativa o sustitución por un régimen de declaración responsable.
 
Por principio se establece que toda medida, por parte de cualquier Administración pública, que implica una nueva carga con respecto a la gestión del tráfico por parte de los operadores, ha de recibir previamente a establecerse el informe favorable del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
 
Nuevos mecanismos de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales:
 
Toda normativa sobre el dominio público y propiedad privada, dictada por cualquier Administración pública, deberá reconocer el derecho de ocupación del dominio público o de la propiedad privada si es para el despliegue de redes públicas de comunicación electrónica.
 
Será preceptiva la previsión de infraestructuras de comunicación electrónicas en toda nueva urbanización que se acometa.
 
Se garantiza el derecho de acceso por parte de los operadores a infraestructuras lineales de otros sectores económicos ya instalados y susceptibles de ser utilizados para el despliegue de redes.
 
Se permite el despliegue real de fibra óptica en los edificios para garantizar el acceso en cada domicilio.
Toda actuación que implique una mera actualización tecnológica, sin afectar a elementos de obra civil o mástil de las antenas de telefonía móvil, no requerirá ni concesión ni autorización ni licencia nueva ni siquiera la declaración responsable a las administraciones públicas territoriales.
 
Se refuerza la potestad sancionadora para impedir la comisión de infracciones en materia de telecomunicaciones.
 
Para ello la ley programa estas acciones:
 
Aumenta la cuantía de las sanciones
Establece nuevas infracciones administrativas
Delimita mejor la responsabilidad
Refuerzan los instrumentos y potestades de los servicios de inspección.
 
Respecto a la gestión y a la planificación del espectro radioeléctrico:
 
Se eliminan determinados títulos habilitantes para su uso y se limita también la duración de las concesiones.
 
Se precisan más las condiciones bajo las cuales las administraciones públicas pueden instalar redes y se concreta el reparto competencial entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
 
Se refuerza la garantía de derechos de los usuarios, sobre todo respecto a la protección de datos de carácter personal.

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