Las cuatro propuestas del cambio

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Se acaba de cumplir el año desde que la Junta de Gobierno del ICAM ganó por goleada una de las elecciones para dirigir la institución más reñidas de la historia de nuestro Colegio. Fueron tiempos ilusionantes en los que confluyeron miles de voluntades ansiosas de conseguir un cambio drástico en el devenir de nuestro destino como abogados adscritos al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que todos amamos.
 
Cuatro fueron las propuestas que motivaron el cambio: – Defensa a ultranza de los intereses de todos y cada uno de los abogados de Madrid.- Lucha enconada y sin cuartel por los justos y legítimos intereses de los abogados adscritos al Turno de Oficio. – Defensa del Servicio Médico del Colegio. – Transparencia absoluta en la gestión de los recursos económicos del Colegio.
 
Y cuatro han sido los incumplimientos. A saber:
 
I. DE LA DEFENSA A ULTRANZA DE LOS INTERESES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ABOGADOS DE MADRID.-
 
No entendemos cómo se puede considerar entonces el hecho de que un colectivo de compañeros, los de 75 años de edad en adelante, hayan sido privados del legítimo derecho que les asiste al ejercicio profesional en el Turno de Oficio.
 
En su día, cuando el Proyecto de Normas reguladoras del TO fue presentado ya lo advertimos y, en este sentido, nos dirigimos a los compañeros del ICAM y a la propia Junta, manifestando nuestra más enérgica repulsa por semejante vulneración de derechos fundamentales, al entender que con tal medida se vulneraba el art. 14 de nuestra Carta Magna, en relación con multitud de normas de carácter nacional e internacional e incluso de las normas reglamentarias del propio ICAM y de la Abogacía Española.
 
Dicha discriminación por razón de la edad va manifiestamente en contra de la promesa electoral de defender a ultranza los intereses DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ABOGADOS DE MADRID, anunciada a bombo y platillo en su día por los candidatos.
 
Por no decir que resulta extraordinariamente penoso y doloroso que desde una institución como la nuestra, desde la que se proclama la defensa de los más altos valores democráticos propugnados por nuestro Estado de Derecho, se vulneren flagrantemente precisamente en contra de los propios colegiados.
 
Esta situación que finalmente fue aprobada junto con el resto de las normas reguladoras del TO entrando en vigor para todos los colegiados el 15 de noviembre 2013, ha propiciado la incoación de una demanda contra el ICAM por vulneración de derechos fundamentales en sede contencioso-administrativa, que ha sido admitida a trámite.

http://www.aproed.org/noticias/
 
II. DE LA LUCHA ENCONADA Y SIN CUARTEL POR LOS JUSTOS Y LEGÍTIMOS INTERESES DE LOS ABOGADOS ADSCRITOS AL TURNO DE OFICIO DE MADRID.-
 
Los 4.500 abogados adscritos al TO de Madrid trabajamos virtualmente como una ONG. Ponemos dinero para defender los intereses de los ciudadanos más vulnerables y necesitados de nuestra Comunidad. Ciudadanos que no paran de crecer en número, como consecuencia de la implacable brutalidad de los recortes que desde el desgobierno de la nación se están imponiendo indiscriminadamente y que afectan sobre todo a las clases más humildes, pero de los que no se libran tampoco las clases medias.
 
Los importes ridículos que se pagaban, sin actualizar desde el año 2001, se vieron recortados en el segundo semestre de 2012 un 20%, con lo que la situación de nuestro colectivo se vió mucho más perjudicaba de lo que estaba y, finalmente y por si esto fuera poco, se anuncia ya un nuevo y descabellado recorte para el inicio de 2014: no se pagarán los expedientes que resulten fallidos, es decir, aquellos en los que el interesado no haya aportado la documentación que se le requiere (que son la mayoría).
 
Sabemos que tanto nuestra Decana como los responsables de la Junta se han estado reuniendo con los responsables del asunto de la Comunidad de Madrid, pero a la vista está que sin ningún resultado.
 
Pero el mandato que los abogados les dimos cuando les votamos mayoritariamente fue nítido. Y después de un año de gobierno el balance que sobre este tema presenta la Junta no sólo es el mismo, sino que empeora por momentos. Lo que denota incapacidad para negociar los intereses de los abogados de Madrid y consecuentemente incumplimiento de promesa electoral.
 
No es suficiente negociar, hay que arbitrar un plan de acción progresivo que conlleve la adopción de las medidas que sean necesarias para preservar el derecho a la Justicia Gratuita de quien lo necesite y el reintegro de los legítimos intereses económicos, debidamente actualizados, de los abogados adscritos al TO. Lamentablemente, sólo podemos constatar ineficacia en esta gestión y, repito, incumplimiento flagrante de esta promesa electoral.
 
III. DE LA DEFENSA A ULTRANZA DEL SERVICIO MÉDICO DEL COLEGIO.-
 
Sobre esta cuestión hemos hablado largo y tendido a lo largo de casi un mes, desde el día en que Manuel Valero, compañero y Vicedecano-Tesorero del ICAM, tuvo la valentía de publicar un clarificador artículo en una de las secciones de nuestra web en el que se decía la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre lo que estaba pasando sobre esta crucial cuestión para el devenir de la salud de más de 45.000 compañeros del Colegio, adscritos al Servicio Médico.
 
Por cierto, nunca podremos entender cómo es posible que desde el resto de los miembros de la Junta de Gobierno no se procediera a dar una explicación o una versión justificativa, contraria a la expuesta por Manuel Valero, de las razones que motivaron la adopción por su parte de la propuesta de externalización del SM a otra compañía privada diferente de la NM.
 
Esta promesa electoral fue una de las piedras angulares del programa electoral de la actual Junta de Gobierno de nuestro Colegio y también, por lo que hemos podido constatar, uno de sus más flagrantes y estrepitosos incumplimientos.
 
Desde el primer momento nos pareció gravísimo que se cambiara de opinión de forma tan diametralmente opuesta a lo prometido. Pero lo que más nos preocupó y de ahí nuestra involucración abierta y combativa en la campaña liderada por Manuel Valero, fue la constatación de que la propuesta alternativa de la Junta, a excepción de Manuel Valero, consistente en externalizar el servicio médico a una de las compañías privadas punteras del sector, CERCENABA derechos adquiridos de tres colectivos especialmente vulnerables: el de los compañeros más veteranos, con más de 50 años de adscripción al servicio Médico del Colegio, con las terribles consecuencias que ello suponía. El del año de carencia de todos los colegiados de reciente incorporación y el de los empleados del Colegio que viene disfrutando desde siempre de este derecho.
 
No podíamos tolerar semejante vulneración de derechos que suponían un incumplimiento flagrante de una promesa electoral que fue clave para que la mayoría de los colegiados votáramos a la actual Junta de Gobierno.
 
Las consecuencias de semejante incumplimiento comenzaron a sentirse el día 19 de diciembre en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del ICAM, con una victoria absoluta y sin paliativos de la continuidad del servicio médico a través de la entidad creada y aprobada en la Junta General de noviembre de 2011 para tal efecto, la Nueva Mutua.
 
Los derechos de los compañeros y demás colectivos afectados han sido preservados. Los abogados del ICAM hemos enviado un mensaje concluyente a la Junta. Derechos fundamentales y derechos adquiridos: NO TOCAR.

http://www.aproed.org/events/
 
IV. DE LA TRANSPARENCIA ABSOLUTA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL COLEGIO.-
 
Otra de las piedras angulares del programa electoral de la actual Junta fue la promesa de gobernar los recursos económicos con absoluta transparencia.
 
Pero las múltiples preguntas de un sinfín de compañeros y asociaciones de colegiados sobre la gestión de determinados recursos económicos y la falta de claridad de las respuestas de los responsables de la Junta, dejan en entredicho dicha transparencia.
 
No seré yo quien discuta que la distribución que se está haciendo de los recursos económicos del colegio sea ajustada a derecho, lo que sí critico abiertamente es la falta de la necesaria y contundente claridad que sobre estos asuntos debe existir y de las explicaciones sin fin que necesariamente se tienen que dar para disipar las dudas que surjan al respecto.
 
Se han planteado multitud de dudas sobre esta cuestión y se seguirán planteando mientras no se den las explicaciones oportunas y se contrasten con los documentos que obren en poder de la Junta, sobre cuestiones como la razón de ser de los viajes de determinados miembros de la junta a paises iberamericanos y a otros paises y de los gastos que se ocasionaron al colegio como consecuencia de ellos; los ingresos en concepto de mediaciones y arbitrajes; los desmesurados importes que se han venido pagando en concepto de informes y auditorías y que han levantado un clamor de protestas por parte de los colegiados, etc.
 
Una corporación de la importancia de la nuestra no se puede permitir este tipo de dudas, de ahí que entendamos que este punto del programa se ha incumplido también.
 
Concluiré afirmando que no se puede gobernar de espaldas a los abogados de Madrid, ni lo que es peor, en contra abiertamente de los intereses de determinados colectivos.
 
No deja de ser una macabra casualidad que tanto en lo relativo a la expulsión virtual del Turno de Oficio de un determinado colectivo de compañeros, como en lo relativo a la propuesta que la mayoría de los miembros de la Junta, a excepción de Manuel Valero, presentó sobre el futuro de del Servicio Médico del ICAM, los colectivos afectados-perjudicados eran los compañeros de más edad del Colegio, los de reciente incorporación y los trabajadores asalariados del ICAM. Todos ellos colectivos, como puede apreciarse, en situación especialmente vulnerable, que curiosamente y precisamente por eso, deberían ser especialmente protegidos y amparados por el Colegio y no todo lo contrario.
 
Esta forma de proceder, que parece seguir la corriente neoliberal y autocrática (por no llamarla por su verdadero nombre), que desgobierna occidente y que tantos derechos fundamentales está cercenando, causando con ello infinito dolor, es contraria a los sagrados principios que deben regir el ejercicio libre de la abogacía y está en abierta contradicción con la ética profesional que debe orientar el desempeño de nuestra amada profesión en un Estado Democrático y Social de Derecho como el que se consagra en nuestra Carta Magna.
 
APROED
(Abogados y Juristas pro Estado de Derecho)
Ángel Juárez (Presidente).

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