Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria logran reducir el número de ejecuciones

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Desde que comenzó a funcionar la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) en Terrassa, en enero de 2012, otros 31 Colegios de Abogados han puesto en marcha este servicio y se ha ayudado a miles de familias que, golpeadas por la crisis económica, no podían hacer frente a sus hipotecas a encontrar una solución a su problema. Según el Consejo General de la Abogacía Española, en un 60% de los casos las entidades acreedoras y los hipotecados han llegado al acuerdo.
En la mayoría de los casos se ha resuelto con la dación en pago con alquiler social, aunque también se han conseguido refinanciaciones o reestructuraciones de la deuda con periodos de carencia, en las que sólo en contadas ocasiones se han acordado quitas, rebajas de intereses.
“Las entidades bancarias son cada vez más proclives a llegar a un acuerdo. Como primera solución aceptan la refinanciación de la deuda. La dación en pago es sólo para casos extremos y sangrantes”, afirma una colaboradora de una de estas OIH.
“Uno de los problemas sociales más acuciantes de la sociedad española, que ha ido en aumento paulatinamente desde 2007, son los impagos de hipoteca que están llevando a muchas personas a perder su vivienda habitual. La Abogacía española no podía quedarse al margen de este problema”, afirma el organismo. En las OIH, los abogados ofrecen, de manera totalmente gratuita para el usuario,  un servicio de información, asesoramiento y soporte a las personas que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios y están en riesgo de perder su vivienda habitual. La intermediación facilita la comunicación entre la parte deudora y la entidad financiera para encontrar una solución antes de una demanda de ejecución hipotecaria o durante el proceso de ésta.
También se da asesoramiento a aquellas personas que, aunque no hayan dejado de pagar, necesitan información de las posibilidades y las consecuencias derivadas de un posible impago, o en aquellas situaciones en las que se prevé que no se podrán pagar las cuotas y se requiere intermediación con la entidad financiera con el fin de conseguir mejores condiciones para continuar pagando.
En resumen, los beneficiarios de las OIH son personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en el municipio, propietarios de una vivienda que estén o puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial y que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias.
Desde los colegios de abogados se defiende que, además del incalculable valor social que tiene evitar que una familia tenga que abandonar su hogar, la intermediación hipotecaria supone un notable ahorro a la administración pública y a las entidades bancarias, ya que el coste del servicio (que en ningún caso repercute en el usuario) se sitúa en torno a 300 euros, frente a los más de 7.000 euros que cuesta el procedimiento judicial.
El pasado mes de abril el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Trabajo Social presentaron al Gobierno un proyecto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria basado en las OIH, e instaron al Ejecutivo a que institucionalice un sistema de intermediación previo a la interposición de cualquier demanda de ejecución hipotecaria. De esta forma, se abordaría de manera integral el problema de la pérdida de vivienda, fruto del impago de las amortizaciones hipotecarias.
Lo cierto es que la gran sensibilización social unido a iniciativas como la de las OIH están frenando las ejecuciones hipotecarias en toda España. No hay datos globales todavía pero las informaciones que llegan desde algunos ciudades son muy esperanzadoras. Así, un ejemplo, casi medio centenar de familias de la ciudad de Castellón han podido esquivar un desahucio gracias al servicio de asesoría jurídica gratuita que prestan el Ayuntamiento de la capital y el Colegio de Abogados desde el pasado mes de julio en la capital de La Plana. El servicio de asistencia jurídica a las familias con riesgo de perder su vivienda, ha dado, pues, sus frutos, puesto que ha permitido 12 daciones en pago y 37 acuerdos con las entidades bancarias para refinanciar la deuda.
Sin embargo, el número de estas oficinas de atención gratuita a los afectados es reducido y no cubre todo el territorio nacional. En otras palabras, hay todavía muchos ciudadanos que no saben dónde acudir cuando han dejado de pagar al banco. Al calor de los desahucios han surgido en toda la geografía española empresas, que disfrazadas de asociaciones, asesoran a los afectados aunque siempre pagando una cuantía económica.

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