Ley de Enjuiciamiento Civil

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Enésima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
 

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Andrés Díaz Barbero
(Breve análisis)
 
I.- Un paso más hacia la privatización, justicia a dos velocidades y distinta para ricos y pobres.
 
En el BOE de hoy, día 6 de octubre (BOE 239), se publica la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, una vez que el pasado jueves día 1, el Congreso de los Diputados, tras aprobar las enmiendas remitidas por el Senado al Proyecto de Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), dio luz verde a la enésima reforma de la misma.
En esta ocasión, bajo el señuelo de la plena implantación en la Administración de Justicia de las nuevas tecnologías de la comunicación y del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con dicha Administración, se oculta un paso más en la privatización de los servicios públicos, cuyo antecedente más próximo lo encontramos en la reciente Ley de la Jurisdicción Voluntaria que, como sabemos, saca de la sede judicial multitud de expedientes para dárselo a notarios y registradores.
 
De nuevo, el lobby de la Procuraduría consigue sacar tajada del afán privatizador del que el Gobierno del P.P. ha hecho gala al socaire de la crisis económica. Todo ello arropado bajo un pomposo y adulador lenguaje que, poco menos, quiere llevarnos al convencimiento de que sin la Procura el edificio de la Justicia se derrumbaría. Los procuradores, se nos dice en el preámbulo de la ley, “han ido asumiendo, a medida que la situación lo ha ido requiriendo, en virtud de su condición de cooperadores de la Administración de Justicia, un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, desempeñando en parte funciones que hoy en día compatibilizan con su originaria función de representantes procesales de los litigantes.”
Lo que simple y llanamente quiere decir que, como a estas alturas la originaria función de ser del Procurador es insostenible, vamos dándoles otras funciones que, de paso, descargue a la Administración de su obligación de invertir en el servicio público de la Administración de Justicia a fin de dotarle de los medios, humanos y materiales, necesarios para que sea un servicio eficaz y a la altura de lo que los ciudadanos se merecen.
 
Así, como novedad destacable, se atribuye a los procuradores la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación a las personas que no son su representado, lo que les permitirá su práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. La reforma, se dice, parte de la dualidad actual del sistema manteniendo las posibilidades de su realización, bien por aquéllos funcionarios, bien por el procurador. Sin embargo, ahora se les exime de la necesidad de verse asistidos por testigos.
 
La parte que quiera servirse de este servicio del Procurador, deberá ponerlo en conocimiento del tribunal en todo escrito por el que se inicie el procedimiento judicial, de ejecución o instancia judicial, expresando su voluntad al respecto, entendiendo que, de no indicar nada, se practicarán por los funcionarios judiciales. No obstante, se deja abierta la posibilidad de que el solicitante pueda “de forma motivada y concurriendo justa causa, pedir la modificación del régimen inicial, procediendo el secretario judicial, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicación conforme a la nueva petición.” (art.152.1.).
Igualmente, será el solicitante quien corra con los gastos que se devenguen por el Procurador en la gestión de comunicación sin que, en su caso, pueda repercutir dicho gasto en posible tasación de costas (art. 243.2).
Por tanto, si el justiciable no quiere seguir sufriendo los retrasos y lentitud del sistema y tiene posibilidades económicas, que pague a un profesional para que lleve a cabo esas comunicaciones. Cobra aquí todo su sentido la acuñada idea de “justicia a dos velocidades” y, aún peor, “justicia de ricos y de pobres”, ya que esa posibilidad de servirse del Procurador para los actos de comunicación le está vedada a quienes fueran beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita (art. 152.1)
 
II.- Repercusión de la reforma en materia de honorarios.
 
Por lo que se refiere a nuestra materia (honorarios y costas) las modificaciones que se introducen son las siguientes:
1.– En la reclamación de honorarios (cuenta del procurador y honorarios de los abogados, arts. 34 y 35), se deja claro que para su solicitud “no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador.”.
Se nos dice que se hace tal reforma así para unificar las diferentes prácticas forenses que se están desarrollando en los tribunales en relación con estos procedimientos. Al no exigirse postulación, no se devengan costas procesales, como, por otra parte se viene recogiendo reiteradas resoluciones judiciales.
 
Ahora bien, quiere esto decir que ¿tampoco será preceptiva para la posible oposición o impugnación de la reclamación? Por su similitud con la petición inicial del monitorio, lo más lógico sería que la intervención de Abogado y Procurador fuera preceptiva cuando fuera necesaria por razón de la cuantía del procedimiento, según las reglas generales. Pero, además, no solo por eso, sino que pensamos que sería necesaria tal intervención dadas las peculiaridades que una oposición o impugnación puede contener. En estos casos, si no preceptiva sí que debería ser facultativa y, en caso de condena en costas, aplicarse lo dispuesto en el art. 32.5 de la LEC, esto es, incluir los derechos y honorarios devengados por abogado y procurador si “el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio”.
 
2.– Se igualan a los herederos de los abogados con los de los procuradores a la hora de otorgarle legitimación para reclamar sus honorarios por el procedimiento privilegiado reclamación de honorarios (lo que se sigue conociendo como jura de cuenta).
Si ya con la promulgación de Ley mostrábamos nuestra extrañeza con el mantenimiento de este procedimiento privilegiado y sumario, ésta se acrecienta al ver la modificación que se introduce pues, en todo caso, y tratando de igualar, hubiera sido más justo privar a los herederos, de uno y otro profesional, de legitimación para entablar esta reclamación.
 
3.– Dada las nuevas facultades que se les da a los procuradores, se enfatiza la no inclusión en la tasación de costas de “los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, así como de las demás actuaciones meramente facultativas que hubieran podido ser practicadas, en otro caso, por las Oficinas judiciales” (art. 243.2).
 
4.– Inclusión del IVA en la tasación de costas. Ya el Gobierno, en el proyecto remitido al Congreso, toma partido en la discrepancias que sobre el tema se había puesto en evidencia entre la Sala de lo Civil y la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y, acogiendo la tesis de la Sala de civil, proponía que: “En las tasaciones de costas, los honorarios de Abogado y derechos de Procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido que no se computará a los efectos del apartado 3 del artículo 394.” Reforma que tuvo buena acogida en cuanto que solo el Grupo Socialista presentó una enmienda, la 151, que, entendiendo que no es posible dar el mismo tratamiento a las personas físicas que a las personas jurídicas ya que estas últimas pueden desgravar el IVA soportado proponía el siguiente texto: «En las tasaciones de costas, los honorarios de Abogado y derechos de Procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que el litigante que presente las costas sea una persona jurídica. No se computará a los efectos del apartado 3 del artículo 394.». Mientras que el Grupo Popular, como mejora técnica propuso la siguiente redacción que, a la postre, ha sido la que ha quedado en el texto aprobado: «En las tasaciones de costas, los honorarios de Abogado y derechos de Procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394.» (Enmienda 229).
 
Cabe, pues, que nos preguntemos si con esta modificación se acaba o no con la discusión sobre el tema de la inclusión o no del IVA y la respuesta, mucho nos tenemos que habrá de ser negativa, toda vez que, salvo que quien pida la tasación de costas, acredite que de acuerdo con la ley del impuesto no se ha podido deducir el IVA, el condenado al pago tendrá las puertas abiertas para impugnar, precisamente, en base a esa falta de acreditación. Pues habrá que ver si estos profesionales están o no sujetos a una relación laboral o administrativa con el beneficiario de las costas (abogados de empresa, de organismos públicos, por ejemplo), si se defienden o no así mismo (autoconsumo), si realmente se repercutió el IVA, si el beneficiario con las costas se lo hubiera deducido o podido deducir, etc. Cuestiones todas ellas que, por sí mismo, conseguirían alargar y complicar el incidente de liquidación de las costas.
 
La única luz que arroja la modificación es que el importe del IVA no computa en la limitación que establece el art. 394.
A nuestro entender, no sería necesaria esta reforma si desde un principio se diera cumplimiento a lo dispuesto en el art. 242.2 de la LEC: “La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame.” Ya que de esta manera se vería, palpablemente y desde un principio, si procede o no la inclusión del IVA, al venir reflejado en ese justificante, que es la factura, de estos profesionales presentada a la tasación de costas.
 
Y, por acabar con este tema, con la nueva modificación, ¿habrá de seguirse recalculando el IVA sobre la minuta que finalmente se incluya en la tasación de costas?
 
III.- Otras reformas introducidas por la Ley.
 
1.– Apuesta decidida por el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Como no podría ser de otro modo, y al menos para cumplir con el objetivo fundamental de la reforma, está tiene su verdadero calado en el uso de las tecnologías de la comunicación en la Administración de Justicia y la relación de ésta con los profesionales intervinientes en el proceso y con los ciudadanos.
 
Así, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal (D.A. primera) Y, a partir del 1 de enero de 2017, la relación de la Administración de Justicia con los ciudadanos, en la dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático. Comunicación electrónica que será obligatoria para las personas jurídicas a partir de esa fecha tope de 1 de enero de 2017 (D.T. cuarta).
 
El art. 135 da cumplida cuenta de la presentación de escritos por medio telemáticos y el art. 162 sobre los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.
 
2.– Vuelta a la escritura. Con el art. 438.1 se introduce en el juicio verbal la contestación a la demanda “en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario”. En el preámbulo de la Ley se justifica esta reforma con el fin “de reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva […] generalizando con ello la previsión que ya se recogía para determinados procedimientos especiales, lo que ha comportado la adecuación de todos los preceptos relacionados con el trámite del juicio verbal y de los procesos cuya regulación se remite al mismo”.
 
Con la misma finalidad unificadora se abre la posibilidad del turno de conclusiones, una vez practicadas las pruebas, aunque parece que esta posibilidad queda en manos del tribunal ya que es éste el que “podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones” (art. 447.1).
Así mismo, en la audiencia previa del juicio ordinario, “la prueba se propondrá de forma verbal, sin perjuicio de la obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma…” (art. 429.1)
 
3.– Modificación de medidas definitivas en procesos matrimoniales y de menores. Se modifica el art. 775 para residenciar la competencia en el “tribunal que acordó las medidas definitivas”, cuya modificación se solicita.
 
IV.- Otras reformas aprovechando “el viaje”.
 
1.– Prescripción. La Disposición final primera introduce una importante modificación de la prescripción de las acciones personales que pasa de 15 a 5 años: “Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.
Estableciéndose, en la Disposición transitoria quinta, que las acciones personales, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil”.
Se nos dice en el preámbulo de la ley que “Con ello se obtiene un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo”.
 
2.– Justicia Gratuita (Disposición final tercera) Pese a que el Gobierno tiene en marcha una modificación en profundidad de la Ley de Justicia Gratuita, aprovecha esta reforma, según se dice en el preámbulo, “para incluir aquellas modificaciones que se consideran más necesarias […] a fin de adecuarla a la realidad actual. La reforma sigue configurando el sistema de justicia gratuita como un servicio público, financiado con fondos públicos y prestado fundamentalmente por la abogacía y la procuraduría.”
 
Y se dice que la reforma se articula en tres grandes bloques: Uno, que responde a la necesidad de resolver las diversas dudas interpretativas que se han venido planteando y que han terminado por poner en peligro la uniformidad en la aplicación del modelo y, por consiguiente, la igualdad en el acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita. Otro, lo cambios son los que afectan a la definición de los supuestos que permitirán el reconocimiento de este derecho, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora. Y, por ´ultimo, otro, que afecta al funcionamiento del sistema. Se promueve el desarrollo de la tecnología, regulando la presentación de la solicitud, búsqueda de datos y comunicación de la resolución a los órganos por medios tecnológicos.
 
En definitiva, se concluye en el preámbulo, la reforma de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita supone un impulso a la viabilidad del modelo español de justicia gratuita.
 
3.– Representación y defensa de los funcionarios (Disposición final cuarta). También se acomete la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para permitir que los funcionarios públicos, que no tienen reconocido el derecho de justicia gratuita con independencia de sus recursos, puedan comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, con lo que se recuperaba la regulación ya existente con anterioridad a la Ley 10/2012.
 
4.– Tasas (Disposición final novena). Se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para transponer los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a la posibilidad de realizar el pago de la tasa en el plazo otorgado para la subsanación de la acreditación de haber realizado la autoliquidación.

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ANDRÉS DÍAZ BARBERO.
Abogado
diazbarbero@icam.es
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