Los colegios de abogados perderán 40 millones al año

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Los colegios de abogados perderán 40 millones al año por el recorte de cuotas
 
C. García-León / S. Saiz
 
Estas instituciones tendrán que reducir sus presupuestos si el Gobierno aprueba la normativa que limita las cuotas para colegiarse a un máximo de 250 euros al año.
 
La polémica no abandona al anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que, de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros y de las Cortes, podría levantar en pie de guerra a los colegios españoles, ya que mermará considerablemente sus presupuestos, al limitar legalmente la cuota anual de sus miembros a un máximo de 250 euros. Además, la normativa también contempla eliminar los cánones de entrada, es decir, una cantidad fija que el profesional paga por inscribirse la primera vez.
 
En el caso del sector legal, estas medidas suponen una merma cercana a los cuarenta millones de euros en las cuentas de los colegios de abogados. Por un lado, tres de cada cuatro instituciones tendrán que revisar los precios establecidos para poder pertenecer a sus filas, ya que el 75% de los colegios supera el umbral de 250 euros anuales. La caída de ingresos por cuotas será de veinte millones de euros aproximadamente, ya que las aportaciones no sólo varían en función de cada colegio, sino también según la antigüedad y el tipo de colegiado.
 
A esta cifra, habría que sumarle otros 21 millones de euros que estas instituciones recaudan a través del canon de entrada y que desaparecerá en todos los casos, con el fin de “eliminar las barreras de entrada a estos colectivos profesionales”, como ha explicado el Gobierno. Aunque la cuota de incorporación más baja es la de Castellón, de 147 euros, en algunos casos puede llegar a superar los 1.300 euros, como en Estella o Gijón.
 
Algunos colegios, como el de Madrid, tienen margen de maniobra, ya que sus cuotas están por debajo del umbral de 250 euros y podrían compensar la desaparición del canon de entrada con un incremento de las cuotas anuales. El Icam percibió unos ingresos en 2012 de más de un millón de euros por nuevas incorporaciones, concepto por el que en 2011 recibió más de tres millones.
 
Problemas en el cálculo Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha manifestado a EXPANSIÓN que los “los datos estadísticos tomados como referencia para el cálculo de las cuotas de los abogados son erróneos”.
 
Reacciones del sector
 
Unión Profesional ha presentado alegaciones al anteproyecto:
– No están de acuerdo en la libre colegiación, sino en que ésta se efectúe en el colegio donde radique el domicilio del abogado.
– Critica que se regule pormenorizadamente las incompatibilidades de los cargos directivos de los colegios y pide en esto una autorregulación.
– Considera que el tope de cuotas previsto en el texto es una injerencia en la autonomía colegial.
 
En su opinión, únicamente se han tenido en cuenta los rendimientos del trabajo del IRPF, que afecta a empleados por cuenta ajena, cuando la mayoría de los abogados son empresarios o autónomos y, por tanto, habría que tener en cuenta los rendimientos de actividades económicas. El CGAE insiste en el dato de que, mientras en el total de las profesiones, un 34,2% de los colegiados lo hace por cuenta ajena, en la abogacía un 85% trabaja por cuenta propia.
 
El sistema de cuotas es, en la mayoría de los casos, el pilar principal de los presupuestos de los colegios, por lo que su modificación es uno de los aspectos más polémicos. Aunque el anteproyecto deja abierta la puerta a que cada institución pueda sobrepasar este límite con el visto bueno de la junta colegial, el Gobierno se reserva el derecho de derogar estos acuerdos cuando los considere abusivos.
 
Como el anteproyecto prevé que esta medida sirva para unificar las cuotas de los colegios en todo el territorio español, permite la colegiación libre, es decir, que cada abogado pueda inscribirse en una asociación profesional y ejercer en cualquier otra región de España. Sin embargo, esta decisión tampoco convence al sector, que considera que se beneficia a las instituciones más baratas, que atraerán a más profesionales.
 
Reforma
 
Permanecen los 83 colegios actuales
 
El texto del anteproyecto que estudia el Consejo de Estado ha modificado los borradores anteriores para eliminar la limitación del número de colegios de abogados por comunidad autónoma o, excepcionalmente, por provincia. Estas 83 instituciones, sufragadas con las cuotas de sus colegiados, han ejercido una gran presión a los ministerios de Economía y Justicia para dar marcha atrás con las restricciones iniciales. Ahora se especifica que las organizaciones colegiales serán de estructura múltiple cuando existan varios colegios de la misma profesión de ámbito inferior al estatal. Bastará la incorporación a uno de ellos para ejercer en todo el territorio español.
 
La junta de gobierno puede cobrar
 
Aunque con carácter general los cargos directivos de las corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria no tendrán derecho a remuneraciones, los propios colegios podrán decidir pagar a su decano y diputados de la junta de gobierno siempre que éstos ejerzan el cargo en un régimen de dedicación en exclusiva y la remuneración figure de forma detallada en los presupuestos. Además, la aprobación del pago a estos cargos de dirección de las instituciones deberá realizarse por una mayoría de tres quintos de los colegiados presentes y representados, y en votación separada de la que se lleve a cabo para aprobar los presupuestos.
 
Abogados ‘in-house’, sin colegiación
 
Los abogados internos de las asesorías jurídicas de las empresas o instituciones no tendrán que colegiarse de manera obligatoria, como sucede en la actualidad. El borrador que ha entrado en el Consejo de Estado no ha modificado una de las reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía que pedía una colegiación obligatoria para todos. Este texto, como el del pasado agosto, obliga a la colegiación para ejercer la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa imponga o faculte la intervención de abogado y para prestar asistencia letrada, pero no si se tiene un vínculo de naturaleza laboral.
 
Procuradores
 
Se modifica la ley de Acceso y la de Enjuiciamiento Civil para conjugar el ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador.
 
Incompatibilidad
 
Se mantiene en el texto la incompatibilidad del desempeño de cargos directivos de organizaciones empresariales para decanos y diputados de los colegios.
 
Censo electoral
 
Los candidatos a unas elecciones colegiales podrán disponer de una copia digital del censo de electores con fines de publicidad y propaganda electoral.
 
Ley de acceso
 
Se mantiene el examen de acceso a la abogacía, a instancias de Justicia, y el texto enviado al Consejo de Estado no incluye ninguna anulación en este sentido.
 
Práctica desleal
 
Se aclara que el uso público de la cualidad de profesional colegiado por una persona que no lo esté se considerará práctica comercial desleal por engañosa.
 
Patentes
 
Se modifica la Ley 11/1986, de Patentes de Invención, para permitir la libertad de ejercicio de los agentes de propiedad industrial, y que lo ejerzan personas jurídicas.

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