Los colegios profesionales y las organizaciones colegiales (III)

Joaquin3-ICAM-649x311px

“Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales” 

Versus

“Estatuto General de la Abogacía Española”

(III) Los colegios profesionales y las organizaciones colegiales.

 
Entro finalmente en este último de la serie de artículos que he dedicado a la comparación del ALSCP y el EGAE, a comentar aspectos relativos a la organización de los colegios profesionales y las organizaciones colegiales para exponer mis puntos de vista al respecto.
 
No cabe duda de que si un colegio profesional existe, más allá de las obligaciones legales, es porque en algún momento los profesionales de una misma rama han pensado que era necesario unir sus esfuerzos en el desarrollo y defensa de su profesión. Superados los conceptos gremialistas los colegios cumplen ahora con una doble finalidad genérica. De un lado, garantizar a la sociedad que quien dice ser un profesional realmente cumple los requisitos básicos de acceso a su profesión y por tanto puede prestar a los ciudadanos y a la sociedad sus servicios. De otro, la defensa de sus intereses comunes y la vehiculación de las mejoras aplicables a su profesión, ofreciendo a la Administración en particular y a la sociedad en general de un canal para transmitir las normas para esa defensa. Desgraciadamente la corriente mayoritaria del pensamiento actual en la Unión Europea considera que esta segunda función es la más importante, y que aún no se han superado las tensiones gremialistas que se pueden derivar de una actuación concertada de los profesionales. De ahí un, a mi juicio, excesivo celo en la liberalización de las profesiones que no siempre es conveniente para una prestación correcta y para la misma defensa de los ciudadanos que las normas legales dictadas al amparo de ese excesivo celo dicen defender.
 
Con todo es evidente que la primera condición para que exista un colegio es que haya profesionales dispuestos a actuar concertadamente en la defensa y desempeño de su profesión, y por tanto que se constituyan en un colectivo organizado, por lo que será la reunión, asamblea o junta de todos ellos lo que dará origen y sentido al colegio profesional.
 
Pero como veremos más adelante, ni el ALSCP ni el EGAE prestan una atención prioritaria a esas Asambleas o Juntas Generales, estableciendo un sistema casi presidencial en el que no queda claro si tales Juntas Directivas ejercen sus competencias y funciones derivadas de la cesión que de las mismas hacen las Asambleas o Juntas Generales, o si por el contrario tales competencias y funciones le corresponden a las Juntas Directivas por sí mismas. Y un funcionamiento realmente democrático debe reflejar de forma inequívoca que las Juntas Directivas no son sino los gestores de la voluntad del colectivo de profesionales expresada en las Asambleas o Juntas Generales. Volveré sobre esta cuestión más adelante.
 
El EGAE no incluye disposición alguna a este respecto. Tampoco recoge la obligación que recaerá sobre los colegios de Abogados de constituirse, en tanto colegios de adscripción obligatoria, en Entidades de Certificación de sus profesionales, y por tanto tampoco regula en qué condiciones se prestarán esos servicios de certificación. Será por tanto conveniente modificar el EGAE para que incluya estos aspectos.
 
Tampoco incluye la obligación de enviar una copia de la Memoria Anual del colegio a la Administración (artículo 36.2 del ALSCP) ni la obligación de someter las cuentas anuales del colegio a un informe de auditoría (artículo 27.f y más en profundidad el artículo 49). Este último aspecto debe ser aplaudido porque sin duda es en el campo del manejo de los caudales del colectivo donde se están dando, como vemos en la prensa a diario, dar un mayor número de irregularidades, sea cual sea el colectivo del que se trate. Es conveniente que un profesional experto audite las cuentas para que los colegiados puedan ejercer con responsabilidad y conocimiento de causa su derecho a aprobar o en su caso vetar las cuentas anuales que les son ofrecidas por la Junta Directiva del colegio.
 
En cuanto a los Estatutos que deberán regir los colegios, el ALSCP establece unos estatutos generales (que debemos entender son la estructura mínima del contenido de los estatutos de cualquier colegio) y unos estatutos “particulares” que parecen referirse y ser aplicados a los Consejos Generales, si bien también se establece que los propios colegios deberán establecer sus propios estatutos particulares, (artículo 42.5) que deberán ser aprobados por el Consejo General correspondiente, aspecto este regulado mal por el EGAE que prevé en su artículo 69 que los Estatutos le serán remitidos “…para su conocimiento…” cuando debería indicar, para estar en consonancia con el ALSCP que le deberían ser remitidos para su aprobación, debiendo ésta ser prestada por el Consejo General o por el Consejo autonómico si existiere. Por tanto tampoco incorpora el EGAE el procedimiento de aprobación, y el ASLCP tan sólo establece como norma para tal aprobación el silencio positivo transcurridos seis meses desde “…desde que se remitieran…” los estatutos al Consejo General o Autonómico correspondiente.
 
El contenido mínimo de los Estatutos tanto los generales aplicables a toda la profesión cuanto los particulares de cada colegio, está regulado en el ALCSP, pero no en el EGAE. Ciertamente en cuanto a los estatutos generales, debe considerarse que el EGAE es en sí mismo un Estatuto General. En este sentido contiene todos los aspectos que se exigen en el ALSCP, si bien en una estructura que no se corresponde con lo dispuesto en el ALSCP, lo que es lógico teniendo en cuenta el mayor desarrollo que el EGAE contiene de la regulación de la profesión. Pero quizá debería atenderse al orden mostrado en el ALSCP, aunque visto el caos que parece reinar en el mismo casi mejor que se haga al contrario.
 
Pero es realmente chocante que en ninguno de ambos textos, al contemplar las bases estatutarias, recoja una obligación estatutaria de convocatoria de Junta General Ordinaria dentro de un plazo máximo. Ateniéndonos a ambos textos, la Junta General podría no ser convocada nunca, ni las elecciones no celebradas nunca o celebradas a capricho de las Juntas Directivas ya que el ALSCP guarda absoluto silencio sobre este órgano, que es soberano en cualquier corporación democrática, y el EGAE se limita a citarlo en el artículo 81, justo como el último de los órganos de gobierno de un colegio, sin regular en absoluto su periodicidad, dejándola al arbitrio de cada colegio.
 
La regulación que de la Junta General contiene el EGAE (artículo 81) es del todo insuficiente. De un lado porque está colocada como artículo de cierre de los órganos de gobierno de los colegios, cuando le debería corresponder el lugar de privilegio de ser el primer órgano en aparecer en el estatuto. De otro porque no se recogen las funciones que tiene dicho órgano, con lo que parece que se trata de un órgano vacío de potestad cuando realmente el resto de los órganos de gobierno emanan de la Asamblea o Junta General, que es quien realmente ostenta, como reunión de todos los colegiados, todos los poderes que posteriormente ejercerán, en virtud de representación, el resto de los órganos. Y finalmente porque no se recoge la obligación de convocar, al menos una vez al año, la Asamblea o Junta General para aprobar, si procede, la gestión de la Junta Directiva y el Decano durante ese año, para fijar las políticas de la corporación y para marcar los presupuestos. Dado que en ambos textos se habla de Memoria Anual, presupuestos anuales, cuantas anuales, desde luego habría sido lo lógico que se estableciera una convocatoria cuanto mínimo anual de todos los colegiados para que en Junta General hicieran las observaciones y plantearan las cuestiones que consideraran oportunas, aprobando o rechazando la gestión de la Junta Directiva. Curiosamente al regular el Pleno del Consejo General, sí que realiza una descripción bastante detallada de las competencias y funciones del mismo. Parece que la asamblea de notables que es el pleno del Consejo tenga más atribuciones que la Asamblea de los colegiados en cada colegio.
 
En cuanto a fines y funciones de los colegios profesionales, el ALSCP contiene una función que no está dentro de las que el EGAE recoge para los colegios. Se trata de la señalada en el artículo 34.h, que fija como función de los colegios:
 
Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.
 
Parece que el colegio deberá facilitar información sobre sus colegiados y las sanciones firmes a ellos impuestas a cualquiera que lo solicite. Es indiscutible que esta medida tiene un importante componente de transparencia ética, pero la información debería ser completa en cuanto al motivo de la sanción, cumplimiento de la misma, antigüedad etc., y debería establecerse un mecanismo para “borrar” los antecedentes, quizá basado en el artículo 136 del CP. No parece ni justo ni ético que una sanción impuesta hace mucho tiempo siga constando como antecedente que pueda dar una idea equivocada de la valía de un profesional, máxime cuando hasta los antecedentes penales pueden ser “borrados” de la vida de una persona. Tampoco se establece en qué modo este tipo de sanciones podría afectar a la certificación del profesional caso de que éste la solicite o la haya obtenido.
 
En cuanto a los órganos rectores de cada colegio, como hemos comentado, las referencias a la Junta General son vagas y muy poco proclives a darle el protagonismo que merece. Llama la atención que mientras el ALSCP marca unos principios de actuación para los miembros de los cargos directivos de los colegios, entre los que se encuentran algunos tan razonables como no aceptar regalos o favores por razón de su cargo que vayan más allá de los usos normales de la cortesía o no valerse de su posición para obtener ventajas para fines propios o de sus familiares, o prohibir la contratación por parte del colegio de familiares hasta 2º grado, el EGAE guarda un absoluto silencio sobre estas líneas éticas. Parece fiarlo todo al código deontológico, pero habría sido a mi juicio preferible que se recogieran directamente en el Estatuto. Por lo demás, el tratamiento de funciones de los órganos rectores está más desarrollado en el EGAE que en el ALSCP, como no puede ser de otro modo al tratarse este último de un texto de mínimos y básico para todos los colegios.
 
El EGAE tampoco establece un régimen de incompatibilidades para la elección de cargo directivo, como sí lo hace el ALSCP que prohíbe la elección para un cargo a cargos electos del Estadio, las Comunidades Autónomas o las corporaciones locales, a los titulares de órganos directivos o superiores de la Administración, a los directivos de Partidos, Sindicatos u Organizaciones Empresariales y los directivos de entidades de seguros o mutualidades que tengan relación con el colegio.
 
Acerca del régimen jurídico, sancionador y disciplinario, el EGAE, que lógicamente desarrolla estos aspectos con mayor amplitud, nada dice sobre una de las infracciones que el ALSCP considera “muy graves” en concreto las obligaciones “…de información al destinatario previstas en esta ley.” Lo cierto es que la ley no prevé ninguna obligación específica de información al destinatario (al menos no en el artículo 18 “Obligaciones de los profesionales”, a menos que se le dé esa gravedad a lo dispuesto en el apartado 3 (acreditar por escrito “…su solvencia profesional por medios que permitan a los destinatarios apreciar los conocimientos técnicos, eficacia, calidad, experiencia y fiabilidad del profesional.”) o en el apartado 5 (“Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de reclamaciones e información a los destinatarios de sus servicios así como las demás obligaciones previstas en la normativa de defensa de consumidores y usuarios y el resto de la normativa sectorial aplicable”).
 
Parece un poco excesivo colocar en el mismo plano de gravedad esta ausencia de información (que por otro lado se regula de forma muy liviana con lo que casi cualquier información por escasa que sea puede dar cumplimiento a la obligación de información) con la negligencia que cause grave daño o la práctica abusiva. De hecho el EGAE, que desarrolla qué información se debe facilitar al cliente a petición del mismo, la considera una falta grave y no muy grave (artículo 124.c).
 
Tampoco se contempla en ninguno de los dos textos la reincidencia como carácter agravatorio de las infracciones ni como elemento para subir un escalón la consideración de la infracción reiterada.
 
Por cierto, en ninguno de ambos textos se considera infracción muy grave el no atender al pago de las cuotas colegiales. El EGAE lo considera falta grave, sin establecer el impago de cuántas cuotas dan lugar a la comisión de dicha falta, pero entra en contradicción al posibilitar su sanción con la expulsión del colegio, castigo que supera incluso el que reciben las faltas muy graves que deja la expulsión “atendiendo a la proporcionalidad” corriendo pareja con la suspensión por un plazo superior a un año y que no exceda de dos.
 
El EGAE no regula la posibilidad de suspender el pago de las cuotas o negociar un pago aplazado de las mismas en supuestos de insolvencia sobrevenida del colegiado o por disminución drástica de sus ingresos debido a la crisis. Un colegio no es una ONG pero debería velar por sus colegiados en situación de desamparo económico, y no aplicar casi con automatismo la mayor sanción para un profesional que es la expulsión del colegio y por tanto la pérdida de sus posibilidades de ejercer la profesión y por tanto de ganarse arduamente la vida. No se trata de proteger comportamientos poco éticos y picarescos, como los de quien no paga simplemente porque no quiere, sino de establecer un mecanismo para evitar situaciones como las que recientemente se han vivido en el ICAM con la expulsión de compañeros en situación económica delicada, e incluso en algunos casos desesperada.
 
Doy por finalizado aquí este breve repaso a los aspectos que he considerado más significativos al comparar e EGAE con el ALSCP. Desde luego este análisis no contiene sino pinceladas que recogen la opinión que me ha despertado la lectura de ambos textos, sin ánimo de la exhaustividad que sin duda otros compañeros más preparados emplearán al abordar los textos. Pero la importancia de ambos para el desempeño de nuestra profesión me ha animado a exponer las cuestiones que más me han llamado la atención de ambos.
 

Joaquín Ramón López-Bravo
Abogado y Periodista
Fundador de Abogados por un COLEGIO-ético
www.colegio-etico.es
Sigueme en Twitter @lopezbravojr

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. El extraño caso de la auditoría de cuentas del ICAM de 2013 | COLEGIO-ético - 03/02/2014

    […] por un Colegio ético (www.colegio-etico.es), tratándose este punto en el tercero de ellos http://colegio-etico.es/noticias/los-colegios-profesionales-y-las-organizaciones-colegiales-iii/ , cuya opinión suscribo.   A la vista del anterior vacío, debemos remitirnos allí donde […]

Deja un comentario

ASOCIACIÓN
“Abogados por un COLEGIO-ético”
Calle Reina Mercedes,22
28020 Madrid
CIF: G86855350
Tlf: 91 456 29 80
Email: info@colegio-etico.es

© 2013 Abogados por un COLEGIO-ético
Todos los Derechos Reservados.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR