Los conflictos legales de las ‘apps’, un filón para los bufetes

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Los conflictos legales de las ‘apps’, un filón para los bufetes
 
V.Moreno – Expansión
 
Aplicaciones móviles como Uber o Secret ponen de manifiesto las diferencias normativas de cada país ante la irrupción de estos nuevos modelos de negocio, hasta el punto de prohibirlos en su territorio.
 
Injurias realizadas a través Twitter, mensajes de WhatsApp utilizados en juicios como prueba, robos de información o fotografías personales realizados en perfiles de Facebook.
Estos son algunos de los ejemplos que demuestran que las aplicaciones móviles pueden llegar a generar importantes conflictos legales y por lo que este tipo de software para dispositivos móviles se ha convertido en uno de los nuevos focos de atención de los bufetes y sus abogados.
 
Las defensas que realicen los letrados en este tipo de asuntos deberán ser novedosas, pero siempre tendrán que ceñirse a la realidad normativa de su país y usar las armas legales de las que disponen, a la espera de que la legislación evolucione para hacer frente a las nuevas realidades del mundo virtual.
 
Uno de los mayores problemas de este nuevo universo legal es que las sentencias de los jueces varían demasiado entre tribunales, lo que provoca que no sea fácil crear una jurisprudencia clara y establecer herramientas únicas para solucionar los mismos conflictos en diferentes territorios.
 
La muestra más evidente de esta última afirmación es la decisión tomada por el Estado de Espirito Santo (Brasil) sobre las aplicaciones Secret y Cryptic, ambas redes sociales en las que es posible realizar comentarios de manera anónima y que han generado una interminable lista de víctimas de difamación e injurias en el país carioca.
 
El tribunal regional de este territorio brasileño decidió, hace un par de semanas, prohibir la descarga de estos programas basándose en un argumento posiblemente inapelable: la Constitución brasileña expresa que todo el mundo es libre de manifestar sus pensamientos, pero excluye expresamente que esta manifestación se haga de manera anónima.
 
Teniendo en cuenta esta decisión, ¿podríamos concluir que este mismo argumento serviría en España? La respuesta es un rotundo no. “A diferencia de Brasil, la Constitución española no hace ninguna referencia al anonimato. En estos asuntos, los jueces españoles sólo podrán contraponer la libertad de expresión de la persona que ha emitido el mensaje frente al derecho a la intimidad de aquel que se sienta perjudicado”, explica Alonso Hurtado, socio del área de tecnologías de la información de Ecija.
 
Frente a la posibilidad de prohibir la aplicación, Alonso piensa que sólo se podría plantear si fuera “un foco de comisión de delitos o ilícitos claro. Sin embargo, esta posibilidad es bastante improbable. El verdadero problema en este asunto es que si la aplicación cumple los requisitos legales no existe ningún argumento para solicitar su cierre. En la mayor parte de los casos, el software se ciñe a la normativa vigente y lo que es ilegal es el mal uso del mismo. Secret, por ejemplo, es una aplicación neutra, pero muchos de sus usuarios terminan difamando a otros y aquí es donde reside el ilícito real”.
 
Otro de los problemas que engendran estas aplicaciones móviles es la limitación territorial de las decisiones de los tribunales. Es decir, que una aplicación puede estar prohibida en un país y ser completamente legal en el estado vecino porque las legislaciones son diferentes. El mejor ejemplo de esta realidad se está dando con Uber, la plataforma móvil que conecta a los usuarios de smartphones para compartir coche.
 
Prohibición, pero parcial
 
Mientras que en Nueva York o Londres la aplicación funciona con el beneplácito de los tribunales, hace dos días, el juzgado regional de Francfort tomó la decisión de prohibir Uber en todo el territorio alemán temporalmente.
En la sentencia, el juez explicaba que “sin un permiso oficial sobre la base de la ley de transporte de pasajeros, la empresa no puede trasladar a nadie a través de la aplicación Uber”.
 
En España, esta aplicación sólo opera en Barcelona. En la Ciudad Condal, la Generalitat de Cataluña ha decidido iniciar un expediente informativo por supuesto incumplimiento de la normativa regional.
“Los argumentos que se están utilizando para acabar con Uber son la competencia desleal y la irregularidad de los seguros. Estos motivos deberían ser suficientes para que un juez vete o prohíba la aplicación. Sin embargo, el problema es que los conductores que ofrecen sus servicios a través de Uber no tienen nada que ver con la empresa estadounidense, no son sus empleados, y se estaría sancionando una aplicación que poco tiene que ver con el ilícito cometido”, concluye Alonso.
 
Conflictos legales cortados de raíz
 
No siempre las aplicaciones tienen que llegar a los tribunales para ser prohibidas. También se dan casos en los que se incumplen derechos de propiedad intelectual o industrial y aplicaciones que son eliminadas por las plataformas virtuales porque incumplen los términos de servicio o porque son peligrosas, ya sea porque exaltan la violencia, incitan al consumo de alcohol o drogas o violan la intimidad de los usuarios.
 
Existen infinidad de aplicaciones que han sido eliminadas por las tiendas virtuales Apple Store o Google Play. Entre las más polémicas hay que resaltar iSnort, que permitía la inhalación virtual de cocaína. Fue eliminada tras las enérgicas protestas de los colectivos antidroga, pero han surgido otras que simulan acciones similares.
La polémica ha llegado hasta España y la Unión de Consumidores de Andalucía ya ha solicitado la creación de regulación restrictiva en cuanto a las posibilidades de descargar estos programas.
 
Las aplicaciones para jugar al póker también se han enfrentado al rechazo de las tiendas virtuales. Sólo han sobrevivido aquellas que alertan sobre la posible adicción al juego y las pérdidas que pueden ocasionar.
 
En clave política, iMussolini ha sido la más llamativa. La aplicación permitía descargar discursos del dictador italiano, pero las quejas de diversos grupos políticos que aseguraban que se exaltaba la figura de Mussolini y diferentes problemas con asuntos de propiedad intelectual acabaron con la aplicación.

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