“Ningún gobierno ha tenido voluntad de mejorar la Justicia”

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CARLOS CARNICER – PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA “Ningún gobierno ha tenido voluntad de mejorar la Justicia”

El letrado asegura que no se cuida suficiente a los jueces y que leyes como la de las tasas están alejando a los ciudadanos de la Justicia.

 
“La reforma de la Administración de Justicia está todavía pendiente. Ni éste ni ningún Gobierno anterior han tenido la voluntad política de mejorarla”. Con estas palabras Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), resume el mayor dilema al que se enfrenta el sector jurídico español.

“Los presupuestos de 2014 demuestran que este Gobierno tampoco la quiere llevar a cabo. Si queremos resolver los problemas, hay que cuidar a nuestros jueces y fiscales y dotar de medios a nuestros juzgados para evitar que la instrucción de un asunto pueda dura hasta once años”, añade, en referencia al caso Prestige.

Carnicer se muestra profundamente preocupado por este asunto y añade que, ahora mismo, “lo prioritario es garantizar que no se privatice la Justicia. Se pretende establecer como única fórmula la mediación y el arbitraje. Y se está manifestando igualmente en las competencias que se están regalando a los notarios, los registradores y los procuradores. Debemos cuidar la calidad democrática que emanó de la Constitución, que ésta sea cada vez mayor y que nunca sea vulnerada”.

El presidente del CGAE pone sobre la mesa temas que también le preocupan como la ley de tasas judiciales, la ley de servicios y colegios profesionales o la ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, entre otros, que siguen provocando quebraderos de cabeza entre todos los profesionales de este ámbito.

“Ha pasado un año desde la publicación de la polémica ley de tasas y en este periodo todas las razones expuestas por el ministro de Justicia para lanzarla se han derrumbado. Alberto Ruiz-Gallardón siempre ha puesto como ejemplo a Francia en este asunto. Pues bien, el Gobierno galo acaba de anunciar que eliminará todas las tasas judiciales a partir del 1 de enero de 2014. El ministro también argumentó que este impuesto serviría para financiar los servicios de justicia gratuita y, hoy en día, podemos decir que este aspecto también ha sido un fracaso. Según los datos que tenemos, hasta el mes de septiembre, sólo se han recaudado 100 millones de euros, cuando el gabinete de Ruiz-Gallardón había presupuestado que se alcanzarían los 306 millones. Lo más probable es que a finales de año no lleguemos ni a la mitad de la cifra que el ministerio había previsto”, explica Carnicer.

En este último año, la tramitación de causas judiciales ha caído un 24%, según los datos que el Ministerio de Justicia aportó en el Congreso de los Diputados, “lo que significa que miles de ciudadanos no están pudiendo acceder a la Justicia. Esto supone una violación escandalosa del derecho fundamental a la defensa y una quiebra flagrante del estado de Derecho. Este norma está ahondando la brecha entre los ricos, la clase media y las personas pobres. Por eso seguimos luchando contra la ley de tasas: por justicia social”, concluye.

Menos jueces
Otro charco en el que se ha metido Ruiz-Gallardón y que el presidente del CGAE no logra entender es el de las medidas de eficiencia presupuestaria, ley orgánica que se aprobó en diciembre del año pasado.

“En un país en el que la principal enfermedad de la Justicia es la lentitud, ¿cómo se puede concebir que el ministerio decida suprimir 1.300 plazas de jueces? Esto representa exactamente la cuarta parte de las plazas de jueces de España. Entiendo que en un periodo de crisis es necesario hacer recortes, pero, en este caso, no parece que sea la decisión política más acertada. Y es que, rebajar el número de jueces sólo impedirá que la Justicia se ponga al día”.

Carlos Carnicer está convencido de que se podrían revisar ciertas normas para conseguir agilizarla, como es el caso de la ley de enjuiciamiento civil, pero se pregunta si, llegado el momento, “el ministerio contará con la opinión de los profesionales del sector, algo que no han tenido en cuenta en ninguna de las reformas que se han llevado a cabo hasta el momento, como en la ley orgánica del poder judicial, que aunque haya sido aprobada, no ha gustado a nadie de la Administración de Justicia”.

“La ley de servicios pretende amordazar a los colegios profesionales”
El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSyCP), aprobado el pasado 2 de agosto en Consejo de Ministros, es otro de los frentes de batalla abiertos por el Ministerio de Justicia. Carlos Carnicer asegura que esta nueva normativa es “profundamente injusta” y que es el prototipo de ley que puede acabar con este tipo de instituciones.

“La LSyCP pretende amordazar a los colegios profesionales, privarles de la autonomía que han tenido siempre, y que les otorga la Constitución, y perjudicar su capacidad de autorregulación”. El presidente del Consejo General de la Abogacía entiende que esta norma acusa errores “tremendos” y asegura que es evidente que el anteproyecto “no ha sido hecho por juristas, sino por economistas, que se aferran a la teoría de que la desregulación provoca la entrada de más operadores, produce una mayor calidad en los servicios profesionales y genera una rebaja de precios. Esa visión, en las profesiones liberales españolas, y especialmente en la abogacía, es mentira”.

Por último, Carnicer asegura que el Ministerio de Justicia está vendiendo esta nueva norma por una “pretendida desregulación demanda por Europa”, lo que, según él, “no es cierto”.
 
El error de la doctrina Parot

“No hay que volver la cara o desviar la atención en este tipo de casos. Los únicos responsables de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya tirado por tierra la doctrina Parot son los legisladores”, afirma Carlos Carnicer. Según explica el presidente del CGAE, aunque se pueda estar más o menos de acuerdo con el fallo de Estrasburgo, lo importante es acatarlo y nunca caer en la manipulación política de la sentencia. “Los legisladores son los que han tenido la representación popular y el poder de cambiar la norma. Sin embargo, no lo han hecho. Esta decisión que ha generado tanto revuelo en España tiene que servir para que, de ahora en adelante, se legisle bien, pensando en todos los aspectos, y para que los legisladores también asuman su responsabilidad”.

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Una Respuesta a “Ningún gobierno ha tenido voluntad de mejorar la Justicia”

  1. Joaquín Ramón López Bravo 21/11/2013 en 9:16 am #

    La única voluntad del ejecutivo sea del color que sea ha sido siempre acaparar los tres poderes para evitarse sobresaltos. Tras la apariencia democrática de las elecciones se esconde el enorme poder que alcanza una así llamada mayoría absoluta. No olvidemos que dicha mayoría “absoluta” obtenida en un sistema electoral profundamente injusto como el nuestro está compuesta por algo más de 10 millones de votos, algo menos de un tercio de todos los electores (35 millones) y apenas un quinto de los habitantes (47 millones). Y hemos visto cómo con tan exigua mayoría social se ha desmantelado en dos años el estado del bienestar para mantener un estado económico a los dictados de la economía bancaria. Por eso el ejecutivo necesita tener “cautivos” a los otros dos poderes, para no tener el contrapeso de los mismos ni el control de un poder judicial cada vez más politizado como lo demuestra el reciente “cambio de cromos” del CGPJ. Por este camino vamos al desastre. Y la ciudadanía que no se entera y no protesta airadamente contra el desmedido incremento de las tasas judiciales. Ayer en Plaza de Castilla apenas trescientas personas, la mayoría abogados o miembros de sindicatos. La ciudadanía o no se entera o no se quiere enterar. Cada vez somos más súbditos y menos ciudadanos.

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