Pequeñas controversias…, ¿pequeñas?

Goya
 
Pequeñas controversias…, ¿pequeñas?
 
En la pasada Junta General Ordinaria (JGO) del Ilustre Colegio oficial de Abogados (ICAM) asistimos a un espectáculo que resultó ser la manifestación pública de las disensiones existentes en la Junta de Gobierno (JG) del ICAM, que muchos sospechábamos pero que fueron públicamente enunciadas por las partes en conflicto. El juego de esgrima, lejos de la elegancia del florete o de la nobleza del sable, se libró a machetazos zafreros, permítasenos el símil, si bien la caña cortada no desprende azúcar precisamente.
 
En el acta de la JGO del 18 de diciembre de 2.014, en la que ya se apuntaron lo que fueron los primeros tiros y estocadas del combate que parece que se libra en el seno de la Junta de Gobierno del ICAM, se puede leer (página 55) que la Excma. Sra Decana dice, a preguntas de un compañero sobre las discrepancias entre la Excma. Sra. Decana y el Ilmo. Sr. Vicedecano y Tesorero:
 
art.1
 
Y prosigue:
 
art.2
 
Para saber que Ley debemos interpretar, entendemos que debemos acudir de nuevo a los Estatutos del ICAM, cuyo artículo 26.3 establece las competencias del Tesorero:
 
Corresponderá al Tesorero supervisar, con la colaboración técnica que precise, la administración del patrimonio del Colegio, presentar a la Junta General el proyecto de presupuesto, rendir las cuentas anuales, cuidar de la correcta contabilización de los actos colegiales de contenido económico, y de los procedimientos de auditoría interna y externa que aseguren la conservación del patrimonio, además de las funciones establecidas en el Estatuto General de la Abogacía, los presentes Estatutos y cuantas otras le atribuya la legislación vigente.
 
¿Cómo cuidar de la “correcta contabilización de los actos colegiales de contenido económico”? ¿Bastará con una “… liquidación trimestral del presupuesto…” como asegura la Excma. Sra. Decana? Imaginamos que dependerá de la destreza del Tesorero. Ignoramos el número de apuntes contables que componen la contabilidad del ICAM, aunque puedo suponer que son muy numerosos. Y se nos ocurre que con una simple revisión trimestral de la realización del presupuesto no debe ser posible el cuidado de la “correcta contabilización” de los gastos del ICAM. Más bien parece necesario “ticar” (como dice la Excma. Sra. Decana) cada apunte con el fin de evitar desviaciones presupuestarias. Es más, aunque así no fuera, ¿no debería ser el Tesorero quien estableciera la mejor forma de dar cumplimiento a las obligaciones que su cargo le impone? ¿Cómo exigirle a alguien que desempeñe una labor sin permitirle que establezca su propia metiodología?
 
Esta “pequeña controversia”, lo que en la JGO de 18 de diciembre de 2.014 eran juegos de florete se han convertido en esta JGO de 26 de marzo de 2.015 en sangrientos machetazos zafreros. No disponemos, como es habitual, del Acta de la JGO, aunque es posible que esta vez dispongamos de ella justo el día antes de la celebración de la próxima JGO, para así poder decir desde la mesa, como dijo la Ilma. Sra. Secretaria del ICAM, que el Acta de la anterior JGO “ya estaba a disposición” de los colegiados en la Web. Omitió el pequeño e insignificante detalle de que el Acta se colgó el 25 de marzo. Minucias. Lo importante es que podía hablar en pasado dando a entender que podía haber sido estudiada y comentada.
 
Lo cierto es que la imposibilidad de acceder al Acta nos obliga a relatar de memoria los acontecimientos que vivimos, y eso genera un riesgo evidente de malas interpretaciones. Pero nos sentimos eximidos de responsabilidades. Al fin y al cabo venimos pidiendo una publicidad inmediata de las actas desde hace ya tiempo, y no entendemos, habiendo como hay programas que mecanografían mecánicamente textos hablados, por qué se tardan más de tres meses en dar publicidad a las Actas, único documento que permite hablar con la certeza de saber qué se dijo, al menos con efecto legal, ya que el acta es el único documento válido sobre lo que sucedió en la JGO.
 
El primer machetazo de la JGO del 26 de marzo lo asestó la Excma. Sra. Decana previamente a la JGO. Las cuentas de 2.014 del ICAM han sido firmadas por ella, no por el Ilmo. Sr. Tesorero como parece deducirse que es obligatorio según la redacción de los Estatutos del ICAM, como analizaremos más adelante. Ni una sola explicación del por qué de esta “sustitución de funciones” en la presentación de las cuentas a la JGO. Tampoco las dio la Excma. Sra. Decana mientras examinaba, leía y explicaba parte de las cuentas para su aprobación. Cualquier pregunta al respecto fue cortada desde la mesa y trasladada al apartado “ruegos y preguntas”.
 
Aquello fue el principio. Asistimos atónitos a una auténtica lucha de titanes entre la Excma. Sra. Decana y el Ilmo. Sr. Tesorero, con soterrados (y no tan soterrados) ataques hacia la capacidad, labor, espíritu de trabajo, colaboración y otros aspectos tanto profesionales (valga tal epíteto para calificar los relativos a su actuación como miembros de la Junta de Gobierno del ICAM) como personales. Incluso a última hora, ya en el apartado de ruegos y preguntas, se acreció nuestro asombro al ver cómo el representante de la asociación ALTODO lanzaba un ataque furibundo contra el Ilmo. Sr. Tesorero, asegurándole que se encontraba en la Junta de Gobierno representando a ALTODO y que sin embargo nunca había defendido a dicha asociación en la Junta de Gobierno, y acusaciones que, al decir del Ilmo. Sr. Tesorero, tergiversaban conversaciones privadas mantenidas entre ambos. Se ha abierto la veda del Tesorero. Vamos como si un visitante del Museo del Prado se metiera en el cuadro de “Duelo a garrotazos” para golpear a uno de los contendientes. Por un momento el humor (negro en esta ocasión) de Gila flotó en el ambiente.
 
Independientemente de los motivos de esa caza y de si el Ilmo. Sr. Tesorero se ha hecho acreedor a la misma o no, queda muy claro que el ambiente en la Junta de Gobierno no es el mejor para que funcione adecuadamente el Gobierno del ICAM. Debemos recordar que hasta ahora han dimitido ya cuatro integrantes de la Junta de Gobierno, y aunque los argumentos esgrimidos por los dimisionarios están dentro de lo políticamente correcto (motivos personales y/o profesionales), no deja de sorprender que una Junta de Gobierno elegida con vocación de cambio de las estructuras y los modos haya durado “entera” tan poco tiempo (la primera dimisión se produjo a las 24 horas de tomar posesión del cargo) y que, además, hayan transcendido insinuaciones, discrepancias y enfrentamientos en su seno.
 
Pero lo más serio de todo eso es saber si la aprobación de cuentas puede haber sido nula de pleno Derecho. Debemos recordar que entre las funciones del Tesorero enumeradas en el artículo 26.3, se encuentran las de “…rendir las cuentas anuales…”. Interrogada la Excma. Sra. Decana a este respecto, nos deleitó con otra de sus interpretaciones gloriosas: el prolijo artículo 27, en su apartado 26 (al que erróneamente se refirió en un principio como apartado 6) establece, entre las funciones de la Junta de Gobierno, las siguientes:
 
Formular y rendir las cuentas anuales para su examen y aprobación por la Junta General.
 
Y por tanto ella se sentía legitimada para formular y rendir las cuentas.
 
Sin embargo algunas de las actividades y funciones recogidas en el larguísimo artículo 27 están explícitamente atribuidas, por los artículos 25 y 26, a miembros determinados de la Junta de Gobierno quienes, actuando de forma colegiada, son responsables directos de tales funciones. De entre ellas al Ilmo. Sr. Tesorero los estatutos le reservan las funciones, entre otras, de rendir las cuentas anuales ante la Junta General Ordinaria. Así pues, el argumento de la Excma. Sra. Decana cae por su peso. Si existe una atribución directa por la normativa de una función a un órgano (aunque el mismo sea parte de otro mayor) es este órgano quien debe cumplir su función y no el superior o más amplio a quien cabrá, en cualquier caso, las funciones de control correspondiente.
 
Esta explicación que debería ser innecesaria pone de manifiesto su auténtico talante autoritario y unipersonal. Y desprende cierto aroma absolutista a “el ICAM soy yo”. Ciertamente llama la atención el silencio casi absoluto de los miembros de la mesa en todas la JJGGOO. El reparto de juego es escaso y muchas veces intrascendente. Hay diputados de quienes no conocemos el tono de voz. La Junta de Gobierno no es la Excma. Sra. Decana con lo que habida cuenta su obligación estatutaria de dirigir las reuniones, con las facultades añadidas de abrir la sesión, conceder el uso de la palabra, moderar y ordenar el turno de las intervenciones, velar por el correcto desarrollo de las deliberaciones y considerar cuándo un asunto está suficientemente debatido para ser sometido a votación, difícilmente puede estar atenta a tanta función y además a las cuestiones que sobre cuentas se le planteen.
 
Se da también la curiosa circunstancia de que, al rendir cuentas y defenderlas y al tiempo dirigir la JGO en este punto, será juez y parte en el procedimiento de aprobación de las cuentas anuales que son la plasmación económica de la actuación de la Junta de Gobierno, dando las explicaciones que considere oportunas y cerrando el debate si lo considera “suficientemente debatido”. Buenos argumentos para evitar intervenciones incómodas o negarse a dar alguna explicación.
 
Todo ello nos lleva a preguntarnos si esta costumbre de la Excma. Sra. Decana de llevar al límite, cuando no extralimitar, la interpretación de la norma en un sentido que no es “…el propio de sus palabras…” como exige nuestro Código Civil, es conveniente para el ICAM, para la necesaria transparencia de sus actuaciones y para dotar a los abogados madrileños de la representación que se merecen. Y si la Junta de Gobierno que actualmente rige los designios del ICAM está preparada y cohesionada para afrontar los retos que enfrenta nuestra profesión.
 
Nosotros, sinceramente, creemos que no. Pero la imposibilidad de reunir los votos necesarios para instar una moción de censura (unos 4.400 votos, el 10% de los colegiados ejercientes) y convocar después la JGO en la que se tratara con el quorum suficiente (unos 38.500 colegiados en primera convocatoria o unos 20.000 en segunda) la moción de censura, hace que no nos quede más que aguantarnos, señalar estos problemas y esperar que la Junta de Gobierno que salga de la próximas elecciones del ICAM sea más sensible a la muy necesaria modificación de los Estatutos.
 
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Joaquín Ramón López Bravo
Abogado y Periodista
Portavoz de la Asociación Abogados por un COLEGIO-ético
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