¿Por qué votar por la Nueva Mutua?

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(Primera alternativa) Propuesta en la Junta General del ICAM del 19 de diciembre
 
En la Junta General del 19 de diciembre volverá a someterse a votación de los abogados madrileños un aspecto sobre el que ya han decidido: cómo darle continuidad a un Servicio Médico que ha sido ejemplo de cobertura solidaria médica y que por razones legales debe cambiar la forma en que el mismo se preste.
 
Debo recordar que esta es una cuestión ya debatida y decidida por la Junta General del ICAM de noviembre de 2.011. En aquella ocasión la abogacía madrileña se decantó por la creación de una mutua y toda una serie de actuaciones que no voy a repetir aquí por conocidas. Se trataba en definitiva de dar continuidad al Servicios Médico del ICAM de la forma menos traumática y más continuista posible. El tenor del acuerdo, cuya redacción debemos recordar aquí, es el siguiente:
 
La transformación del actual servicio médico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid mediante la constitución de una mutua de seguros a prima fija que operará, entre otros, en el ramo de enfermedad, incluida la asistencia sanitaria, que podrá ejercer sus actividades en todo o parte del territorio nacional y de la que podrán formar parte en las condiciones que se determinen todos los colegiados, sin perjuicio de que, adicionalmente, la mutua ofrezca su cobertura a otros colectivos
 
Los informes de los expertos.
 
Aunque aparentemente el texto es claro y meridiano, la Decana en su carta adjunta a la convocatoria en la Web asegura que:
 
“…en esta Junta de Gobierno se han suscitado diversas dudas en relación con el proceso de ejecución de los acuerdos inicialmente adoptados por la Junta General…”
 
Resulta cuanto menos curioso que las dudas hayan asaltado a la Junta de Gobierno al llegar al poder. Lo tuvo muy claro su candidatura, y por tanto toda la actual Junta de Gobierno como ganadores de las elecciones. D. José Manuel Pradas, en el vídeo de campaña http://www.youtube.com/watch?v=rHaqvPQiHE0 habla de la larga batalla que se inició para lograr, en palabras suyas, “tirar al traste ese auténtico disparate”. El compañero Pradas afirma textualmente:
 
“Pero lo que en ningún caso toleraremos será que se externalice la gestión de forma que el colegio de abogados no tenga control sobre la actuación del Servicio Médico”. (minuto 1:15 de su vídeo electoral).
 
¿Por qué entonces la Junta de Gobierno incumple de forma flagrante esa promesa “en ningún caso toleraremos” llevando a una nueva Junta General otra vez la “externalización” del Servicio Médico? Es una constante en este país que nadie cumpla sus promesas electorales. Como dijo en cierta ocasión el viejo profesor Tierno Galván, las promesas electorales están para incumplirlas. Y hay que se ha aplicado tan bien ese dicho que no sólo las incumple, sino que hace exactamente lo contrario de lo que prometió, como hemos tenido ocasión de ver en muchos ámbitos y en lo que nos afecta, en nuestro Colegio estamos recogiendo desde nuestra Asociación y publicando en nuestra web www.http://www. colegio-etico.es
 
Para disipar sus recientes dudas la Junta de Gobierno ha contratado dos informes, que imagino habrán sido costosos, uno sobre aspectos económicos a KPMG y otro sobre aspectos jurídicos al despacho Cuatrecasas.
 
Resumiendo, el informe de KPMG hace constar sus dudas sobre la viabilidad económica de la Nueva Mutua, y el de Cuatrecasas hace referencia a ciertos aspectos jurídicos (contraprestación que debe recibir el ICAM por la cesión del patrimonio a la Nueva Mutua, problemas con los contratos de seguros suscritos con los asegurados y problemas con la aplicación de la Ley de protección de datos de carácter personal al ceder historiales a la nueva Mutua). Ambos informes se decantan pues por una solución radicalmente distinta a la adoptada por la Junta General. Estamos pues no sólo ante un incumplimiento de una promesa electoral, sino ante un intento apenas encubierto de torcer la voluntad soberana de la Junta General del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
 
Llama poderosamente la atención que Cuatrecasas considere que:
 
“En todo caso, los Acuerdos, interpretados en conjunto con la Documentación y con el resto del contenido del Acta, carecen de claridad y concreción”.
 
A mí me parece que el acuerdo es claro y concreto: “…transformación del actual servicio médico… mediante la constitución de una mutua de seguros a prima fija”, y que por tanto podremos hablar sobre las condiciones, términos y plazos para llevar a cabo este acuerdo, pero no cabe la “externalización” (conste que las comillas no son mías: aparecen en el informe de Cuatrecasas) del servicio médico. Apoya sus conclusiones Cuatrecasas en dos aspectos: la exención de cuota de los colegiados con más de 50 años de ejercicio (lo menciona tan a menudo en su informe que parece ser el único problema para la constitución de la mutua) y el informe económico de KPMG al que se refiere casi de pasada. Es verdad que también dice que la decisión de la Junta General de noviembre de 2011 estuvo viciada porque la información que se facilitó no era completa. Pero yo creo que de haber sido así, se deberían haber presentado los correspondientes recursos y haberlos seguido hasta obtener una sentencia firme, lo que no se ha hecho. El argumento pues debe desestimarse. Eso no quiere decir que no quepa plantear de nuevo la cuestión a la Junta General. Pero no sobre la base de ese presunto vicio, sino sobre el de un cambio de criterio o una realidad que exceda o modifique la situación que llevó a la Junta General a tomar una decisión determinada.
 
En cuanto a la exención de cuotas para aquellos colegiados que lleven 50 años de ejercicio, no debemos olvidar que eso implica que llevan 50 años cotizando, y que por tanto han contribuido generosamente al fondo del Servicio Médico, y muchos de ellos no habrán utilizado el servicio médico con profusión durante esos 50 años.
 
Pero es que además para que un colegiado lleve 50 años colegiado y ejerciendo debe alcanzar una edad que en el mejor de los casos, de compañeros brillantes que se hayan licenciado sin repetir ningún curso, será de 72 años (según el plan antiguo de 1.953, bachiller superior acabado con 16 años, COU o PREU con 17 y cinco de carrera hacen 22 años, y por tanto tras 50 de ejercicio alcanzarán esa edad de 72 años, ya que según los nuevos planes de educación, cuando lleguen, esa edad se aumentará a los 75 años, la ESO a los 16, el BUP a los 19, COU a los 20, fin de carrera a los 25). Voy a referirme ahora sólo al aspecto económico. Después lo haré al humano. En el informe de KPMG aparecen desglosados el número de usuarios exentos del pago por haber cumplido 50 años de ejercicio profesional: 2.137, de los cuales 1.250 lo son “con carácter de continuidad”. Ignoro qué quiere decir eso exactamente, pero parece que son los que ostentan esa exención a lo largo de un tiempo, ignoro cuánto porque el informe no lo desglosa. El número supone un porcentaje sinceramente ridículo del colectivo de abogados colegiados en Madrid. No puede ser, como parece insinuar por su insistencia el informe de Cuatrecasas, el mayor problema para la constitución de la Mutua.
 
Dado el insuficiente apoyo fáctico de las conclusiones del informe jurídico de Cuatrecasas no parece que sus conclusiones deban tenerse muy en cuenta.
 
En cuanto al informe de KPMG, es necesario tener en cuenta que está basado en la situación en el mercado de empresas en el sector del seguro. Y no es esto lo que supone la conversión del Servicio Médico en Mutua asistencial. El servicio médico del ICAM nunca fue una empresa, nunca persiguió un beneficio, sino dar a sus colegiados un servicio propio y solidario. La comparación del informe de KPMG parte, pues, de un punto de vista viciado y erróneo. Como dice el mismo informe:
 
“Hasta la fecha, el ICAM ha aplicado unas tarifas para los usuarios del SM calculadas en función del vínculo del usuario con el ICAM (e.g. colegiado ejerciente/no ejerciente, beneficiario, etc.) que no tienen en cuenta las características actuariales del mismo (e.g. edad, antecedentes sanitarios, etc.) como es práctica habitual de mercado.”
 
Y es que el servicio médico del ICAM es justamente eso: un servicio que no tiene en cuenta las características actuariales de mercado sino las colegiales de os abogados madrileños. De otro modo hace ya muchos años que los colegiados probablemente habrían optado por otro tipo de seguros: un colegio profesional, entidad sin ánimo de lucro, no puede (ni debe) competir con empresas cuyo único fin es obtener beneficios a costa de la salud y sanidad de sus clientes. Los abogados nunca fuimos clientes del Servicio Médico. Fuimos sus beneficiarios y sus sostenedores. Sobre la base de la justa solidaridad. Si entre los abogados no actuamos con justicia, mal vamos.
 
Pero es que además el informe de KPMG advierte sobre tal cúmulo de limitaciones que no cabe deducir que sus conclusiones sean realmente útiles. No creo vulnerar el acuerdo de confidencialidad que me obligan a firmar para verlo si reseño aquí algunas de las limitaciones que la auditora señala al principio y a lo largo del informe, y que son, de forma resumida, las siguientes (extractadas de lo que menciona el informe):
 
Está basado en información histórica y/o proyectada y en informes de terceros proporcionados por el ICAM (debería decir la Junta de Gobierno ya que no han comprobado la veracidad de la información, según aseguran en el informe).
Las conclusiones obtenidas están condicionadas por la calidad y limitaciones de la información recibida.
No han tenido acceso “ni a información soporte esencial para evaluar ciertas asunciones contempladas en el Plan de Negocios de NM” ni al equipo de asesores externos con los que el ICAM. Existen partes relevantes de la información que no han sido objeto de análisis en el estudio necesario para emitir el informe que podrían afectar a las conclusiones del mismo.
Las proyecciones tienen en cuenta factores objetivos y subjetivos. Es decir, han sido interpretados por quienes han redactado el informe según sus puntos de vista que no tienen por qué ser los únicos ni los mejores.
Han usado información pública pero no la han contrastado.
Han usado los informes previos de Gesinca 2008, Deloitte, 2009, Uría y Menéndez 2010, consulta a la DG de Tributos sobre neutralidad fiscal 2011.
No aceptan responsabilidades frente a terceros.
El informe es una opinión de experto.
Es un mero diagnóstico (según la información que han manejado y que reconocen limitada) de la situación pero no ofrecen asesoramiento actuarial o especializado (entiendo que financiero).
No evalúan proyecciones financieras ni precios de activos.
No han llevado a cabo una revisión (due diligence) ni una auditoría.
No ofrecen un plan de negocios para la nueva mutua.
 
Con tal cantidad de limitaciones que la validez del informe para tomar una decisión, más allá de ser una simple referencia como ellos mismos señalan y aconsejan en su informe, es cuanto menos discutible. Y ello es lógico ya que como todos hemos visto y sufrido en esta monstruosa crisis, las estimaciones económicas pueden ser tan estúpidas como afirmar la solvencia de un banco que quiebra unas semanas después de esa afirmación (caso Lehman Brothers por poner un ejemplo).
 
El Servicio Médico, ¿es una cuestión de solidaridad o una cuestión empresarial?
 
La gran pregunta que debemos hacernos ante la Junta General Extraordinaria del 19 de diciembre para establecer el sentido de nuestro voto es: ¿debemos convertir el Servicio Médico colegial, que por definición no es una empresa, no persigue alcanzar beneficios, sino acoger a todos los colegiados y sus familiares, en una empresa pendiente de resultados económicos?
 
El signo de los tiempos es mercantilizar todo. Y para ello, “externalizarlo” es decir, privatizarlo. Y la salud debe ser un bocado exquisito, porque, por poner solamente un ejemplo, las mayores reacciones del Tea Party contra Obama vienen por el intento de evitar la extensión de sanidad gratuita a un colectivo importante (que no todos) de los habitantes estadounidenses. En España es impensable que alguien muera en unas urgencias porque su seguro no cubre una operación o un tratamiento determinado. El juramento hipocrático deviene en papel mojado ante la importancia del mercado del seguro privado. Una compañía de seguros no es una ONG. Busca su beneficio. Y por ello o no admite a personas con determinadas patologías o determinada edad sin unas primas escandalosamente altas. ¿Es eso lo que queremos para nuestro Servicio Médico? ¿Qué nuestros colegiados se vean abocados a tener que pagar con sus primas los beneficios de las empresas de seguros?
 
No es esa la filosofía del Servicio Médico y por tanto no debería ser la filosofía que inspirara una sustitución que viene obligada por Ley. Por bien que se negocie con una empresa de seguros la sustitución del Servicio Médico, nunca se podrán alcanzar las condiciones que se tendrán con una Mutua regida por sus mutualistas y apoyada por el Colegio Profesional con el que mantendrá unos vínculos serios y responsables, aquellos que los colegiados decidamos. Debemos intentar que la Mutua no sea deficitaria para evitar una sangría económica, pero debemos evitar más aún que se negocie con la salud de nuestros colegiados, de todos y cada uno de nosotros. Muchos tenemos seguros privados. Otros muchos hemos optado por el régimen oportuno en la Seguridad Social. Pero muchos más hemos apostado por nuestro Servicio Médico, hemos venido pagando cuotas porque creemos en una prestación de servicios para nuestra salud, no en un negocio a costa de ella. Cuando la salud se mide en tasas de rentabilidad damos pasos atrás de algunos siglos. Y cada paso atrás cuesta de nuevo siglos recuperarlo. Lo veremos al salir de la crisis. No demos ni un solo paso atrás y exijamos una solución que sea una continuidad del Servicio Médico, una solución que siga estando en nuestras manos, al menos en las de los mutualistas, y que cuente con el respaldo del Colegio. Habrá formas de articularlo para hacerlo legal y posible. Pero los esfuerzos, y el dinero no se deben gastar en ver cómo hacemos rentable la salud de los abogados, sino en cómo mantenemos un Servicio Médico excelente, cumpliendo con la Ley, una solución que sea continuista con una aventura que empezó en 1.954 y que hasta la fecha nos ha ido razonablemente bien.
 
En conclusión, votemos por la Nueva Mutua, exijamos que sea nuestra y dejémonos de veleidades empresariales. Ni es nuestra función externalizar el Servicio Médico, ni está en nuestros estatutos.
 
La privatización supondrá, antes de lo que pensamos, la desaparición del Servicio Médico. Si es eso lo que queremos, votemos la externalización y entremos en la selva. Si no, la única alternativa posible y legítimamente decidida por nuestra Junta General de 2.011 es la Mutua, para garantizar que el Servicio Médico sigue velando por nuestra salud.
 
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1.No deja de ser curioso que se pongan trabas a quien contrata un informe para que pueda difundirlo y usarlo. Cosas de la confusión tan habitual en esta sociedad entre quién encarga un trabajo y quién lo paga. El trabajo lo encarga la Junta de Gobierno, pero pertenece a todos y cada uno de los abogados del ICAM que son quienes, con nuestras cuotas, hemos pagado en informe.
 
Joaquín Ramón López-Bravo
Abogado y Periodista
Fundador y Portavoz de Abogados por un COLEGIO-ético
www.colegio-etico.es
Sígueme en Twitter @lopezbravojr
 
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ENLACES DE INTERÉS:
Manuel Valero Yáñez
http://colegio-etico.es/wp-content/uploads/2013/12/Preguntas-y-respuestas-sobre-Servicio-Medico-y-Nueva-Mutua.pdf
Delegación de voto a la Junta General Ordinaria
http://colegio-etico.es/wp-content/uploads/2013/12/Ordinaria-LA-DELEGACION-DEL-VOTO-para-la-JUNTA-GENERAL-ORDINARIA.pdf
Delegación de voto a la Junta General Extraordinaria
http://colegio-etico.es/wp-content/uploads/2013/12/Extraordinaria-LA-DELEGACION-DEL-VOTO-para-la-JUNTA-GENERAL-EXTRAORDINARIA.pdf

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