“Rafael Catalá se ha encontrado con un ministerio devastado”

AbelPie
“Rafael Catalá se ha encontrado con un ministerio devastado”.
 
Abel Pié – Presidente del Consejo de la Abogacía Catalana
 
El letrado cree que el ministro de Justicia todavía tiene margen para reparar los “destrozos” que ha llevado a cabo Alberto Ruiz-Gallardón.
 
Abel Pié i Lacueva, decano del Colegio de Abogados de Manresa, fue elegido presidente del Consejo de la Abogacía Catalana el pasado lunes. Desde este puesto pretende seguir impulsando la función social de la profesión, que inició su antecesor, Miquel Sàmper, para acercar definitivamente los 14 colegios catalanes a la ciudadanía.
El letrado, nacido en Manresa en 1969, habla con ilusión de los futuros pasos que va a dar el Consejo, aunque también se muestra crítico ante el distanciamiento que todavía persiste entre la ciudadanía y los abogados. “Tenemos que involucrarnos más en el ámbito social, debemos estar cerca de nuestros vecinos y buscar soluciones rápidas a sus problemas. No hemos sido lo suficientemente visibles y esto ha provocado situaciones terribles, como los desahucios. Los colegios de abogados debemos denunciar cualquier situación alarmante de la sociedad y poner remedio de una manera ágil. Esta profesión tiene la obligación de proteger a los ciudadanos“, comentó.
Justamente, Pié alerta de que muy pronto aparecerá un nuevo conflicto relacionado con la vivienda: los desahucios por alquiler. “Hemos detectado este problema a través del turno de oficio y de diversas ONG, y tenemos que implantar un sistema de mediación para solucionar este tipo de conflictos antes de que tenga consecuencias tan desastrosas como las vividas en los últimos años”.
 
Los retos del ministro
 
El presidente del Consejo también muestra un cierto entusiasmo, aunque contenido, cuando habla del nuevo titular de Justicia. “La primera impresión que nos ha transmitido Rafael Catalá ha sido buena. Se ha mostrado dialogante y parece que pretende arreglar todo lo ha quedado en mal estado en la Administración de Justicia tras el paso de su antecesor”, explica.
 
Mejoras ante los casos de corrupción
 
“Los asuntos de corrupción deberían tener una preferencia en los tribunales y contar con más efectivos para solucionarlos cuanto antes y que no se dilaten las investigaciones durante años. Tenemos que demostrar que la Justicia lucha con eficacia contra la corrupción”, asegura el presidente del Consejo. Pié entiende que exista un desánimo general entre los ciudadanos por la lenta actuación de los tribunales ante los innumerables casos que han surgido y, por eso, pide una reforma de los cimientos de la Justicia.
Para Pié, el mayor problema del nuevo ministro será volver a armar lo que ha desarmado en los últimos dos años y medio Alberto Ruiz-Gallardón. “Cuando Catalá fue secretario de Estado de Justicia con José María Michavila, entre 2002 y 2004, este departamento apostaba por una Justicia cercana y, ahora, es todo lo contrario. Catalá se ha encontrado con un ministerio devastado, una casa destruida e irreconocible que tiene que reconstruir. Pero, y a pesar de lo poco que queda de legislatura, estoy convencido de que Catalá tiene capacidad para bloquear ciertos proyectos legislativos y mejorar el estado de la Justicia. Si consigue esto, se podrá decir que habrá hecho un buen trabajo”.
Para Pié, Catalá ya ha dado un primer paso positivo al paralizar la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. “El ministro ha dicho que esta norma no se va a tocar y que su revisión debe ser objeto de un trabajo tranquilo y a largo plazo. Para Catalá, la solución y la mejora de la Justicia pasa por una reorganización de los juzgados, algo que parece sensato”.
 
La ley de tasas y la de justicia gratuita son, según el presidente del Consejo, otros dos puntos sensibles ante los que hay que actuar con premura. “Catalá no va a suprimir las tasas, puesto que fue él quien implantó este sistema dirigido en su día a las personas jurídicas. Sin embargo, seguramente las rebaje, porque el ministro no quiere que sean un impedimento para que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia”.
Respecto a la reforma de la justicia gratuita, “una ley que gusta a nadie”, Pié afirma que será “un primer examen para Catalá. La tramitación de este texto ya está muy avanzada, pero todavía tiene capacidad para introducir enmiendas. Realizar cambios en este texto debe ser la primera demostración de fuerza del ministro, su tarjeta de visita, que marcará el camino que va a seguir en el futuro“.
 
El 9-N, un problema más político que jurídico
 
El Consejo de la Abogacía Catalana se adhirió el año pasado al Pacto nacional por el derecho a decidir, argumentando que era posible encontrar un marco jurídico legal para hacerlo efectivo. Sin embargo, para Abel Pié, en un año, la situación ha cambiado radicalmente.
Se han traspasado las fronteras de la Justicia y ahora estamos en un espectro puramente político. Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó las herramientas correctas para parar legalmente la consulta, Artur Más ha seguido adelante. Y, hoy por hoy, no existe ninguna vía legal para evitar la consulta propuesta para el 9 de noviembre”, comenta el letrado.
Respecto a la validez jurídica de esta votación, Pié explica que sólo servirá para valorar la importancia del movimiento a favor de la independencia de Cataluña. “Esto será una especie de encuesta para verificar el pulso de los catalanes”.

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