Retos de la Abogacía Española ante 2014

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RETOS DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA ANTE 2014, EN LA DEFENSA DE UN ESTADO DE DERECHO CON TODAS LAS GARANTIAS
 
Manuel Valero Yáñez
Abogado
Vicedecano y Tesorero del ICAM
 
Al hablar del abogado y de la Abogacía no puedo por menos de tomar prestadas las palabras de D. Luis Ricardo de Fors, en su discurso académico que el 23/12/1864 pronunció en Barcelona, en su investidura de Licenciado en Derecho, con el título “De la Abogacía y de los Abogados”. Decía D. Luis entonces: “la profesión cuyos umbrales hoy pisamos, es la laboriosidad continua; la virtud en el ejercicio; la defensa del desvalido y el incansable paladín de la justicia (…) porque “existe, señores, en la sociedad, un derecho tan antiguo como el hombre (…) que consignado le tienen en sus códigos las naciones todas; practicárosle los pueblos más incultos; viose acatado de las tribus más antiguas, e invocase en el santuario de la familia. El constituye el apoyo de los hombres; el es el ancla salvador de la nave de la justicia, tan combatida y malparada en el proceloso
mar de las pasiones. Este es, señores, el derecho llamado de defensa”
.
 
Bellas palabras las de este antecesor compañero, que hoy se tornan rabiosamente actuales ante el tsumani de involución que estamos padeciendo, y que está arrastrando y aniquilando el Estado de Derecho y el sacrosanto derecho de defensa, convirtiendo poco a poco nuestra Constitución y los derechos fundamentales en papel mojado.
 
Y no resulta ajeno a este maremoto, de hecho y de derecho, la catástrofe latente y contínua que afecta a nuestra Administración de Justicia, en todos sus ámbitos territoriales, que alcanza a todos los operadores jurídicos, muy especialmente a la abogacía, sus abogados y sus colegios profesionales. No menos los tijeretazos contra el beneficio de asistencia jurídica gratuita, y cuyas consecuencias impactan de lleno en la ciudadanía, sobre todo a los más desfavorecidos, creando una justicia para ricos, que paulatinamente está alejando la Constitución y sus derechos, el Estado de Derecho, y la igualdad ante la ley de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
 
Basta traer a colación, en primer lugar, la brutal Ley de Tasas, que no es otra cosa que la instauración de un sistema desigualitario de acceso a la justicia para pudientes e infortunados, pero de la mano de esta reaccionaria política se encuentra la última reforma del Código Penal, con la “rehabilitación” de la condena a perpetuidad, con otros artículos punitivos que son trajes a medida de una forma de gobernación despótica, cuyo culmen va a ser la ya llamada “ley mordaza” cuyo punto de mira es penalizar la libertad de reunión, manifestación y expresión, por no hablar ya del retrógrado proyecto de ley sobre el aborto, que sitúa este derecho femenino en las antípodas de la legislación al respecto de los estados miembros de la U.E., y todo ello dentro de un escenario político de crueles recortes en sanidad, educación, servicios públicos, privatizaciones indecentes, en el que la corrupción generalizada de “nuestra” clase política parece que su único fin es una genocida extinción, por extrema pobreza, de las clases populares de nuestra España, y…¡¡¡sin derechos!!!.
 
Desde 10 años aquí todas las reformas legales que se han hecho han estado dirigidas al recorte de derechos procesales y constitucionales, incluidos el derecho a la doble instancia, y no menos a hacer abstracción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con las continuas reformas cortapisas de la Ley de Extranjería, que ha instaurado el concepto de extranjerodelincuente, sin olvidarnos que las inhumanas reformas laborales van a llegar, más pronto que tarde, a la venta de carne humana laboral para un tejido empresarial que se frota las manos con los nuevos esclavos del siglo XXI, con salarios de miseria, mano de obra en abundancia, y sin derechos laborales algunos.
 
En este orden involutivo, se empezó con los recortes procesales en el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, imbuyéndole de sucesivas cortapisas, como fue el llamado incidente extraordinario de nulidad, ahora ya últimamente matizado sobre su procedencia, pero que durante su vigencia les permitía, con expresión telegráfica, tirar arbitrariamente “balones” fuera, y que ha sido sustituido por la añagaza llamada
trascendencia constitucional”, concepto absolutamente indefinido por más, opaco e injusto, que permite al T.C. rechazar el 99,99 % de los recursos de amparo de la inmensa mayoría de los justiciables, y sin dignarse razonar jurídicamente la inadmisión, pues en este Olimpo judicial los dioses juzgadores pueden hacer de su capa un sayo.
 
En el ámbito del Tribunal Supremo, la Hoja de Ruta de las zancadillas procesales, con sus correspondientes reformas legales, no se han quedado cortas respecto al sesgo adoptado por el T. C., tejiendo un paño procesal de encaje de bolillos, que ha convertido el Recurso de Casación e Infracción Procesal Civil en un recurso hecho a medida de recurrentes millonarios, además de que para cualquier abogado meterse en ese enredo y galimatías procesal poco menos que le exigiría superar cum laudem una segunda Licenciatura ad hoc, y aún así seguro no podría estar de acertar sin morir en el intento, cuanto más a un modesto abogado que consciente es que su atrevimiento temerario está condenado inevitablemente al fracaso…Así que, al igual que los recursos de amparo, esta especialidad de recursos ha experimentado una dieta similar a aquél, con los correspondientes daños colaterales para los justiciables.
 
La última reforma procesal urgente, imbuida de la misma filosofía instaurada en los referidos anteriores tribunales, ha cercenado los recursos de apelación, y otros jurisdiccionales, para el desventurado justiciable que reclama una “pacata minuta”, quedando sus derechos e intereses, por muy justos y legítimos que fueren, en el ámbito de la instancia, y que Dios le pille confesado y comulgado…
 
Y no podemos dejar al margen de alusiones y referencias la pobreza en la que se encuentra el derecho de defensa en el ámbito de la jurisdicción penal. Hoy por hoy nos seguimos rigiendo por una Ley Procesal de finales del siglo XIX, ley que podría entrar en el Ginness World Records pues no debe haber ley en el mundo y en la historia, desde el Código Hammurabi, que haya sufrido tantas reformas y engullido tantos pegotes legales. Hoy ya podemos dar como espejismo el proyecto de ley que sustituiría la del siglo XIX, con lo cual seguimos entregados al Juez de Instrucción, que su vez está entregado del Fiscal, en total desigualdad de armas procesales, los atestados policiales son palabra de imputación divina, que prospere una querella es poco menos que poner una pica en Flandes, a no ser las de los famosillos, y las dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos son el pan nuestro de cada día. Es decir, la jurisdicción penal sigue inspirada en el procedimiento inquisitivo, por más cuando nos topamos con el secreto de actuaciones, no para el Fiscal, en el que no hay límite temporal ni mesura para el arbitrio judicial. De ahí que hoy los abogados servimos al derecho de defensa como buenamente se pueda y se preste…
 
Y ahora, próximamente, a los abogados y a la abogacía se nos viene encima un nuevo tsunami con la anunciada Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuyo punto de mira son los abogados y sus colegios, a los que pretende ahogar, y con ello crear la diáspora entre nosotros, pues potenciará la desvertebración de nuestro colectivo profesional, con la libertad de colegiación para los no ejercientes, con cuota colegial tope
para los colegiados ejercientes, con división de servicios colegiales de cuota obligatoria y voluntaria, fusión profesional de abogados y procuradores, es decir, competencia entre ambos y mayor carga de trabajo, etc, etc con lo que quepa esperar por añadidura. O lo que es igual, desaparición de todos los pequeños colegios comarcales, descenso de los ingresos colegiales y, en definitiva, la desaparición de la figura del modesto abogado de libre ejercicio con despacho unipersonal, con potenciación de las sociedades mercantiles de abogados, por no hablar ya de las
multinacionales con subordinación laboral de abogados jóvenes, o visto en el fondo de la intención gubernamental, un torpedo a la libertad e independencia del ejercicio de la profesión, con lo cual el derecho de defensa, el Estado de Derecho con todas sus garantías, y la justicia se alejará más y más de la ciudadanía.
 
Y ante este oscuro, triste y lamentable panorama termino como empecé, citando también las palabras de D. Luis Ricardo de Fons “la abogacía es la profesión más noble de la tierra, y el título de abogado el más honroso que existe entre las naciones (…) ¿intentáis rebajar el orden de los abogados? Esta bien: de este modo, menguáis la dignidad de otras clases que existen en las sociedades
 
¡¡¡Defendamos, todos a una, esta noble profesión, su honra, su dignidad y su misión como paladines del derecho de defensa, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y una JUSTICIA para todos!!!!
 
Manuel Valero Yáñez
Abogado
Vicedecano y Tesorero del ICAM

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