Soberanía

soberania
SOBERANÍA
 
Joaquín Ramón López Bravo / ilustración VIOR
 
En la Junta General del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (JGICAM), tuvimos ocasión de asistir a una nueva definición del concepto “soberano” por parte de la Ilustre Decana del ICAM.
 
Para explicar esta situación, debemos empezar por señalar que en la JGICAM del pasado 19 de diciembre de 2.014, la decana una vez más conculcó lo dispuesto en el artículo 37 apartado 4 de los Estatutos del ICAM que, recordamos, establece en un párrafo segundo lo siguiente:
 
Las proposiciones que cumplan los requisitos anteriores serán leídas en la Junta General que decidirá, por mayoría, si procede o no abrir debate sobre ellas. En caso afirmativo se permitirán, sucesivamente, dos turnos a favor y dos en contra, y se someterán a votación. A juicio del Decano podrá ampliarse el número de turnos de forma razonable, siempre que la complejidad e importancia de la proposición lo requiera, manteniendo el equilibrio de las intervenciones.
 
A nuestro juicio pocas disposiciones hay más claras en la legislación vigente. Si las proposiciones cumplen con los requisitos anteriores (presentación en plazo, respaldadas por 25 colegiados que deben firmar la proposición) deberán ser leídas en la Junta General que será quien decida si procede o no abrir debate.
 
Pues bien, la decana no interpreta eso, sino que debe ser ella (o la Junta de Gobierno del ICAM, que nunca lo deja muy claro) quien interprete si las proposiciones deben ser leídas o no en la Junta General. No le arredran para mantener este criterio los varios recursos que esta y otras asociaciones hemos presentado contra esta actuación, que viene repitiendo en todas las Juntas Generales desde que tomó el poder, ni las enérgicas protestas (cada vez menos enérgicas, es cierto, porque el cansancio es un factor disuasorio) de los compañeros implicados por la actuación incomprensible de la Decana.
 
Pero el summum de las interpretaciones discutibles fue la respuesta que desde la mesa se dio por parte de la Decana a la pregunta de cuáles eran las funciones de la Junta General, ya que siempre respondía que “esa no es una función de la Junta General” cuando se le han planteado cuestiones relativas a las proposiciones, pese a la claridad del artículo 37 que hemos transcrito. Según nuestra Decana la Junta General tiene como funciones “las que no sean de la Junta Directiva”.
 
Según esta interpretación, el órgano máximo que rige los destinos de nuestro colegio es la Junta de Gobierno del mismo. Sin embargo, si acudimos a las definiciones que de los diferentes órganos de gestión, gobierno y decisión de que dispone el ICAM, vemos que según el artículo 36 apartado 1 de los Estatutos:
 
La Junta General, integrada por todos los colegiados, es el órgano soberano de decisión del Colegio.
 
Es decir, la soberanía decisoria corresponde y recae sobre la Junta General. No hay tampoco en este caso lugar a interpretación posible: soberano es (según se establece en el DRAE) aquello
 
Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente.
Y lo
Elevado, excelente y no superado
 
Claro está que aún nos quedaría una tercera una tercera acepción que le cuadra como anillo al dedo a nuestra Decana:
 
Altivo, soberbio o presumido.
 
Autoridad suprema e independiente. Parece pues que el órgano soberano ostenta todas las funciones que otros órganos de Gobierno ejercen o pueden ejercer por delegación. Es decir, contra lo mantenido públicamente por la Decana, la Junta General ostenta todos los poderes de forma suprema e independiente. De hecho, en los Estatutos del ICAM se aprecia que los demás órganos (Decana y Junta de Gobierno) ejercen sus funciones en nombre y representación de la Junta General.
 
De hecho, las funciones de la Decana están claramente fijadas en el artículo 2 de los Estatutos de ICAM, y éstas son:
 
a) Ostentar la representación legal del Colegio en todas sus relaciones, judiciales y extrajudiciales, incluidas las que mantenga con los Poderes Públicos, Administraciones Públicas, organizaciones, corporaciones y demás Entidades de cualquier orden.
b) Ejercer las funciones de consejo, vigilancia y corrección que los Estatutos reserven a su autoridad.
c) Ostentar la presidencia de todos los órganos colegiales, así como de cuantos comités y comisiones especiales asista, dirigiendo los debates y votaciones, con voto de calidad en caso de empate.
d) Realizar las propuestas de los Abogados que deban formar parte de Tribunales de oposiciones y concursos, cuando así le corresponda en virtud de la normativa aplicable. Dichas propuestas deberán respetar, en la medida de lo posible, el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres.
e) Decidir sobre la incorporación de nuevos Abogados por razones de urgencia, sin perjuicio de su ratificación en la siguiente reunión de la Junta de Gobierno.
 
En ninguna de esta funciones se recoge la de “decidir soberanamente” ni que ostente una autoridad suprema e independiente. No se le otorgan unos poderes “presidencialistas”, permítasenos la expresión, ya que sus funciones son claramente de representación y de “primus inter pares” como mera moderadora (directora de debates) pero nunca con una capacidad para evitar que tales debates se produzcan.
 
Es más, a lo largo del artículo 26 se definen las funciones de cada uno de los miembros Diputados de la Junta de Gobierno del ICAM, señalando específicamente las tareas de algunos de dichos diputados. No cabe, pues, interpretar que recaen sobre la Decana todos los poderes del Colegio. Ni siquiera son de su competencia todas las funciones, ya que si bien los Estatutos señalan:
 
Corresponderán a los restantes Diputados aquellas funciones que, en cada caso, les asigne el Decano.
 
estos mismos Estatutos otorgan funciones específicas a ciertos cargos de la Junta de Gobierno, en concreto:
 
Corresponderán al Vicedecano y Diputado 1º todas aquellas funciones que le confiera el Decano, asumiendo las de éste en los supuestos referidos en el artículo 29.2 de los presentes Estatutos.
 
Corresponderá al Tesorero supervisar, con la colaboración técnica que precise, la administración del patrimonio del Colegio, presentar a la Junta General el proyecto de presupuesto, rendir las cuentas anuales, cuidar de la correcta contabilización de los actos colegiales de contenido económico, y de los procedimientos de auditoría interna y externa que aseguren la conservación del patrimonio, además de las funciones establecidas en el Estatuto General de la Abogacía, los presentes Estatutos y cuantas otras le atribuya la legislación vigente.
 
Corresponderá al Bibliotecario cuidar de la Biblioteca, proponer a la Junta de Gobierno su organización, formar y llevar el Catálogo de la misma y proponer a la Junta de Gobierno la adquisición de las obras que considere procedentes a los fines corporativos.
 
El Secretario tendrá carácter de fedatario de los actos y acuerdos del Colegio y le corresponderá la llevanza y custodia de los libros de actas, la emisión de certificaciones e informes, la redacción de las actas de la Junta de Gobierno y de la Junta General, y demás funciones que le atribuyan el Estatuto General de la Abogacía, los presentes Estatutos y la legislación vigente.
 
Hemos subrayado algunas de las funciones que nuestros Estatutos marcan como propias del Tesorero porque en la pasada Junta General se ha producido una vulneración más de los Estatutos por parte de la Decana. Como puede verse de la transcripción que hemos hecho del artículo 26 apartado 3, la presentación de los presupuestos a la Junta General es competencia del Tesorero. Pero ha sido la Decana quien ha presentado los presupuestos para 2.015. Parece que la Decana ha decidido acaparar todas las funciones existentes e imaginables que se deriven de nuestros Estatutos.
 
Tampoco la Junta de Gobierno goza de la autoridad suprema e independiente necesaria para decidir sobre cuestiones que afectan al colegio. Los Estatutos le atribuyen una larga nómina de funciones (artículo 27), en concreto 34, que si bien contiene un último punto abierto sobre sus funciones (Cuantas otras funciones se le atribuyan en la legislación vigente, Estatuto General de la Abogacía o los presentes Estatutos) deben entenderse como “numerus clausus” de funciones, es decir, no se le deben adjudicar más funciones que las expresamente señaladas en los Estatutos. Y de que sus atribuciones no son “supremas e independientes” da fe que varias de las funciones sean “Proponer a la Junta General” alguna actuación (imposición de cuotas extraordinarias, aprobación de criterios orientadores sobre honorarios, aprobación de los Reglamentos de orden interno, aprobación de presupuestos y cuentas anuales, inversión o disposición del patrimonio) y una cláusula residual: Cualquier otra facultad de dirección o administración que no esté expresamente atribuida, por la normativa vigente, a otros órganos del Colegio.
 
Función de dirección o administración, nunca de decisión. La decisión corresponde siempre a la Junta General, como no puede ser de otra manera ya que es el órgano soberano de decisión del Colegio.
 
La pregunta es obligada. Si la Junta de Gobierno y la Decana no respetan los Estatutos, ¿para qué sirve tener Estatutos? Y surge una duda más: ¿Podremos exigir a los compañeros que cumplan con las obligaciones que los Estatutos les imponen? Se hace difícil responder afirmativamente a esta última pregunta si los primeros en incumplir lo dispuesto en los estatutos son aquellos que elegimos para administrar y dirigir nuestro Colegio.
 
Joaquín Ramón López Bravo
Abogado y Periodista
Portavoz de la Asociación Abogados por un COLEGIO-ético
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Una Respuesta a Soberanía

  1. Manuel Díaz de Terán 15/01/2015 en 8:36 am #

    Todo el poder a la decana, muy democratico si señor.

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