Una reflexión sobre la inmutabilidad

Joaquin
ARTÍCULO 41 DE LOS ESTATUTOS DEL ICAM. UNA REFLEXIÓN SOBRE LA INMUTABILIDAD.
 
Recuerdo en mis años de bachiller que estudiaba francés y me hacían leer la prensa en francés. Un titular de Le Monde me impactó tanto que se me ha quedado grabado. A cinco columnas: “RADICAL: UN MOT QUI RESTE INVARIABLE“.  Se refería entonces (allá por los años 70) a la presunta “renovación” del partido radical, y jugaba con el significado de “radical” como “raíz” de una palabra” y el nombre de partido político. Eso podríamos decir del ICAM por desgracia. Ha pasado ya un año y medio desde la elección de una Junta de Gobierno que nos ilusionó, que prometió cambio, que aseguró que todo iba a ser distinto. Y de nuevo nos han engañado. O quizá sea que las expectativas nuestras eran muy altas. Pero al menos, aunque no hubiera cambios reales, sí debería haber más transparencia, explicaciones de por qué no se pueden hacer las cosas, si tal es el caso.
 
Hay muchos ejemplos del oscurantismo y la desinformación que practica la Junta de Gobierno del ICAM. Pondré sólo uno: en la Junta General de Diciembre de 2013, a los requerimientos de esta Asociación, desde la Junta de Gobierno del ICAM se nos aseguró que el procedimiento para la implantación del voto electrónico estaba “prácticamente acabado”. Eso sí, sin contar con nadie, sin concurso público, sin conocer el mecanismo de contratación. Y tras seis meses, del voto electrónico no hemos ni oído hablar.
 
Y hay ejemplos, esta vez más graves, de vulneración de los Estatutos por parte de la Junta de Gobierno. El último, la convocatoria de la preceptiva Primera Junta General Ordinaria anual del ICAM. Según el artículo 37 de los Estatutos:
 
Artículo 37.º De la Junta General Ordinaria.
 
1. La primera Junta General Ordinaria se celebrará dentro del primer trimestre del año, deberá ser convocada por la Junta de Gobierno.
 
Sin embargo la primera Junta General Ordinaria de este año se convoca para el 13 de Junio, es decir, por los pelos dentro del primer semestre.
 
¿Qué podemos hacer los colegiados en este momento cuando la Junta de Gobierno no respeta los Estatutos?
Pues apenas nada más que acudir a los Tribunales de Justicia, con lo que supone de pago de tasas y tiempo de resolución. Para cuando haya una sentencia firme, seguramente habrá finalizado el mandato de la Junta de Gobierno, por lo que la sentencia tendrá poco menos que un valor testimonial. Siempre se pueden pedir indemnizaciones por daños y perjuicios pero, ¿qué juez valora el daño moral que se hace a una institución?
 
Porque hablamos de daño moral. Es inmoral que la Junta de Gobierno del ICAM incumpla lo preceptivamente establecido en los Estatutos que rige los destinos de los abogados de Madrid. ¿Podemos imaginar siquiera lo que supondría si el gobierno de la Nación, o el de una Autonomía o incluso si el Gobierno de un Ayuntamiento vulnerase la ley, por ejemplo presentando los presupuestos fuera de plazo? El escándalo sería mayúsculo. Y el daño a la institución, tremendo.
 
¿Cómo podemos hablar de Justicia los abogados si nuestro órgano director incumple la ley?
¿Cómo podemos exigir el cumplimiento de la ley a otros y sin embargo consentir el incumplimiento de la Ley que rige los destinos de nuestro colegio profesional?

La sociedad considerará, sin duda alguna, que el abogado que no se preocupa por que se cumpla la Ley que rige su pertenencia al propio órgano que acoge la profesión, también será condescendiente con otros incumplimientos legales.
 
¿Por qué entonces no dice nada el colectivo de abogados de Madrid?
Hay muchos motivos. El primero y aunque parezca mentira, el propio desconocimiento de la norma. Nos volcamos tanto en la aplicación de las normas legales en los campos en los que actuamos que nos olvidamos de conocer y exigir el cumplimiento de la norma que nos rige. El viejo dicho: en casa del herrero, cuchillo de palo.
 
El segundo es que en los tiempos que corren, bastante tenemos con dedicar cada uno de los minutos del día a tratar de conseguir actuaciones para sobrevivir. Nunca ha sido fácil el mundo del Derecho, pero cada vez es más complicado, con cambios normativos constantes y farragosos, difíciles de encontrar, porque hay normas que se modifican dentro de otras normas que nada tienen que ver con la materia de la primera. Y cada vez más abogados, con cada vez más necesidad y por tanto con cada vez honorarios más baratos. Recientemente se hablaba de que la hora del abogado de oficio sale apenas a 3 euros. No es mucho mejor la del abogado “francotirador”, que es una parte importante de la profesión, sólo ante el peligro y buceando en todo tipo de temas para poder salir adelante. Y ahora además añadido un problema de cobro de los honorarios que está hundiendo directamente a ese pequeño despacho con uno o dos profesionales. Mera subsistencia.
 
El tercero es la inveterada característica del abogado: el individualismo. Otros cuerpos son más corporativos, quizá porque su desempeño profesional no consiste en enfrentarse unos con otros ante una tercera instancia como el abogado contra otro abogado ante la Administración de Justicia.
 
Habría muchos más y no es la intención de este artículo analizarlos en profundidad. Es un análisis pendiente que desde el libro de Díaz Picazo casi no se ha llevado a cabo. Y desde luego nunca, al menos en mi modesto conocimiento, se ha practicado una reflexión sobre cómo afectan las novedades a una profesión cuya referencia es la jurisprudencia, lo que se dijo en el pasado sobre un caso similar, aunque hayan cambiado los tiempos.
 
Ante todo lo anterior, tengo que volver a la misma pregunta:
¿Qué podemos hacer los colegiados en este momento cuando la Junta General no respeta los Estatutos?
Lo lógico sería iniciar un procedimiento interno consistente en conseguir la dimisión o la destitución de quienes vulneran el código que nos rige a todos. Pero, ¡ay dolor!, el procedimiento previsto por los Estatutos es diabólico. Tenemos que recordar, para fijar el marco en el que nos movemos, que en Madrid hay alrededor de 76.000 abogados colegiados, y no todos ellos son ejercientes. La diferencia entre ejerciente y no ejercientes es importante, porque el voto de los ejercientes vale el doble de los votos de los no ejercientes. Pero esta diferencia es operativa tan sólo en el momento de la votación.
 
El procedimiento de destitución o de dimisión (más allá de pedirla y que se haga efectiva lo que en este país es impensable: hoy en la radio hablaban de los políticos en activo “cazados” ebrios con tasas de alcohol altísimas, y de cómo o no dimiten o son “reacomodados” en otro cargo público) es la presentación de una moción de censura. Se regula en el artículo 41 de los Estatutos. Y se establece de la siguiente forma:
 
– La propuesta de moción de censura debe ser suscrita por “…el 10 por 100 de los colegiados ejercientes…”. (6.500 colegiados aproximadamente dado que los no ejercientes fácilmente serán 10.000)
 
– La Junta General Extraordinaria donde se decida sobre tal propuesta “… quedará válidamente constituida en primera convocatoria si concurren, presentes o representados, colegiados que supongan la mitad más uno del censo colegial con derecho a voto. Si no se alcanzare dicho quórum, podrá constituirse en segunda convocatoria si concurren, presentes o representados, colegiados que supongan el veinticinco por ciento del censo colegial con derecho a voto… ” (1ª convocatoria: 38.000 colegiados. 2ª convocatoria 19.000 colegiados aproximadamente)
 
– Para que la moción de censura tenga éxito “…cuando se censure al Decano, a la mayoría o totalidad de la Junta de Gobierno, será necesario el acuerdo de dos tercios de la Junta General Extraordinaria…”. Debemos hacer notar que mientras para la propuesta y la celebración se habla de “Colegiados con derecho a voto”, para el resultado se habla de “mayoría”. Teniendo en cuenta que los votos de los colegiados ejercientes valen el doble de los no ejercientes, es difícil establecer cuál será esa mayoría o mayoría cualificada. Sólo por aproximarnos señalaremos que los 2/3 de los colegiados asistentes en primera y segunda convocatoria (que sería la mayoría necesaria para que prosperara la moción de censura contra el Decano o contra toda la Junta Directiva) son respectivamente, 28.175 y 14.063 colegiados.
 
Debemos tener en cuenta que en las pasadas elecciones de 2.012 participaron 7.746 abogados ejercientes, cuyo voto vale doble, y 1.252 no ejercientes, es decir, un total de 8.998 colegiados. La candidatura de la actual Junta directiva alcanzó el 41% de los votos. Y aunque no es igual votos que colegiados, como ya hemos explicado, podemos suponer que el 41% de los 8.998 colegiados, 3.690, fueron los colegiados que eligieron la actual Junta Directiva. Por tanto, actualmente para poder ganar una moción de censura se necesitan entre 9 y 5 veces más colegiados que los que eligieron a esta Junta. Para establecer un paralelismo, es como si para presentar una moción de censura contra el gobierno del PP actualmente en el poder, se necesitaran entre 97.476.237 y 54.153.465 votos. No hay españoles suficientes.
 
Esa es la situación actual con los Estatutos del ICAM en la mano. Quien gana las elecciones, haga lo que haga, tiene garantizado al menos un periodo de 5 años en los cuales se le pidan las cuentas que se le pidan, podrán hacer y deshacer a su gusto. Y eso es lo que se quiere cambiar con la modificación de los Estatutos que se insta. No por esta Junta de Gobierno, sino por un futuro razonable, porque la elección, si ha sido equivocada, sea remediable y no como ahora que no tiene remedio.
 
Es una auténtica pena que la reforma de los Estatutos del ICAM, que data de 2.006, no se aprovechara para poner al día las normas que rigen este colectivo, que vive justamente de las normas y de su cumplimiento. Que no se tuviera visión de futuro y que se haya recurrido a las mismas fórmulas estereotipadas de toda la vida. Hace falta un vendaval de aire fresco en el ICAM para cambiar la perspectiva de la profesión, sin que ello suponga una menor profesionalidad. Para afrontar los grandes retos, como es un Turno de Oficio digno, pagado y respetado. ¿Qué mayor función social que defender por mandato de la constitución a quien no podría defenderse de otra manera? ¿Qué prestigio social debería tener el abogado de oficio y que ahora no tiene? U otros retos, como son la percepción de honorarios con rapidez y con cuantías adecuadas, o la dotación de herramientas para los despachos pequeños que les permita no sólo ejercer la profesión sino tener tiempo para poder seguir poniéndose al día en este cambiante mundo legislativo. Tantas cosas que creímos iba al menos a emprender la Junta de Gobierno actual, elegida con el entusiasmo de cientos de pequeños despachos unipersonales, y que a día de hoy sólo son un vago recuerdo de promesas incumplidas. El rico refranero español nos lo recuerda en un refrán cuya cita es innecesaria y además sería moderadamente maleducada.
 
Ese es el miedo. Que salga quien salga tenga la tentación de cambiarlo todo para que nada cambie, como ocurre ahora. Que la interpretación de la figura del abogado siga siendo monolítica, inamovible, sin posibilidades de cambio más que de lustro en lustro, pero sin lustre, dentro de un colegio igual de monolítico y anclado a formas pretéritas, donde la “potestas” tenga más peso que la “auctoritas”.
 
Decía Séneca que nada debe temer quien se comporta rectamente. Por eso la Junta de Gobierno, si considera que se está comportando rectamente no debería temer una modificación estatutaria que ponga más cerca del colegiado la posibilidad de arreglar, en tiempo oportuno y necesario, un error en la elección, o evitar que las promesas electorales dejen de cumplirse. Tiempo para la participación de los colegiados, tiempos democráticos, tiempos para que los poderes se sometan al control directo de quienes los eligieron. Lo demás no es justicia.
 
Joaquín Ramón López Bravo
Abogado y Periodista
Portavoz de la Asociación Abogados por un COLEGIO-ético

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