Vieira: “La corrupción le come la moral a los ciudadanos honestos”

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José Marcos

El año judicial arranca con la petición de más medios contra un sistema “sobrecargado”
También plantean una mayor especialización de jueces y fiscales en desahucios y corrupción
La Fiscalía del TSJM pide combatir la corrupción reforzando los casos más complejos
El año judicial 2013-14 ha arrancado con la petición por parte de los máximos responsables de la justicia de Madrid de “más medios” para agilizar un sistema “sobrecargado” y de cuyas competencias reniega el Gobierno regional. Francisco Javier Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha lamentado el “delicado estado” de la Administración de Justicia madrileña. A su entender, la reducción en un 1,76% del número de asuntos ingresados o la bajada en un 8,51% del número de causas en trámite “no es indicativa de una mejora sustancial en el estado preocupante” de los órganos judiciales. Para Vieira Morante, muchos juzgados “están muy lejos de dar” una “respuesta ágil y razonable”. Especialmente crítica en el caso de la jurisdicción social, donde la carga de trabajo aumentó un 8,75% en 2012.
Ante “la creciente sensación de impunidad pese a la elevada productividad” de los jueces y magistrados de Madrid por la “carencia de medios acrecentada en los últimos tiempos” de unos juzgados y tribunales “crónicamente sobrecargados”, el presidente del TSJM entiende que el remedio principal para evitar “males sociales” como la corrupción requiere —aparte de la “prevención”—, de “los medios necesarios cuyo suministro corresponde a los responsables políticos como obligación ineludible”.
“La justicia solo hace frente a la corrupción detectada. Pero la ciudadanía es consciente de que hay más… y es algo que a los ciudadanos honestos les come la moral”, entiende el presidente del TSJM, que ha planteado la “mayor especialización” de jueces y fiscales, refiriéndose sobre todos a casos de corrupción y desahucios. “La lucha contra la corrupción sería más efectiva si se encargara de ella la fiscalía, tomando medidas como, por ejemplo ,designar varios fiscales”, considera por su parte el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix Blázquez. En este sentido Moix ha defendido la “imperiosa necesidad de un cambio del modelo procesal penal”, al entender que la atribución de la investigación al fiscal permitiría que los asuntos complejos pudieran asignarse, “en el seno de la Fiscalía, a uno o más fiscales en exclusividad”, acelerando así la fase investigadora.
Aunque la partida presupuestaria que la Comunidad destina a juzgados y tribunales desde que asumió las competencias en materia de justicia se ha incrementado “considerablemente” según Vieira Morante (casi un 82%), este incremento es “insuficiente para afrontar el constante crecimiento de la litigiosidad” y se debe principalmente al aumento del número de procedimientos —más del 26,5% desde 2003— y a la creación en los últimos 10 años de 154 juzgados, con el aumento consiguiente de los jueces (un 29%), fiscales (76%) y funcionarios (36%).
En 2012 se incoaron en la región 719.615 procedimientos, un 2,18% menos que respecto a 2011 (735.647 asuntos iniciados) y que supone una bajada del 8,83% desde 2008. A su vez, el número de delitos tuvo “una notable reducción”, del 31,3%, pasando de los 7.539 de 2011 a 5.118 del año pasado. En cambio, las faltas subieron un 11,03%: de 3.971 a 4.463 en el mismo periodo. Por término medio, los juzgados y tribunales de la región recibieron en 2012 cada día 4.036 casos. Durante 2012 ingresaron en los juzgados madrileños 1.473.175 asuntos, lo que supuso un 1,76% menos que el año anterior, y se resolvieron 1.509.377, lo que representa un 1,02% más que en 2011 según la memoria del TSJM.
El máximo responsable del TSJM ha pedido “cambios organizativos que eviten gastos superfluos”, poniendo de ejemplo que la dotación de funcionarios en tribunales y juzgados “se ha mantenido invariable” desde 2003, independientemente de las necesidades de los órganos y la carga de trabajo. “Existen órganos sobredimensionados frente a otros en donde seguramente sea necesario incrementar la dotación de la plantilla”, ha observado Vieira Morante.
Los responsables de la justicia madrileña piden la reestructuración de plantillas, la flexibilización en destinos en función de las cargas de trabajo de tribunales y juzgados y la cobertura de vacantes en los órganos más sobredimensionados. Para ello, en el TSJM entienden que se podría sacar mejor provecho de la estructura piramidal de los secretarios judiciales, “infrautilizada hasta ahora”.
Frente a las reclamaciones de las máximas autoridades del TSJM, la Comunidad viene tiempo renegando de las competencias en materia de justicia, sobre todo en el caso de la gratuita, que cada año le supone un coste de unos 50 millones de euros. Así lo expresó Esperanza Aguirre el año pasado, en su último debate del estado de la región. Ignacio González mantiene el mismo discurso en su primer aniversario como presidente regional. Madrid, que fue la primera autonomía en renegar de tales competencias y planteó devolverlas al Estado, es responsable de 6.900 funcionarios (jueces, magistrados y secretarios judiciales no están incluidos) y la gestión de los edificios judiciales.

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Una Respuesta a Vieira: “La corrupción le come la moral a los ciudadanos honestos”

  1. Joaquín Ramón López Bravo 27/09/2013 en 8:46 am #

    La corrupción es un cáncer que se está comiendo España. La cultura de la picaresca, tan arraigada en la mentalidad española, está alcanzando niveles asfixiantes. Y no contribuye a mejorar la sensación que veamos como mujeres que encuentran una tarjeta de crédito y la usan por necesidad sean condenadas con gran celeridad mientras los procesos contra los poderosos se eternizan, algunos prescriben por transcurso del tiempo, otros siguen en sus puestos estando imputados o lo que es peor encausados. Urge una reforma legislativa para el cese inmediato de quienes ostentando un cargo público, sean imputados por delitos de corrupción. Y una reforma social para que el descrédito que supone la sospecha fundada (cuando no la certeza) de corrupción suponga el rechazo social hacia esas personas.

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